La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respondió a la carta enviada el 26 de enero por el senador Luis Naidenoff y el diputado Mario Negri, presidentes de los bloques de la UCR en el Congreso.

La misiva de los legisladores radicales tuvo por objeto alertar a Naciones Unidas sobre la supuesta violación a los derechos humanos de los formoseños por parte del gobierno provincial de Gildo Infrán debido a las medidas tomadas para combatir el coronavirus.

El martes 23 de febrero, Bachelet dio respuesta a la presentación de Naidenoff y de Negri, la cual fue recibida este jueves en los despachos de los legisladores radicales.

La expresidenta de Chile sostuvo -dos días antes del fallo de la Corte Suprema argentina que se conoció este jueves- que “si bien el artículo cuarto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite a los Estados la adopción de medidas excepcionales que podrían resultar en la suspensión de algunos derechos, éstas deberán ser limitadas estrictamente a las exigencias de la situación, han de ser necesarias y proporcionales al riesgo estimado, y es preciso que se respeten las salvaguardas contra la arbitrariedad”.

La alta comisionada manifestó también “que el derecho a la salud debe ser entendido de una forma integral, dado que está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos”.

“En este contexto -continuó-, mi oficina está dando seguimiento al impacto que tanto la pandemia como las medidas adoptadas por los Estados para su contención tienen en el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas, principalmente de las personas y poblaciones más marginalizadas, tanto en Argentina como en otros países de la región”.

Bachelet indicó en su respuesta a Naidenoff y Negri que el representante regional para América del Sur, la asesora en Derechos Humanos en la Argentina y el coordinador residente de Naciones Unidas Argentina continuarán el seguimiento de los hechos denunciados en Formosa.

“Reitero la predisposición de mi oficina para brindar el acompañamiento y la asistencia técnica necesaria al Estado argentino para que las medidas de respuesta y recuperación ante la crisis de la Covid-19 sean respetuosas de los derechos humanos y existan abordajes específicos para las poblaciones en situación de vulnerabilidad; y asimismo para que las voces y la efectiva participación de las personas afectadas sean parte de la búsqueda de soluciones”, concluyó.