Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto para incentivar la construcción privada

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, recibió media sanción por 205 votos a favor, 2 en contra y 11 abstenciones. Prevé un blanqueo y beneficios impositivos para quienes inviertan en obras.

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El proyecto fue el tercer tema a tratar durante la primera sesión del año en Diputados.

En primera sesión del año, la Cámara baja aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que establece un régimen de incentivo a la construcción de obras privadas, con el objetivo de motorizar la actividad.

La iniciativa, enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo en octubre pasado, cosechó 205 votos a favor, 2 votos en contra y 11 abstenciones.

Los rechazos fueron de los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano. En tanto, las abstenciones provinieron de la Coalición Cívica: Marcela Campagnoli, Javier Campos, Maximiliano Ferraro, Héctor “Toty” Flores, Lucila Lehmann, Juan Manuel López, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman, Alicia Terada y Mariana Zuvic.

El proyecto establece una serie de beneficios impositivos y un blanqueo para aquellos inversores que destinen los fondos a proyectos de construcción.

Quienes se acojan al régimen desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, pagarán un impuesto especial del 5%; los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%; y los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%.

En el dictamen, oficialismo y oposición consensuaron incorporar un capítulo referido a las obras paralizadas o abandonadas, con destino habitacional, con el objetivo de iniciar su reactivación mediante los programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Como una muestra del consenso que reunió la norma, fue miembro informante el diputado del Pro Domingo Amaya, presidente de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, quien consideró este proyecto “fundamental para la reactivación económica de nuestro país y la construcción, porque va a generar puestos de trabajo de manera concreta”.

“Esta ley permite una normalización de tenencia de moneda nacional y extranjera para la realización de inversiones en construcción, pudiendo declarar de manera voluntaria ante la AFIP dicha tenencia en un plazo máximo de 120 días a partir de la sanción de la presente ley”, detalló el legislador, que advirtió que en esa normalización quedan excluidos funcionarios públicos de todos los órdenes nacionales, provinciales, municipales y de todos los organismos que comprenden la estructura pública administrativa, como así también sus familiares.

No podrán ser objeto de normalización fondos radicados o depositados en entidades identificadas por el Grupo de Acción Financiera como de alto riesgo o no cooperantes, indicó el miembro informante.

Con respecto a la importancia de la reactivación de la obra pública para la vivienda social, el tucumano señaló que esta ley estipula porcentajes de avance físico real para determinar el saldo pendiente a financiar de las obras paralizadas o abandonadas.

Sobre el final, Amaya manifestó que “esta ley es importante porque hoy muchos argentinos que no están anotados en institutos de la vivienda en las provincias, están con la esperanza de recibir estas viviendas. Hemos trabajado en forma conjunta las dos comisiones y todos los bloques, con un solo objetivo: el beneficio a los argentinos a través del trabajo y de brindar una vivienda digna a todos los argentinos”.

Foto: HCDN

A continuación, la diputada oficialista Melina Delú subrayó que “la actividad de la construcción es estratégica por su aporte al Producto Bruto Interno; es una parte importantísima de un círculo virtuoso para la reactivación económica, y ante los efectos económicos de la pandemia, que ha afectado el desarrollo de la actividad”.

La legisladora estimó que con esta norma “vamos a poder terminar las casi 55 mil unidades habitacionales hoy paralizadas”. Para la pampeana, la norma reúne cinco condiciones clave, que son “la inclusión, el dinamismo, la estabilidad, el federalismo y la soberanía”.

El debate se encendió con la intervención del oficialista Aldo Leiva, quien cargó contra la oposición por las críticas al Gobierno, y lanzó: “Pretendemos que el sector privado pueda hacer las inversiones correspondientes. Nosotros sí trabajamos para que la inversión sea genuina. Nosotros trabajamos para que en lugar de llevar la inversión a los paraísos fiscales, ahora la puedan llevar a la construcción. Para que haya trabajo. Para que los trabajadores de la construcción vuelvan a tener dignidad, como tuvieron hasta el 2015”.

“En los últimos cuatro años del gobierno anterior, lo único que veíamos era compañeros lamentándose porque las obras se paralizaban, no había inversiones y todo lo que nos habían dicho era una farsa”, disparó el chaqueño y completó: “Muchachos, esto que hoy estamos haciendo es lo que ustedes deberían haber hecho”.

Seguía en la lista de oradores el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien recogió el guante y le respondió a Leiva que el primer proyecto en este sentido fue de su autoría, tras un trabajo “con la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA, una UOCRA que hoy tiene un 38% menos de trabajadores que tenía cuando el diputado preopinante dice que no se construía nada en la Argentina”.

Por su parte, la legisladora de Córdoba Federal Alejandra Vigo señaló que la iniciativa “busca fundamentalmente promover la actividad de la construcción en el ámbito privado, dirigido a la construcción de viviendas, que es fundamental para bajar el déficit habitacional”.

“Un aspecto central del proyecto es generar empleo”, destacó la diputada, esposa del gobernador Juan Schiaretti. También, Vigo mencionó que “la construcción es una actividad que impacta de manera directa en la reactivación de la economía” y ponderó “haber logrado planificar y unir la reactivación de la construcción con un plan de blanqueo de capitales e inversiones, con un dinero que vuelve a producir y que regenera el bolsillo de los trabajadores y de todo el aparato productivo”.

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño dijo que en este proyecto “lo que vemos son muchos beneficios para empresas, se van a beneficiar las grandes constructoras”. Criticó entonces “la eximición del impuesto a Bienes Personales, me hace acordar al gobierno de Macri”, lo mismo que “la posibilidad de ingresar a un blanqueo”.

“Aquellos que se la fugaron toda van a tener la posibilidad de blanquear sin pagar un centavo todos los impuestos que evadieron y eludieron”, resaltó, al tiempo que apuntó que “sabemos que la inversión privada en la construcción no se destina fundamentalmente a aquellas personas que necesitan una vivienda”.

Durante el debate, el radical Luis Pastori explicó que el impuesto especial que se crea “no tiene un destino especifico, por lo tanto lo vamos a votar en la convicción, en la inteligencia, que este impuesto que se está creando va a correr la suerte de cualquier impuesto existente o que se cree en Argentina”, de acuerdo al artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, “de ser coparticipable con las provincias”.

En su intervención, el oficialista Juan Carlos Alderete sostuvo que “está claro que en esta situación de crisis económica generada por Macri y agravada por la pandemia, es necesario tomar medidas que busquen incentivar y reactivar un sector de la sociedad que hoy está sufriendo muchísimas necesidades”.

“Efectivamente la construcción es una actividad dinámica que genera rápidamente puestos de trabajo y que reactiva la economía”, agregó el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, pero aclaró que “no” comparte con la ley que “beneficie principalmente a las grandes empresas” que “reproducen un sistema de especulación inmobiliaria” que “quita la posibilidad de acceder a una vivienda digna a miles de argentinos y argentinas”.

Cerró el debate el entrerriano Marcelo Casaretto, que aseguró que desde mayo del año pasado “la construcción ha crecido” y en diciembre, según datos del INDEC, mostró un “crecimiento del 27%” en comparación con diciembre del año anterior. Por eso, respaldó que se apruebe “un apoyo, un incentivo a aquellos sectores que hoy tienen una potencialidad de crecimiento” y “pueden tomar mano de obra, generar trabajo de una forma rápida en toda la Argentina”.

Sobre el capítulo del blanqueo, el oficialista argumentó que “con esta ley vamos a conseguir que vuelvan capitales que se han ido de Argentina, pero que vuelvan a la inversión en la economía. Y vamos a conseguir que dinero que está en Argentina, pero que no está en la economía formal, sino que está tal vez en efectivo en un cajón o abajo de un colchón, o en una caja de seguridad, que salga y se ponga en la economía formal”.

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Puntos centrales de la iniciativa

El proyecto tiene como objetivo propiciar medidas de incentivo tributario para la recuperación de la actividad de la construcción. Los beneficios impositivos alcanzarán a aquellas inversiones en obras privadas nuevas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un avance de obra inferior al 50%.

Por un lado, se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Esta franquicia sería para aquellas personas humanas que inviertan fondos en forma directa o mediante terceros -cualquiera sea la forma jurídica y/o vehículo adoptado para materializar la inversión-, en proyectos constructivos.

Por otro lado, se establece la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de la ley.

Asimismo, se propone adecuar el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias -esto es, impuesto a las Ganancias o impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, según corresponda- al momento de producirse el efectivo incremento del flujo del proyecto de inversión; así como adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales.

Se propicia el diferimiento del pago de estos impuestos sobre la base imponible que se configure por la transferencia y/o enajenación cuyo objeto sea el financiamiento, inversión y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios o de infraestructura.

La iniciativa estima que el pago del impuesto proceda cuando los titulares perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera; cuando cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que poseen en aquellos; o cuando se produzca la finalización de la obra o se adjudique la unidad, lo que ocurra en primer lugar.

El proyecto establece por un tiempo limitado un régimen de declaración voluntaria de activos para las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de capital. Dichos fondos pagarán un único tributo con alícuota creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios y de acciones judiciales y administrativas. Esto siempre en el caso de que los fondos se apliquen a las construcciones, ampliaciones, instalaciones y otras.

El impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, será conforme a las siguientes alícuotas: los ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, un 5%; los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%; y los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%. Los plazos y porcentajes fueron modificados respecto a la versión original durante el debate en Diputados.

Por un acuerdo entre oficialismo y oposición se agregó que “a los fines de la reactivación de las obras paralizadas o abandonadas en proceso de construcción con aportes del Estado Nacional, a través de los diferentes planes o programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que los porcentajes de avance físico reales y ediliciamente aptos constituirán la base para la determinación del saldo pendiente de financiamiento para la culminación de las mismas”.

“Las jurisdicciones y entes ejecutores deberán acreditar en forma indubitada el porcentaje del avance físico reales y ediliciamente aptos de las obras paralizadas o abandonadas mediante informes técnicos emitidos con carácter de declaración jurada por profesionales con incumbencia en la materia, avalados por registros fotográficos fechados y certificados por escribano público y rubricados por la máxima autoridad de la jurisdicciones y entes ejecutores con competencia”, señala otro de los artículos.

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat será la autoridad de aplicación y determinará los requisitos que las jurisdicciones deberán cumplir para acceder al mecanismo.

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