La Cámara de Diputados sancionó la norma, impulsada por el Poder Ejecutivo, que establece que los endeudamientos por fuera de los límites presupuestarios también pasen por el Parlamento.
Por 234 votos positivos, 2 negativos y una abstención, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto que establece que el Congreso deberá aprobar los eventuales acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como cualquier endeudamiento externo que supere el límite fijado en el Presupuesto Nacional.
En su primera sesión del año, la Cámara baja aprobó la iniciativa -impulsada por el Poder Ejecutivo- que tenía media sanción del Senado, con lo cual se convirtió en ley.
Los votos negativos fueron de los diputados de la izquierda Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano, mientras que el oficialista Juan Carlos Alderete se abstuvo.
En la votación en particular, Juntos por el Cambio pidió modificaciones al texto, pero el oficialismo no aceptó, con lo cual la bancada opositora votó en contra de los artículos 1 y 3.
La norma indica que la ley de Presupuesto de cada ejercicio “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.
“Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso de la Nación que la autorice expresamente”, reza el texto.
También dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
Según la redacción propuesta por el Frente de Todos en el Senado, “la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes”.
El debate
Abrió el debate el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, quien consideró que este proyecto “va a marcar un hito en la historia legislativa del país en lo que tiene que ver con la historia del endeudamiento público”.
“Estamos dando un gran paso para fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, así como la ejecución de los planes de estabilización macroeconómica de plazos, que exceden un período de gobierno, y sean efectivamente políticas de Estado”, sostuvo.
Compartió el tiempo con el miembro informante la oficialista Fernanda Vallejos, quien ponderó que la ley “retoma la manda constitucional en lo referente a las facultades de este Congreso en relación con el manejo de la deuda, y apunta esencialmente a los títulos públicos en moneda extranjera regidos por ley extranjera, y también refiere al Fondo Monetario Internacional, a los programas de financiamiento, a la ampliación de créditos ya otorgados por ese organismo y a la necesidad de que sean aprobados por una ley de Congreso”.
En su discurso, la titular de la Comisión de Finanzas aseveró que si esta ley hubiera estado vigente en 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri recurrió al FMI, “ese proceso no hubiera avanzado, debería haber atravesado el tratamiento parlamentario y hubiese sido aprobado o desechado”.
Por su parte, el pampeano Ariel Rauschenberger dijo que “este proyecto busca evitar repetir la historia”. “Venimos a este recinto a decir nunca más al sobreendeudamiento irresponsable, nunca más al sobreendeudamiento para fugar divisas, nunca más al sobreendeudamiento que hipoteca el desarrollo y condena a la miseria a millones de argentinos, y que compromete varias generaciones”, resaltó.
El legislador del Frente de Todos diferenció que “no es lo mismo endeudarse, que desendeudarse; no es lo mismo endeudarse en pesos que endeudarse en dólares; no es lo mismo endeudarse bajo jurisdicción extranjera o las normas de nuestro país; no es lo mismo endeudarse para financiar fuga de capitales y gastos corrientes que endeudarse para desarrollar la capacidad productiva de nuestro país”.
También desde el oficialismo, el porteño Itaí Hagman aseguró que el proyecto “es muy relevante” y se está debatiendo “en el marco de una crisis de deuda” que comenzó durante el gobierno anterior y hoy “se está intentando resolver”. “Aún con una buena negociación con el FMI, el proceso va a llevar muchos años”, aclaró y señaló que esta es una situación “recurrente de la historia argentina en los últimos 45 años”.
En su discurso, el legislador observó que el sobreendeudamiento más las políticas de fuga de capitales son “fuente de los desequilibrios macroeconómicos”. “Si cada 10 o 15 años Argentina choca contra estas crisis, por supuesto no hay posibilidad de crecimiento y desarrollo”, expresó.
Desde Juntos por el Cambio, el macrista Luciano Laspina remarcó que la iniciativa “devuelve facultades que son propias del Congreso en materia de arreglo de la deuda pública y por eso no podemos oponernos a nada que le dé a este Congreso más facultades para poder opinar y de alguna forma limitar el accionar del Poder Ejecutivo”.
No obstante, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda apuntó que el que redactó la ley “seguramente no se tomó el trabajo de leer la Ley de Administración Financiera”, porque el artículo 1ro. del texto se refiere a lo mismo que el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, pero “no lo deroga ni lo modifica”. “Vamos a salir con dos leyes que se contradicen entre sí, dos leyes que van a reglar lo mismo”, advirtió.
A su turno, el radical Luis Pastori explicó los reparos de Juntos por el Cambio al artículo 3ro. de la iniciativa por considerarlo “innecesario, confuso y que se contrapone” con el artículo 56 de la Ley de Administración Financiera, en el cual “claramente está prohibido tomar deuda pública, hacer uso del crédito, para financiar gastos operativos de funcionamiento”, sea la deuda “interna o externa”.
Sin embargo, el proyecto, por una incorporación que hizo el Frente de Todos en el Senado, “se refiere únicamente a la deuda bajo moneda extranjera y bajo legislación extranjera” para la prohibición de gastos corrientes, indicó el misionero. En ese sentido, el legislador opinó que “se introduce un problema que puede ser grave y puede generar situaciones muy conflictivas para adelante” porque “en vez de ser un avance, significaría un claro retroceso en materia de destino del uso del crédito público”.
Desde el Interbloque Federal, el bonaerense Jorge Sarghini afirmó su apoyo a la iniciativa y consideró que “esta es una ley que mira para adelante pero apoyada en una historia de desaciertos” y se debate “por una necesidad coyuntural”.
En tanto, el cordobés Paulo Cassinerio lo calificó como “más que oportuno” y destacó que “fortalecer el rol del Congreso es clave para tener un mayor control del endeudamiento” externo, el cual debe ser “consecuente con la capacidad de la economía nacional, que sea sustentable, que brinde certezas y que pueda contribuir a evitar futuras crisis de deudas”.
Para el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el mendocino José Luis Ramón, “los verdaderos consensos se logran en el Congreso” porque allí es “donde los consensos pueden ser verdaderos y duraderos y no que cada cuatro años tengamos que estar debatiendo cómo se reestructura la deuda”, manifestó en referencia al rol del Parlamento a partir de esta ley.
Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño anunció su rechazo a la iniciativa que “no establece ningún límite al stock de deuda en relación al PBI” y “tampoco se estipula ningún ítem al pago de servicios de la deuda en el total del gasto público de lo que se presupuesta cada año”. “Es un proyecto que es una verdadera impostura”, argumentó y añadió que estima “la posibilidad de que el Congreso actúe como una verdadera escribanía”.
En tanto, su par Juan Carlos Giordano dijo que se trata de “una ley a pedido del Fondo Monetario Internacional” que traerá “más sometimiento, más entrega, ajuste y dependencia para el país y los trabajadores”. Y se expresó en contra de “pagar una deuda totalmente usurera”, cuando ese dinero debería usarse “para combatir los males sociales de la pandemia, del hambre y la pobreza”.
