Tras el escándalo por el vacunatorio vip, los legisladores porteños de la CC ARI presentaron en la Legislatura de la Ciudad presentaron un proyecto de ley para establecer el marco regulatorio del plan de vacunación contra el Covid 19 que se desarrolle en el territorio la Ciudad y garantizar que los políticos y funcionarios sean los últimos en recibir la vacuna.

La iniciativa está en consonancia con el texto presentado por el bloque de diputados de la CC ARI en el Congreso Nacional y prevé la aplicación de las vacunas respetando el orden de prioridad: personal esencial del sistema de salud; mayores de 70 años; personas de entre 60 y 69 años; demás grupos de contacto esencial estratégico según lo defina el Poder Ejcutivo, en particular aquel destinado a funciones vinculadas con la educación y la seguridad; personas menores de 60 años con enfermedades relacionadas a los factores de riesgo; personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estratégico para la gestión de la emergencia sanitaria por la funciones que desarrolla, según lo determine el Poder Ejecutivo; y, finalmente, el resto ciudadanía.

Asimismo prevé prohibir la vacunación de funcionarios con jerarquía equivalente o superior a Director General del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo; diputados porteño; funcionario con jerarquía equivalente o superior a Prosecretario del Poder Judicial; los miembros de las Juntas Comunales; las máximas autoridades de los entes descentralizados, entes autárquicos, organismos de control y sociedades en las que la Ciudad tenga participación.

Al mismo tiempo que establece que el plan de Covid 19 deberá realizarse garantizando la ausencia de toda referencia política partidaria, sindical o comercial. Las locaciones, indumentaria y personal no deben exteriorizar pertenencia a partidos y/o agrupaciones políticas o sindicales en cualquier instancia del plan de vacunación. Tampoco podrá relacionarse el plan de vacunación con actividad comercial ni la promoción de marcas corporativas.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores indicaron que “la pandemia mundial desatada a partir de la aparición del virus Covid 19 ha dejado en evidencia -entre otras cosas- la importancia de la presencia inteligente del Estado, lo decisivo de la implementación planificada y articulada de políticas públicas y la necesidad de coordinación entre jurisdicciones tanto del sector público con el privado, a fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía” y detallaron que “de esta forma se puesto a prueba la capacidad de reacción, previsión, imaginación y coordinación de los dispositivos públicos como nunca antes. En poco tiempo se debió pensar restricciones de circulación, protocolos específicos para el funcionamiento de cada actividad, grandes centros de testeos, sistemas de vacunación masivos, entre otras ingenierías”.

“Como contrapartida, la ciudadanía ha dejado en mano del Estado un cúmulo de libertades que han cambiado la realidad diaria de todos. Por lo tanto, la administración de estas facultades excepcionales por parte de los gobernantes deben ser llevados a cabo con la máxima idoneidad y transparencia posible”, afirmaron y remarcaron que “si bien los protocolos y el accionar del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires al respecto tornan innecesario una prohibición de estas características, las recientes noticias respecto del suministro preferencial de las dosis de la vacuna por el Ministerio de Salud de la Nación y la campaña de vacunación en locales partidarios en Provincia de Buenos Aires, ha vuelto indispensable tener una normativa que proteja a los ciudadanos de la Ciudad de posibles acciones de otros entes públicos que participan en el Plan Nacional de Vacunación”.

Sobre esa misma línea aclararon que “el objetivo es evitar cualquier tipo de desviación del Plan de Vacunación contra el Covid 19 de preferencias políticas y de amistad con los funcionarios de turno” y concluyeron señalando que “es necesario preservar procesos equitativos e igualitarios de acceso a la salud; asegurar la observancia de los procedimientos técnicos adecuados y del orden de prioridad legalmente establecido”.

El texto lleva la firma de los diputados Juan Facundo Del Gaiso, Claudio Cingolani, Cecilia Ferrero, Hernán Reyes y Lucía Romano (VJ).