Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara baja, Carlos Heller y Fernanda Vallejos, respectivamente, compartieron este jueves el tiempo correspondiente al miembro informante en el debate del proyecto de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

Dicha iniciativa establece que será el Congreso el que deba autorizar endeudamientos en caso de que los mismos superen los límites del Presupuesto, como así también aprobar los futuros acuerdos con el FMI.

En su intervención, Heller consideró que este proyecto “va a marcar un hito en la historia legislativa del país en lo que tiene que ver con la historia del endeudamiento público”, y lo consideró asimismo “un gran paso para afianzar la institucionalidad”.

El legislador kirchnerista destacó los esfuerzos realizados para acordar con los bonistas, que a su juicio logró plenamente los objetivos. Y reprochó que “a esta altura muchos parece que se olvidan de lo que sucedió y tratan de restarle importante a ese proceso de reestructuración altamente auspicioso”.

“Esta reestructuración de la deuda pública nacional generará un ahorro de 42 mil millones de dólares en los desembolsos previstos para 2020 y 2024, que ayudan a generar las condiciones de saneamiento para las finanzas públicas y brindan una plataforma de crecimiento con inclusión social, sobre todo para cuando podamos dar por superados los efectos de la pandemia”.

Al referirse luego a la deuda con el Fondo Monetario, la calificó como “impagable”. “Supera los 45 mil millones y debería empezar a pagarse en septiembre de 2021”, precisó, agregando que “no hay que perder de vista que según el acuerdo vigente, Argentina debería desembolsar 40.900 millones de dólares de capital y 3.065 millones de intereses hasta 2023”.

“No tiene sentido preguntarnos de dónde deberían salir esos recursos”, dijo, pero consideró que ello sirve para demostrar “la manera desacertada e inconveniente como se llevó esa negociación”.

Heller puntualizó que la propuesta oficial consiste en no pagarle al Fondo Monetario hasta 2025, de modo tal de “despejar el frente interno, para esos recursos volcarlos en un programa de recuperación, desarrollo y crecimiento”.

En ese marco valoró que el proyecto puesto en consideración establece que el Congreso no solo aprobará un acuerdo con un organismo internacional, sino también un plan rector para varios años, que dará certezas. Además, la ley de presupuesto de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera respecto al monto total de las emisiones de títulos públicos para este ejercicio.

Lo que denominó como el tercer objetivo de ese proyecto es que “estas financiaciones en moneda extranjera no sean utilizadas para financiar gastos primarios corrientes, salvo catástrofes, epidemias e inundaciones, como establece la ley.

Y sobre el final, salió al cruce de un cuestionamiento de la oposición referido al artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, preguntándose “cuánta parte de la enorme deuda neta incurrida entre 2016 y 2018 ha sido dedicada a la inversión. Eso es insignificante, dijo, “por eso me parece que es adecuada la propuesta de este proyecto. No nos podemos endeudar en dólares para gastar en pesos, o para gastos que no sean de capital. Esto también hace a la sostenibilidad del endeudamiento público. Por eso estamos dando un gran paso para fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, así como la ejecución de los planes de estabilización macroeconómica de plazos que exceden un período de gobierno sean efectivamente políticas de Estado”.