La iniciativa tuvo el acompañamiento del oficialismo y la oposición y se debatirá en sesión este jueves. Prevé una serie de beneficios impositivos, a partir de un blanqueo para quienes inviertan en obras.
Tras consensuar algunas incorporaciones al texto enviado por el Poder Ejecutivo, diputados del oficialismo y la oposición dieron dictamen favorable a un proyecto de ley que busca incentivar la construcción de obras privadas, con el objetivo de motorizar la actividad.
La iniciativa recibió el voto unánime durante un plenario de las comisiones de Vivienda y Ordenamiento Urbano y de Presupuesto y Hacienda, realizado este miércoles. En tanto, será tratado este jueves en la primera sesión del año que realizará la Cámara baja.
Al abrir la reunión, el titular de la Comisión de Vivienda, Domingo Amaya (Pro), destacó una incorporación al proyecto “consensuada con los distintos bloques” para que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat “pueda continuar con las obras que hoy se encuentran paralizadas por distintos motivos”.
“Hay mucha gente que está anotada con esperanzas y está esperando, inscripta en sus provincias”, indicó y celebró que “vamos a agilizar para que el Ministerio pueda avanzar y concluir estas obras”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller (FdT), detalló la iniciativa -que fue girada en octubre pasado por el Poder Ejecutivo- y aseguró que “va a contribuir al proceso de recuperación económica” y “va a generar nuevos puestos de trabajo”.
El oficialista apuntó que el texto prevé “un conjunto de medidas tributarias en favor de las inversiones en obras privadas nuevas”, y un capítulo referido a “la normalización de la tenencia en moneda nacional y extranjera” para “la posibilidad que gente que tiene dinero no declarado pueda hacerlo con la condición de que sean invertidos en la construcción”.
Dentro de las incorporaciones, el diputado especificó que “no podrán ser objeto de normalización las tenencias en el exterior que estuvieran depositadas en actividades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera como de alto riesgo o no cooperantes”.
Sobre el capítulo agregado vinculado al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, los artículos “tienden a alentar la inversión en las obras paralizadas o abandonadas en proceso de construcción a través de los diferentes programas” que ejecuta la cartera conducida por Jorge Ferraresi, expresó Heller.
“Se calcula, según ha dicho el ministro, que hay una 55 mil viviendas en distintos grados de avance reales y que se trata de obras aptas para ser terminadas y convertidas en viviendas utilizables”, agregó.
Para el legislador, la ley se trata de “un incentivo importante que llega en un momento adecuado” y que tendrá “un resultado positivo” con “un impacto en la recaudación fiscal directo e indirecto” que “va a compensar en parte el esfuerzo fiscal que se está planteando con esta medida”.
A su turno, el misionero Luis Pastori (UCR) observó que el blanqueo previsto “sigue los cánones de los blanqueos de Juntos por el Cambio, de 2016, como el de diciembre de 2019 del Frente de Todos”, pero “algo en que difiere” es que el nuevo impuesto “no tiene una afectación especial” porque “no se dice qué se va a hacer con esa recaudación”. Por eso, afirmó que tiene “la convicción de que es coparticipable, ya que no tiene afectación específica”.
Además, el radical sostuvo que “así como la Nación a todos lo que blanqueen dinero no declarado le va a eximir de todos los impuestos, que las provincias no vayan a pretender que aquel que declara su tenencia en activos financieros lo quieran gravar con Ingresos Brutos, porque en ese caso el beneficio perdería un gran incentivo”. En ese sentido, pidió “animar a los gobernadores a adherir a la ley”.
Durante la reunión, el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) consideró que “es un proyecto muy importante para Argentina”, porque “la construcción es fundamental para generar actividad económica, empleo y condiciones de vida digna en el caso de la vivienda social”.
El oficialista mencionó que la actividad en los últimos años tuvo un “proceso de caída”, que empezó a revertirse a partir de mayo del año pasado y ahora “tenemos ocho meses consecutivos de crecimiento del sector”. Sin embargo, señaló: “Sabemos que tiene una potencialidad mayor”.
Respecto al capítulo del blanqueo, el legislador explicó que “se plantea un proceso (de declaración) corto en el tiempo y con un impuesto especial que es creciente en el tiempo”. En este sentido, Casaretto pronosticó que, si se aprueba la ley, “rápidamente vamos a tener una inyección de pesos y dólares que estaban fuera del circulante”.
Puntos centrales de la iniciativa
El proyecto tiene como objetivo propiciar medidas de incentivo tributario para la recuperación de la actividad de la construcción. Los beneficios impositivos alcanzarán a aquellas inversiones en obras privadas nuevas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un avance de obra inferior al 50%.
Por un lado, se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Esta franquicia sería para aquellas personas humanas que inviertan fondos en forma directa o mediante terceros -cualquiera sea la forma jurídica y/o vehículo adoptado para materializar la inversión-, en proyectos constructivos.
Por otro lado, se establece la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de la ley.
Asimismo, se propone adecuar el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias -esto es, impuesto a las Ganancias o impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, según corresponda- al momento de producirse el efectivo incremento del flujo del proyecto de inversión; así como adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales.
Se propicia el diferimiento del pago de estos impuestos sobre la base imponible que se configure por la transferencia y/o enajenación cuyo objeto sea el financiamiento, inversión y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios o de infraestructura.
La iniciativa estima que el pago del impuesto proceda cuando los titulares perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera; cuando cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que poseen en aquellos; o cuando se produzca la finalización de la obra o se adjudique la unidad, lo que ocurra en primer lugar.
El proyecto establece por un tiempo limitado un régimen de declaración voluntaria de activos para las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de capital. Dichos fondos pagarán un único tributo con alícuota creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios y de acciones judiciales y administrativas. Esto siempre en el caso de que los fondos se apliquen a las construcciones, ampliaciones, instalaciones y otras.
El impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, será conforme a las siguientes alícuotas: los ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, un 5%; los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%; y los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%. Los plazos y porcentajes fueron modificados respecto a la versión original durante el debate en Diputados.
