La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, recibió el aval unánime en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Defensa Nacional. Se vota este jueves en el recinto.
Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable de un proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, que establece un beneficio extraordinario -opcional- por única vez para los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
La iniciativa, que se tratará este jueves en la primera sesión del año de la Cámara baja, recibió aval unánime.
El radical Carlos Fernández, titular de la Comisión de Defensa Nacional, señaló que el proyecto “se suma como un acto de reconocimiento a los múltiples actos de reconocimiento ya realizados a los 44 tripulantes”.
“La pérdida total de la conformación del submarino” fue “un hecho doloroso, que nos conmovió absolutamente a toda la Argentina”, sostuvo y destacó la “vocación de servicio heroica (de la tripulación), que tuvo hasta el último minuto el respeto al juramento de honor realizado cuando asumieron el servicio y fallecieron en ocasión de prestar un servicio a la defensa nacional”.
Por su parte, el oficialista Germán Martínez afirmó: “Queremos que esta ley sea un gesto de acompañamiento a los familiares”. Al describir la iniciativa, el santafesino explicó que la fórmula de cálculo prevista “ya fue utilizada para determinar los montos indemnizatorios en otras leyes reparatorias”.
“Solicitar acogerse a esta indemnización es opcional y es un acto voluntario, los que deseen continuar por la vía civil pueden hacerlo, obviamente eso los priva de la indemnización”, aclaró.
Sobre ese punto, el rionegrino Luis Di Giacomo objetó que se establezca la renuncia a “acciones en trámite o a tramitarse, porque esto tiene que ver con la búsqueda de justicia, de que puedan encontrarse determinadas responsabilidades”, e incluso que una resolución judicial determine “un resarcimiento que podría ser mucho mayor”. En ese sentido, el legislador remarcó que “coloca a los familiares frente a una disyuntiva”.
Martínez citó entonces el artículo 8 de la Ley 27.179, de reparación a familiares de víctimas de las explosiones de Río Tercero, y el artículo 11 de la Ley 27.139, de indemnización a los familiares del atentado a la AMIA, similares en su redacción al artículo 5 del proyecto, apuntado por Di Giacomo.
“Tiene carácter opcional, es un acto voluntaria acogerse a este régimen”, reiteró el diputado del Frente de Todos, que agregó: “No se le priva a ningún familiar de la posibilidad de llevar adelante las acciones que le parezcan pertinentes”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, expresó que “el proyecto pretende incorporar un derecho optativo para las familias y plantea que al hacer uso de ese derecho deja sin efecto los otros caminos que los familiares podrían tener”.
“Pagar esa indemnización voluntaria y dejar abierto a que todos puedan hacer acciones judiciales puede ser la manera no más conveniente de actuar, esto visto desde el punto de vista de la gestión y los intereses que tenemos la responsabilidad de administrar”, completó el oficialista.
Qué prevé el proyecto
La iniciativa reconoce a los y las familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que desapareció el 15 de noviembre de 2017 y fue hallado un año y un día después, “el derecho a percibir por única vez un beneficio extraordinario de carácter económico por grupo familiar”, el cual “tendrá el carácter de indemnización extraordinaria”.
Podrán acceder al beneficio los hijos y las hijas por partes iguales; a falta de hijos o hijas, los progenitores y las progenitoras por partes iguales; el o la cónyuge supérstite, siempre que no se hubiera encontrado separado o separada de hecho al día de la desaparición o muerte; y el o la conviviente supérstite, siempre que hubiese convivido con carácter público, notorio, estable y permanente con algún o alguna integrante del personal militar tripulante durante al menos dos años inmediatamente anteriores al día de la desaparición de la nave.
La indemnización “será equivalente a la remuneración mensual de los y las agentes de Nivel A, Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, multiplicada por 100.
“El cobro del beneficio importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”, indica la iniciativa.
Además, estipula que “el otorgamiento del beneficio previsto por la presente ley es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias a causa del hecho”.
“El pago del beneficio (…) liberará al Estado de la responsabilidad patrimonial que le pudiere corresponder frente al beneficiario desinteresado”, estima el artículo 6, que fue mejorado en su redacción por una sugerencia del diputado Juan Aicega (Pro).
También se establece que “en los casos en los que se haya reconocido indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial y la misma haya sido percibida, los beneficiarios y las beneficiarias solo podrán percibir la diferencia entre lo establecido” por la ley y “los importes efectivamente cobrados”. “Si la percepción hubiera sido igual o mayor, no tendrán derecho a la asignación pecuniaria”, agrega.
En tanto, “si al tiempo de solicitar el beneficio extraordinario existieren acciones judiciales contra el Estado Nacional fundadas en los mismos hechos”, quienes pretendan acogerse al régimen deberán acreditar ante el Ministerio de Defensa “haber formulado el correspondiente desistimiento de la acción y del derecho ejercitados en los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por el mismo hecho”.
La indemnización estará exenta de gravámenes, al igual que las tramitaciones judiciales o administrativas en jurisdicción nacional.
El Ministerio de Defensa, que será la autoridad de aplicación, tendrá a su cargo el pago de las prestaciones mediante depósito o transferencia en bancos oficiales de la jurisdicción que corresponda al domicilio del beneficiario o de la beneficiaria.
Finalmente, la Jefatura de Gabinete queda autorizada a realizar “las adecuaciones presupuestarias correspondientes” para dar cumplimiento a la norma, que entrará en vigencia una vez que se publique en el Boletín Oficial y tendrá vigencia por un año.
