El diputado nacional Hernán Berisso (Pro) presentó un proyecto para modificar la Ley de Ética Pública, de modo de establecer que los funcionarios públicos no puedan “exhibir ni utilizar nombres, apellidos, apodos o cualquier elemento que haga referencia a promoción personal, así como también el de agrupaciones políticas y organizaciones sociales, en vehículos oficiales, maquinarias, carteles de obra, edificios públicos, y en toda divulgación de actos, programas, obras, servicios y campañas de organismos públicos, en cualquiera de los niveles del Estado, sea nacional, provincial o municipal”.

La iniciativa propone sancionar el incumplimiento de tal obligación, con penas que van desde uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de hasta cinco años para ocupar cargos públicos, con el fin de evitar los abusos que se producen en los distintos niveles de gobierno en el manejo de recursos públicos, fundamentalmente en épocas de campañas.

“Desde hace años abundan los ejemplos en los cuales los recursos de la administración pública son utilizados sin reservas con fines políticos partidarios por parte de agrupaciones políticas, organizaciones sociales y funcionarios públicos que detentan el poder”, señaló el legislador por Buenos Aires.

En ese sentido, el macrista destacó su propuesta para “hacer más explícito los deberes del funcionario en el uso de recursos públicos”, de modo que “los mismos no sean susceptibles de ser utilizados con fines políticos partidarios, propagandísticos y/o de campaña”.

“Resulta de suma importancia que una ley nacional prohíba expresamente este tipo de actos, constituyéndose en una ley marco para que las distintas jurisdicciones sancionen a su vez normativa similar o adhieran en el sentido indicado”, añadió Berisso.