Tiene luz verde del Senado el proyecto para incentivar la construcción privada

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda e Infraestructura, Vivienda y Transporte dieron dictamen favorable a la iniciativa aprobada la semana pasada en Diputados.

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Roberto Arias fue el funcionario que asistió a defender el proyecto y responder preguntas de los senadores. (Foto: Comunicación Senado).

Con aval unánime, las comisiones de Presupuesto y Hacienda e Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado aprobaron el dictamen del proyecto de ley que busca incentivar la construcción privada, con el fin de reactivar el sector.

La iniciativa, que fue votada la semana pasada en la Cámara de Diputados, establece una serie de beneficios tributarios y la posibilidad de un blanqueo para aquellos inversores que regularicen sus activos y destinen los fondos a proyectos de construcción.

Por el Ministerio de Economía, participó del plenario el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, quien indicó que el proyecto “está orientado a atender una problemática que estamos teniendo” con el sector, que en 2018 y 2019 mostró “una caída muy importante de los empleos registrados como consecuencia de la caída macroeconómica”. En tanto, en el 2020 se sumó la pandemia, con lo cual la actividad se vio “críticamente afectada”.

El funcionario señaló que la iniciativa, que fue trabajada en conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción y con la UOCRA, tiene como objetivo “incentivar una mayor actividad económica, pero también movilizar los ahorros de los argentinos hacia la construcción”.

“Los beneficios tienen dos grandes partes: un beneficio a los cumplidores, aquellos contribuyentes que venían declarando todos sus activos, con una exención por dos años del impuesto a Bienes Personales”, detalló, además de mencionar que se estipula “un crédito fiscal del 1% respecto a todas las inversiones realizadas”.

Arias explicó que también se elimina “una traba muy importante”, al permitir “diferir el pago del impuesto a las Ganancias al momento en que una persona que transfirió el inmueble para la construcción, por ejemplo un edificio, realmente perciba una ganancia”.

Respecto del capítulo referido al blanqueo, el secretario apuntó que podrán acogerse al régimen en “un plazo bastante corto, son 120 días a partir de la vigencia de la ley”. El blanqueo “lo orientamos con una finalidad muy especifica”, subrayó.

En respuesta a los senadores Oscar Parrilli (FdT) y Víctor Zimmermann (UCR), quienes preguntaron si hay una estimación sobre el monto que podría obtenerse a partir del blanqueo, el funcionario afirmó que “es bien difícil hacer estimaciones”. “El INDEC hace un estudio periódico sobre los fondos que están en el exterior no declarados, creo que el último dato está en el orden de los 220 mil millones de dólares”.

A continuación, Arias recordó que el blanqueo de 2016 “si se quiere fue muy exitoso en términos del porcentaje que se logró incluir”, pero “a nuestro juicio no fue bueno”, porque se trataba de “declarar los fondos pero ni siquiera había un compromiso de traerlos al país y mucho menos hacer una inversión productiva”.

Aún si se exteriorizara un “porcentaje bastante pequeño de los fondos que están hoy fuera del sistema”, para el secretario eso “significaría un impacto importante para la industria, significaría una importante creación de puestos de trabajo y, sobre todo, poner en funcionamiento esos fondos que empiezan a producir empleo y valor agregado en el país, en lugar de estar en un colchón o en un banco en el extranjero”.

“Calculando entre el 1% y 2% de los fondos que tienen los argentinos y argentinas en el exterior, ya sería un éxito muy importante para esta ley”, agregó.

En otro tramo de su exposición, el funcionario aclaró que “el objetivo de esta ley no es puntualmente recaudatorio, sino incentivar la construcción”. “Obviamente tiene impacto recaudatorio”, manifestó y resaltó que “claramente es un impuesto coparticipable, porque la ley no especifica puntualmente el destino de los fondos”.

En su intervención, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, dijo que el proyecto “es de una promoción impositiva importante en el momento que estamos viviendo” y “obedece al modelo de reactivación”. “Sería bueno tener un registro para saber cómo impacta a nivel nacional en el sentido de los empleos y las inversiones que se hacen”, consideró y sugirió que se incorpore este tema en la reglamentación, de modo de “informar al Parlamento de forma semestral sobre el impacto”.

Por su parte, el senador Martín Lousteau (UCR) advirtió que “los blanqueos la verdad que son una mala experiencia en Argentina”, aunque “es cierto que de vez en cuando hay circunstancias excepcionales”, pero “Argentina vive de circunstancias excepcionales”. “Esto muestra que hay un problema más profundo y es que se sigue generando negro en Argentina a una escala muy grande”, añadió.

Además, el radical dijo que le parece “llamativo que esté solamente incluida la construcción” ya que es una actividad que “se recuperó rápido” y “hoy está por encima (de los números) de febrero de 2020”.

Hacia el final de la reunión, la titular de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Teresa González (FdT), ponderó que el proyecto “tiende a dar solución a problemas que aquejan al país en esta circunstancia tal especial”, al tiempo que atiende sobre “el permanente déficit de vivienda habitacional”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, sostuvo: “Creo que es una muy buena ley, que permite una cosa muy importante y es que el dinero que está fuera del país pueda volver, no solo con un fin recaudatorio sino destinado a desarrollar las inquietudes y necesidades que tenemos los argentinos”.

“La ley es bastante equilibrada”, opinó el cordobés, al tiempo que aseveró que “el blanqueo siempre es injusto, pero mucho más injusto es que el evasor se quede sin ingresar nada y sin exteriorizar los fondos. Por eso me parece que la ley es un gran paso y ojalá en un futuro podamos aplicarla en otras actividades”.

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El cordobés Carlos Caserio presidió la reunión. (Foto: Comunicación Senado).

Puntos centrales del proyecto

El proyecto tiene como objetivo propiciar medidas de incentivo tributario para la recuperación de la actividad de la construcción. Los beneficios impositivos alcanzarán a aquellas inversiones en obras privadas nuevas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un avance de obra inferior al 50%.

Por un lado, se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Esta franquicia sería para aquellas personas humanas que inviertan fondos en forma directa o mediante terceros -cualquiera sea la forma jurídica y/o vehículo adoptado para materializar la inversión-, en proyectos constructivos.

Por otro lado, se establece la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de la ley.

Asimismo, se propone adecuar el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias -esto es, impuesto a las Ganancias o impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, según corresponda- al momento de producirse el efectivo incremento del flujo del proyecto de inversión; así como adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales.

Se propicia el diferimiento del pago de estos impuestos sobre la base imponible que se configure por la transferencia y/o enajenación cuyo objeto sea el financiamiento, inversión y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios o de infraestructura.

La iniciativa estima que el pago del impuesto proceda cuando los titulares perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera; cuando cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que poseen en aquellos; o cuando se produzca la finalización de la obra o se adjudique la unidad, lo que ocurra en primer lugar.

El proyecto establece por un tiempo limitado un régimen de declaración voluntaria de activos para las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de capital. Dichos fondos pagarán un único tributo con alícuota creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios y de acciones judiciales y administrativas. Esto siempre en el caso de que los fondos se apliquen a las construcciones, ampliaciones, instalaciones y otras.

El impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, será conforme a las siguientes alícuotas: los ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, un 5%; los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%; y los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%. Los plazos y porcentajes fueron modificados respecto a la versión original durante el debate en Diputados.

También en la discusión en la Cámara baja, se agregó que “a los fines de la reactivación de las obras paralizadas o abandonadas en proceso de construcción con aportes del Estado Nacional, a través de los diferentes planes o programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que los porcentajes de avance físico reales y ediliciamente aptos constituirán la base para la determinación del saldo pendiente de financiamiento para la culminación de las mismas”.

“Las jurisdicciones y entes ejecutores deberán acreditar en forma indubitada el porcentaje del avance físico reales y ediliciamente aptos de las obras paralizadas o abandonadas mediante informes técnicos emitidos con carácter de declaración jurada por profesionales con incumbencia en la materia, avalados por registros fotográficos fechados y certificados por escribano público y rubricados por la máxima autoridad de la jurisdicciones y entes ejecutores con competencia”, señala otro de los artículos incorporados a la versión original.

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat será la autoridad de aplicación y determinará los requisitos que las jurisdicciones deberán cumplir para acceder al mecanismo.

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