El presidente de la Comisión de Presupuesto defendió el Consenso Fiscal y cargó contra la gestión anterior. Explicó los compromisos que asumirán las provincias en materia tributaria, de endeudamiento responsable y de procesos judiciales.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, destacó en la sesión de este miércoles que “el esfuerzo del Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”, al defender el Consenso Fiscal firmado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores en el marco de la pandemia.
Caserio explicó que este Consenso Fiscal fue concretado el 4 de diciembre del año pasado entre la Nación y 21 de las 24 provincias, ya que San Luis y La Pampa se negaron a suscribirlo porque no lo habían hecho con los anteriores pactos, y la Ciudad de Buenos Aires -que sí había adherido- rechazó las nuevas condiciones.
El cordobés hizo un repaso por los acuerdos anteriores y recordó que el primero se firmó el 23 de mayo de 2016, y fue renovado en 2017 y 2018. “Hasta ahí hablábamos del país de (Mauricio) Macri, de Disneylandia, donde se festejaba y se bailaba en los actos porque parecía que Argentina mejoraba”, ironizó.
“Pero lamentablemente -prosiguió- la realidad política y económica demostró que estos consensos no pudieron dar resultado, y para 2019 el país había cambiado abruptamente”.
Caserio señaló que el gobierno de Alberto Fernández “se tuvo que hacer cargo de que la realidad económica que se venía manifestando no tenía ningún fundamento”. En este contexto, a fines de 2019 las provincias solicitaron suspender las medidas acordadas en años anteriores, sobre todo la rebaja de Ingresos Brutos.
El senador del Frente de Todos cargó contra la gestión anterior al advertir que “prometían una inflación de un dígito y terminaron con una inflación del 40% durante los cuatro años, y en 2019 batieron el récord de inflación de toda la historia argentina, con un 54,8%”.
También precisó que “la fuga de capitales fue de 86.000 millones de pesos” y que el endeudamiento con el FMI se hizo insostenible. “El gobierno de Macri lo único que hizo fue ajustar”, se quejó.
Luego, con la llegada de la pandemia, “el esfuerzo que hizo el Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”, destacó Caserio.
“Hasta el 1ro de octubre las provincias perdieron recursos por 200.000 millones de pesos, y la Nación las asistió por 199.000 millones de pesos. Esto permitió a las provincias cumplir con sus compromisos”, puntualizó.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda destacó que el Consenso Fiscal “busca un proceso de armonización con las provincias en el cumplimiento de algunas normas básicas”.
El legislador oficialista informó que “las provincias asumen compromisos en materia tributaria, de endeudamiento responsable y de procesos judiciales”.
Explicó que “en materia tributaria provincial y nacional se busca una armonización que permita recaudar de manera más eficiente y facilitar la vida de los ciudadanos” a través de la automatización de trámites.
De esa forma, indicó el senador, “se prorrogan todas las alícuotas de Ingresos Brutos de las provincias hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir, no podrán subirlo pero tampoco podrán bajarlo”.
También se busca “acordar mecanismos de devolución automática y compensaciones a favor de los contribuyentes”.
En cuanto al endeudamiento, el pacto establece que “a partir del 31 de diciembre y durante un año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera”, afirmó Caserio.
Asimismo, precisó que durante un año las provincias no podrán iniciar procesos judiciales contra la Nación y deberán suspender los que se encuentran en trámite, motivo por el cual el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta -quien presentó una demanda ante la Corte Suprema por la quita de coparticipación a la Ciudad- se negó a firmar el acuerdo.
Por último, el Consenso Fiscal especifica que “no habrá más transferencias de competencias y funciones sin la respectiva asignación de recursos aprobada por ley del Congreso”, como sucedió el año pasado con los fondos destinados a financiar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.