Analizaron la implementación del Código Procesal Penal en Jujuy

Cuatro funcionarios judiciales de esa provincia expusieron ante la bicameral sobre las ventajas de la instrumentación del nuevo sistema en ese distrito.

Foto: Comunicación Senado

Ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, presidida por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) dos jueces, un fiscal y un defensor contaron la experiencia que se registra en Jujuy a partir de junio del 2019 cuando comenzó la prueba piloto del sistema en el norte del país.  

Alejandra Cataldi, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, contó que esa provincia “tiene una situación particular, que difiere de Salta respecto al narcomenudeo” pero aclaró que en términos generales “el sistema acusatorio tiene muy buenos principios vigentes y hemos resuelto problemas en forma muy rápido, en  promedio de 30 días”.

Además, Cataldi indicó que “hay un problema técnico, que es que aún no tenemos fibra óptica conectada y por lo tanto contamos con problemas de internet” y en cuanto a las causas señaló que “tenemos un gran impacto en ejecución penal, tuvimos 120 expedientes que entraron a ejecución penal. También estamos llevando adelante 16 causas por lesa humanidad, donde llegamos a 190 testimoniales. Lo que tenemos de residual es mucho”.

Luego, Esteban Hansen, juez del Juzgado Federal 1, que subroga el 2 también, precisó que “en Jujuy tenemos sólo dos juzgados federales y un tribunal oral habilitados” y que “la justicia federal sigue absorbiendo las causas de narcomenudeo”.

Consignó que en la actualidad “en una audiencia de 30 minutos estamos resolviendo situaciones procesales que antes necesitaban uno o dos meses”, graficó que “de 161 causas se lograron 25 juicios abreviados y dos carpetas fueron elevadas a tribunal oral” y coincidió con su antecesora al advertir que “mantenemos algunas deficiencias técnicas en materia de los que es conectividad”.

 Por su parte el fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal Jujuy, Federico Zurueta, destacó que “las ventajas y bondades de este sistema acusatorio nadie las discute”, afirmó que “hay una gran cantidad de casos que se resuelven dentro del ámbito del ministerio público, es decir que no se judicializan” y detalló que “en estos meses que llevamos transitando con este sistema se han resuelto 2.078 casos sin judicializar”.

“Esto demuestra que las partes no estamos litigando porque s,í sino que estamos llevando a litigio los casos que necesitan litigar” puntualizó Zurueta antes de recalcar que “el sistema claramente funciona y el desafío es que funcione pero no solamente por el esfuerzo de los operadores, que no podemos estar suplantando deficiencias que, en algunos casos, son muy básicas”.

El último expositor fue Matías Gutiérrez Perea, defensor público oficial a cargo de la Unidad de Defensa Acusatoria de San Salvador de Jujuy, quien dijo que “hemos tenido un cambio radical en la actuación” jurídica y detalló que “ha sido un acierto crear unidades de funciones y han quedado dos unidades, la remanente y la penal.”.

Gutiérrez Perea dijo que “se acabó el sistema de escritura, ahora todo se plantea en forma oral” y advirtió que “las resoluciones son más acertadas y han disminuido las prisiones preventivas”. 

Posteriormente, en una segunda etapa del encuentro de la comisión realizado por vía remota, los legisladores escucharon a dos funcionarios de la Procuración General de la Nación y a un secretario de la Defensoría General de la Nación, quienes se refirieron puntualmente a todo lo que se necesita y se llevará adelante para poder implementar próximamente el Código Penal Procesal Federal en los distritos de Rosario y Mendoza.

Así expusieron Javier Lancestremere, secretario general de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación; Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación y Juan Manuel Casanovas, secretario Disciplinario y Técnico de ese mismo organismo.

Los tres funcionarios coincidieron en “la necesidad de capacitar a todos los actores (jueces, fiscales, integrantes de los ministerios público y fiscal) y a las fuerzas de seguridad” para que el sistema pueda funcionar adecuadamente a la hora de su aplicación en Rosario y Mendoza.

Se informó que “en el 2019 hubo 7.100 expedientes penales en Rosario y 5.400 en Mendoza” mientras que en lo que respecta a “expedientes no penales en Mendoza ingresaron 50 mil expedientes en un año y en Rosario fueron alrededor de 100 mil”.

Sobre el cierre de la reunión, el diputado Jorge Enriquez (Juntos por el Cambio) anticipó que junto a otros diputados está presentando un pedido de “derogación del artículo 366 inciso F” y de inmediato tomó la palabra la senadora por Santa Fe del Frente de Todos, María de los Angeles dijo que no coincidía con lo solicitado por su antecesor en el uso de la palabra y dijo que se trataba de “un planteo totalmente errado”.

Para clausurar el tema puntual y la reunión en general, la presidenta de la Comisión, Fernández Sagasti enfatizó que “recomendar al pleno de las Cámaras tanto en lo referente al Código Procesal Penal Federal como en otra legislación reglamentaria, es una de las funciones que tiene esta comisión”.

“Todo lo que sea discusión, y se plantee con absoluto respeto, siempre van a ser bienvenidos”, remarcó la senadora mendocina antes de advertir que “la mayoría de los acá presentes hemos firmado (el artículo en cuestión)” y agregó que “la sentencia firme se considera en la Argentina, cuando hay sentencia de la Corte o hay pedido de queja”.

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