Flor de dilema para este país en problemas es volver sobre la cuestión minera en aquellas provincias que un día le dieron la espalda y desde hace tiempo navegan sin solución entre los Sí y los No. 

Es el caso de Chubut, que ocupa muchísimo espacio en estos días en la prensa argentina, a propósito de una zonificación que podría resolver las viejas apologías y rechazos bajo una fórmula distrital. 

En este duro debate, lo que pregona la minería no es novedad: Desarrollo e impacto económico, laboral y fiscal, bajo atractivas fórmulas de Compre y Empleo Local, además de su renovada oferta de dar todas las garantías posibles al control socio ambiental, a través de monitoreos y observatorios gubernamentales y multisectoriales. 

Los argumentos resistentes de la anti minería también son archiconocidos: Si hay minas, habrá destrucción del medio ambiente, expoliación de riquezas y saqueos al país a manos de multinacionales y grandes capitales foráneos. 

Este sándwich encierra a la dirigencia política, que ha vuelto a ser motor del entusiasmo o la decepción de quienes esperan el fin de la veda para la explotación de minerales y metales en la Meseta Central. Una región semidesértica que, como se ha dicho, no tiene otras alternativas a la vista para dejar atrás el despoblamiento y el olvido. 

La diferencia más elocuente entre los dos polos -el desarrollismo minero y el ecologismo refractario- con los políticos, es que las antípodas pro y anti son y serán consecuentes con sus premisas. Los gobernantes y opositores chubutenses, en cambio, el mejor ejemplo es la Casa de Gobierno y la Legislatura de Rawson, junto a todos los cacicazgos de Trelew, Comodoro, Madryn y otras comarcas, se han mantenido a flote surfeando las olas de dichos y desdichos, para lo cual hasta han abolido frecuentemente su propia memoria reciente. 

Las cosas por su nombre: la madre de todas las batallas es Navidad, el depósito de plata que descubrieron hace dos décadas inquietos exploradores, una propiedad minera que pasó de manos hasta recalar en Pan American Silver, un líder argentífero global que ha demostrado paciencia a toda prueba frente a los vaivenes vernáculos. En el largo dasdenevato y frente a los esquemas de poder que le sucedieron, los cuales han cohabitado con sonoras penurias económicas y sociales a pesar de que la provincia patagónica supo ser faro del petróleo, la pesca, el aluminio y otros sustentos.  

Como periodista que dirige una publicación especializada en minería, he cultivado un respeto básico a la militancia anti minería y a sus mentores. Con los cuales, incluido el recientemente fallecido Pino Solanas, sostuve diálogos intensos acerca de cuál es la mejor manera de preservar el presente y el futuro de los seres humanos y su hábitat en este castigado país. 

Con otros referentes de ese espacio, como Maristella Svampa y Enrique Viale, quienes hace un par de días escribieron su adhesión al llamado #chubutaguazo, hemos polemizado hace exactamente una década atrás acerca de la minería en la Argentina, en aquella ocasión con motivo de la polémica Ley de Protección de Glaciares. Desde entonces, y a la vera de esta puja dialéctica, el país se ha empobrecido más y notablemente, bajo diversos modelos y conducciones políticas, mientras la minería procuraba progresar, pero siempre bajo un idéntico mapa de dos Argentinas, la que la quiere y la que la expulsa. 

Es muy difícil, prácticamente imposible, torcer las mentes y las pasiones. Porque el instinto identitario dominante en 2021 rechaza lo diferente, como sostiene el filósofo coreano Byung-Chul Han. En todo caso, hay razones, como el agua, el aire y la salud, que podrían ser escuchadas por un público no fanatizado, basadas en el sentido común y la experiencia en el país y en el mundo. 

Minería y anti minería manejan dos bibliotecas diferentes, y en el caso de ésta última, como se ha visto en la reciente declaración de científicos y becarios del Conicet, no se observa vocación por enfrascarse en foros y ateneos para cotejar volúmenes y poluciones, sino el deseo de imponer la óptica que impugna la radicación industrial. No cualquiera, la minera. 

Al igual que la distribución de la renta minera, que no es la única que ha sido más de una vez malversada o despilfarrada por gobernantes de turno. Una cuestión perfectible ésta de la transparencia, siempre que haya algo de riqueza minera para partir y repartir. A menos que queramos, valga la vieja metáfora, eliminar los coches para evitar los accidentes. 

Los que promueven la minería y reclaman su aval político y social, suelen invocar un par de cuestiones: El progreso técnico-científico y los contratiempos que esta industria ha tenido en el mundo, algunos de éstos son los que le enrostran sus propios opositores, la han transformado en una actividad más previsible y estandarizada. 

La misma resistencia de grupos sociales le ha obligado también, sobre todo a las mineras occidentales más expuestas al escrutinio de públicos e inversores, a extremos cuidados y contralores, propios y de terceros. La prensa libre y el pulso democrático son también fundamentales para inquietar a las estructuras corporativas, obligándolas a atender ecuaciones macro económicas, políticas y sociales que exceden los básicos cálculos de la tasa de retorno de la inversión.  

Por otro lado, en Perú, Ecuador, Colombia, México, Chile, Argentina, Venezuela y otros países, se ve también desde hace décadas que la prédica anti minería, obsesionada por la mega minería o minería a cielo abierto – un eufemismo para referirse a la minería metalífera de gran escala – suele no ocuparse con el mismo énfasis del gran drama latinoamericano corporizado en la llamada minería ilegal, un tejido mafioso basado en el mercurio, que ha selenizado a millones de km2 y envenenado riquísimas cuencas hídricas de trópicos y sub trópicos, con la bendición o ceguera de poderosos venales. O con la lisa y llana protección militar, como ocurre en el mayor ecocidio hoy de América, el del Arco del Orinoco venezolano. Una industria destructora y bolivariana que la izquierda prefiere ignorar.  

Volviendo a Chubut, lo que diferencia esta instancia de pro minería versus anti minería son dos tips: 

– La notoria visibilidad que se ha ganado a pulso la poco numerosa población de Gastre, Gan Gan, Telsen Las Plumas y Paso de Indios. Escasas 6.000 personas, esparcidas en un tercio del territorio provincial, que según Wikipedia viven de la oveja y el guanaco, pero que en realidad sobreviven en gran parte por la ayuda estatal.  

– La inconsistencia de la política, mencionada más arriba, patentizada en que ni siquiera la seducción y presión desde la Casa Rosada parecen alcanzar para torcer rumbos decididamente. Subyace en este esquema un fundamento, también éste más visibilizado: la puja por la renta minera se ha vuelto un fenómeno exponencial al interior de la política. Lo mismo que el canibalismo local que lleva a impedirle banderías y logros airosos al rival intra o extra partidario. 

Después de tantos años de insistir en la petición de liberar la minería, que fue vetada para toda la provincia tras un movimiento vecinal en Esquel contra la apertura de la mina El Desquite en 2003, las mineras con proyectos en Chubut podrían esta vez capitular de una vez por todas y poner proa a otros mares, donde las esperen recursos geológicos interesantes y sociedades amigables con la idea de trocar riquezas y trabajo por el disfrute de otros horizontes. 

En tal caso, es probable que, un día como ese, tribus urbanas y militancias varias descorchen champaña y bailen en las calles. Aunque no sea muy marxista ni peronista, volviendo a las fuentes, esa liturgia de abominar el desarrollo a fondo de las fuerzas productivas y el carácter industrialista de los grandes movimientos económicos y sociales que hicieron del Siglo XX el más transformador de la Historia. Pero si está en línea con una conciencia clientelar y asistencial que sugiere que, de todos modos, un maná de ayudas y subsidios caerá desde el cielo. 

Cae la noche y sopla el viento gélido en la estepa patagónica, donde el largo invierno se soporta con poca leña, largos mates y escasas ilusiones. Lejos de allí, en nombre de esas gentes y esos paisajes, una pequeña burguesía más o menos ilustrada dirá que en nombre del “No a la Mina” la misión fue cumplida y la tierra sagrada de los tehuelches permanecerá impoluta. Entonces, puede ser que la política pusilánime se pregunte una vez más de dónde viene y hacia dónde va. Una sensación molesta que una agenda apretada de meetings por zoom ayuda a dejar atrás.