El Senado dio media sanción este miércoles al proyecto de ley, enviado por el Gobierno, que ratifica el Consenso Fiscal 2021. La iniciativa, girada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, fue votada por 49 votos a favor y 15 en contra.

A la hora de la votación, Juntos por el Cambio se dividió: al oficialismo lo acompañaron el fueguino Pablo Blanco; el correntino Pedro Braillard Poccard; los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay; los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo; el riojano Julio Martínez y la entrerriana Stella Maris Olalla.

En tanto, por el interbloque Parlamentario Federal, la riojana Clara Vega fue la única que votó a favor. También acompañaron al Frente de Todos los aliados Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

El acuerdo fue suscripto el 4 de diciembre pasado por el presidente Alberto Fernández y 21 de los 24 gobernadores. Tanto Sergio Ziliotto (La Pampa) como Alberto Rodríguez Saá (San Luis) no firmaron el documento, dado que no lo habían hecho en el Consenso Fiscal de 2017, pero sí expresaron esta vez su apoyo. La otra excepción fue la del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

A través del nuevo pacto, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en 2017, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación.

A su vez, se le permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y se limitará el endeudamiento en dólares. Asimismo, se suspenderán por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional, uno de los motivos por los cuales Rodríguez Larreta, que presentó una demanda ante la Corte Suprema por el recorte en la Coparticipación a partir de la ratificación del convenio de traspaso de la Policía Federal, se negó a firmarlo.

En ese sentido, también se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias ya no será a través de la Coparticipación, sino de partidas presupuestarias.

Abrió el debate el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Carlos Caserio, quien destacó que “el esfuerzo del Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”.

Al recordar los acuerdos que se firmaron entre Nación y las jurisdicciones durante el gobierno de Mauricio Macri, el oficialista señaló que “lamentablemente la realidad política y económica demostró que estos consensos no pudieron dar resultado, y para 2019 el país había cambiado abruptamente”.

El legislador, que dio una explicación detallada de lo que prevé el nuevo acuerdo, defendió que la gestión de Alberto Fernández “se tuvo que hacer cargo de que la realidad económica que se venía manifestando no tenía ningún fundamento”. En este contexto, a fines de 2019 las provincias solicitaron suspender las medidas acordadas en años anteriores, sobre todo la rebaja de Ingresos Brutos.

Luego, el puntano Claudio Poggi adelantó su rechazo al expresar que “no podemos habilitar a través de un Consenso Fiscal la posibilidad de que se sigan aumentando los impuestos en la Argentina”. En ese sentido, consideró que si los Estados necesitan más recursos, “ya no se puede echar más mano al bolsillo de la gente; en todo caso cada Estado, y en todos sus poderes, deberán ser más austeros en el gasto público”.

“Austeridad, no ajuste. Austeridad, es muy distinto. Como la austeridad que están haciendo cada una de las familias en el medio de la crisis”, reseñó el senador aliado de Juntos por el Cambio.

Poggi agregó que tampoco estaba de acuerdo con que se suspendan los procesos judiciales contra el Estado nacional, recordando que en su provincia hubo una consulta popular en la que se votó mayoritariamente iniciar las demandas judiciales que están en curso. “Hoy hay 12 juicios en trámite”, detalló.

También en contra del proyecto, la macrista Guadalupe Tagliaferri dijo que “estamos completamente convencidos de la necesidad de un Consenso Fiscal”, pero resaltó que el mismo debe ser “en términos de acuerdos” y de “una responsabilidad en el manejo de los fondos de las provincias”.

Para la porteña, hay que “consensuar el sistema tributario argentino, tener entre todos una hoja de ruta que guíen las políticas económicas”, sin embargo comparó que este documento se diferencia del firmado en 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri, “que sí vino a resolver problemas históricos, les venía a dar dinero (a las provincias), a ser más justo”.

La senadora recordó que el año pasado “a la Ciudad le sacaron de un día para el otro un punto de coparticipación para dárselo a la provincia de Buenos Aires y otro punto para que vuelva al Gobierno nacional”. Tagliaferri enfatizó que esa medida fue para que la Ciudad “se arrodille a pedir que nos den la plata”.

Entonces, justificó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, haya ido a la Corte Suprema y no haya adherido a este Consenso Fiscal, porque “no estamos dispuestos a renunciar a nuestra autonomía” y este acuerdo “nos ata de pies y manos y nos vuelve a someter al Gobierno nacional”.

En tanto, su par Martín Lousteau coincidió que votaba en contra porque el Consenso Fiscal prevé que “no se pueden hacer reclamos” ante la Justicia contra el Estado Nacional, y otro aspecto tal como que “la plata de las transferencias (de servicios, competencias y funciones) la va a tener el Tesoro Nacional”. “Eso es pisotear el federalismo, es apropiarse del Estado de otro para someterlo”, observó el radical.

Por su parte, el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, opinó que el Consenso Fiscal 2021 es “un nuevo parche a nuestro maltrecho sistema impositivo” y tiene “el sentido contrario” al acuerdo firmado originalmente en 2017, por lo que lo calificó como “un grave retroceso”.

El macrista defendió que el pacto firmado bajo el gobierno de Cambiemos tenía como fin “ir a un sistema más progresivo” eliminando “impuestos altamente distorsivos”, mientras que este nuevo acuerdo “es un claro hostigamiento a la Ciudad de Buenos Aires”.

A su turno, el chubutense Mario Pais se refirió al aspecto de la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias, y aclaró que en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional “no dice que tenga que ser por un mecanismo similar al de la Coparticipación”.

“Prevé, primero, la existencia de un convenio, y segundo, la transferencia y los recursos. Los recursos deben estar garantizados y además deben ser aprobados por ley del Congreso”, explicó. En esa línea, el oficialista criticó que esa ley “nunca proyectó el presidente Macri” cuando le transfirió la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires.

Para el legislador del Frente de Todos, “necesitamos tender a una armonización fiscal” y a futuro realizar “una reforma tributaria provincial y nacional que promueva las inversiones”. “Esta es una norma transcendente, importante y una herramienta de gobierno que debemos apoyar indubitadamente”, completó.

En el tramo final, el correntino Pedro Braillard Poccard argumentó su voto a favor porque “el convenio menciona cuáles son las motivaciones que llevaron a los gobernadores a firmar este acuerdo”. Entre los “compromisos” asumidos por las partes, el senador indicó que “se libera el tema de algunas limitaciones a impuestos locales”, algo que “corre por cuenta de cada provincia el aumento de impuestos” y “tendrán que asumir el costo o riesgo que eso significa”.

“Lo que realmente lleva como factor fundamental a la firma de este acuerdo es la situación especial generada por la pandemia”, resaltó.

Finalmente, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, remarcó que el acuerdo establece que “hay que controlar el tema del endeudamiento, no se puede hacer lo que se hizo en el gobierno de Macri”. “Venimos a acompañar el pacto que firman sus gobernadores porque han hecho un desastre en su administración, y por eso estamos cómo estamos, y por eso hay pobreza, indigencia y niños que se mueren”, cargó.

Y añadió: “Por más que se ría la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, cuando estaba Macri abandonó todo el sistema nacional como buen porteño y le importó tres pitos la salud, la educación, la justicia y el desarrollo de las economías regionales, dándoles una plata que no les correspondía”.

Puntos centrales del Consenso Fiscal

El Consenso Fiscal 2021 fue firmado el pasado 4 de diciembre por el presidente Alberto Fernández y 21 de los 24 gobernadores. Tanto La Pampa como San Luis no suscribieron el documento, dado que no lo habían hecho en el Consenso Fiscal de 2017, pero sí esta vez expresaron su apoyo. En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no adhirió.

Como consecuencia del impacto económico generado por la pandemia, Nación y las provincias aseguraron que “necesitan contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social cuya resolución permita contener a los sectores más vulnerables de la población”.

Dentro de los compromisos comunes asumidos, el Consenso Fiscal prevé “la reafirmación de que la reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias, servicios o funciones previstas en el párrafo quinto del inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional no se implementa mediante el esquema de distribución de fondos” previsto en la Ley de Coparticipación (N° 23.548), sino que será por la vía presupuestaria.

Por otra parte, en el documento se estipuló suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las disposiciones de los Impuestos Inmobiliarios, a los Sellos, aquellos que gravan la nómina salarial y a los tributos específicos.

De igual forma, se introdujeron modificaciones tendientes a “homogeneizar el tratamiento impositivo que las distintas jurisdicciones provinciales o municipales, según sea el caso, otorgan en el impuesto automotor, con el fin de eliminar distorsiones en la carga tributaria basadas en el lugar de radicación, así como mejorar el índice de cobrabilidad del mismo”.

También se pactó la definición de “una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias” que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y el desarrollo de nuevos instrumentos para captar crédito en moneda doméstica, manteniendo como eje la sostenibilidad de sus deudas.

En esa línea, se acordó que a partir del 31 de diciembre de 2020 y durante un año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados a tal fecha, previéndose ciertas operaciones de manera excepcional.

Asimismo, “que las operaciones de emisión de Títulos Públicos, en moneda nacional de las provincias, cuyo vencimiento sea superior o igual a los 18 meses desde su emisión, estarán exceptuadas de lo establecido en los artículos 7 y 10 de la Ley N° 23.928, siempre y cuando los fondos obtenidos se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020”.

Por último, “en un marco de resolución de conflictos concertado y, considerando imperioso reducir el nivel de litigiosidad entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales en el marco de un 2021 ‘postpandemia’ en el cual la recuperación de la economía será el eje central de toda política pública, se acordó poner en suspenso las causas judiciales vinculadas a controversias derivadas del federalismo fiscal”.