Para la diputada Fernanda Vallejos, el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública “forma parte de una agenda que para la Argentina resulta central”. Al exponer en el recinto, completando el papel de miembro informante que compartió con Carlos Heller, la legisladora kirchnerista destacó “dos elementos nodales en el proyecto”. Por un lado, dijo, retoma la manda constitucional en lo referente a las facultades de este Congreso en relación con el manejo de la deuda, y apunta esencialmente a los títulos públicos en moneda extranjera regidos por ley extranjera, y también refiere al Fondo Monetario Internacional, a los programas de financiamiento, a la ampliación de créditos ya otorgados por ese organismo y a la necesidad de que sean aprobados por una ley de Congreso”.

El segundo objetivo, agregó, “tiene que ver con los fondos que se obtienen por este endeudamiento, que no van a poder ser utilizados para gastos primarios corrientes”.

La presidenta de la Comisión de Finanzas destacó que la Argentina se encuentra llevando adelante “negociaciones vinculadas a la deuda insostenible que recibió este Gobierno”, y reiteró luego que “bastaron cuatro años para revertir drásticamente el proceso de desendeudamiento que habíamos construido” durante la gestión kirchnerista.

Vallejos señaló que entre fines de 2015 y comienzos de 2018, “en apenas dos años se les pagó a los fondos buitre más de lo que pedían, inaugurando el tercer ciclo de sobreendeudamiento en nuestro país, y después se avanzó en un proceso vertiginoso de endeudamiento privado que sumó la friolera de 100 mil millones de dólares”.

“Tan verginigoso resultó ese proceso que el camino hacia la insolvencia del país se recorrió en apenas dos años, agotando el acceso a créditos privados”, describió la diputada oficialista. Recordó que luego el anterior Gobierno decidió recurrir nuevamente al FMI, por cuanto era imposible sostener ese programa sin acceso al endeudamiento externo.

Tras asegurar que esa decisión tomada por el presidente Mauricio Macri ella la sintió como “uno de los momentos más amargos”, advirtió que el acuerdo “se hizo sin el consentimiento de este Congreso, omitiendo la manda constitucional. Fue una decisión unilateral del Ejecutivo”.

“Si en aquel momento hubiéramos contado con esta ley, ese proceso no hubiera avanzado, debería haber atravesado el tratamiento parlamentario y hubiese sido aprobado o desechado”.

Tras hablar de una “fuga de capitales de más de 88 mil millones de dólares”, destacó la importancia del “énfasis que pone este proyecto en limitar el destino de los fondos que se obtienen cuando se endeuda al país”.