Los diputados nacionales Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, presentaron un pedido de informe por el cual instan al Poder Ejecutivo Nacional a responder en forma precisa y detallada sobre la situación actual de los Entes Reguladores intervenidos ENRE y ENARGAS, las revisiones tarifarias y las renegociaciones de contratos a las que los facultó la Ley 27.541, los congelamientos tarifarios y en particular sobre el procedimiento de aprobación de la venta del paquete accionario mayoritario de Edenor. El pedido cuenta con el amplio apoyo de diputados de Juntos por el Cambio.

El DNU 1020/2020 dispuso el inicio de una renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal. El plazo de la renegociación dispuesta no podrá exceder los dos años desde la fecha de entrada en vigencia de la medida, hasta entonces quedan suspendidos los acuerdos correspondientes a las respectivas revisiones tarifarias integrales con los alcances que en cada caso determinen los entes reguladores, atento existir razones de interés público.

“El Poder Ejecutivo aprovechó esta norma limitada y de excepción para incorporar delegaciones de facultades no incluidas en la ley original, evadiendo así el correspondiente tratamiento legislativo” sostuvo la diputada Latorre y agregó: “El marco regulatorio eléctrico permite la realización de Revisiones Tarifarias extraordinarias, la intervención y el apartamiento de la normativa vigente no tuvo ni tiene fundamento alguno más que acrecentar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para inmiscuirse en los Entes de control que deben ser técnicos y autárquicos, no políticos y funcionales. Pero lo que es peor, ni aún así han cumplido con la manda que la Ley 17.541 les impuso.”

El proceso de renegociación de las RTIs cuyo inicio declara el DNU 1020/20 significa reabrir la renegociación de las licencias y concesiones iniciada en 2001 desconociendo los acuerdos alcanzados inicialmente, suspendiéndolos hasta que sean reemplazados por otros. Esta situación abre contingencias legales tanto en estrados nacionales como internacionales para el Estado Nacional de monto incierto y de afectación cierta al patrimonio público.

Para los diputados, con estas medidas el Poder Ejecutivo Nacional apela a una tríada que ya mostró su fracaso: congelamientos tarifarios que se suceden;  intervención administrativa sine die de entes reguladores; y demoras injustificadas en la celebración de los acuerdos de renegociación y luego de su implementación.

“Es preocupante y amerita nuestro pedido de informe, que ante este escenario de incertidumbre y descalabro institucional se pretenda aprobar la cesión del paquete accionario mayoritario de la concesionaria EDENOR, una de las dos distribuidoras de servicio eléctrico de competencia federal, de cuya prestación dependen millones usuarios en la CABA y Gran Buenos Aires”, afirmó Alfredo Cornejo.

Para los diputados, tanto el Ente de Control como el Poder Ejecutivo Nacional deberán explicar cuál es la propuesta de los pretendidos cesionarios, dar las instancias de participación ciudadana a los usuarios para que conozcan los antecedentes de quienes estarán a cargo de un servicio público esencial. Señala el pedido de informe que “no es claro para ningún ciudadano usuario de servicios públicos y tampoco para éste cuerpo legislativo con facultades de control, cuál es el interés de un grupo empresario que en un contexto de congelamiento tarifario y renegociación de contratos de concesión, pretende justamente controlar una empresa como Edenor, fuertemente endeudada y según esos mismos empresarios deficitaria. En otras palabras, quién invertiría a ciegas sin saber cuál será la tarifa de los próximos años y particularmente cuál será la rentabilidad que reconocerán esos nuevos contratos que el Poder Ejecutivo autoriza renegociar”.