El fiscal de Resistencia acusa a la diputada radical de haber firmado un convenio con sobreprecios cuando era secretaria de Asuntos Municipales de la gestión de Cambiemos.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió el envío a juicio oral y público de la diputada nacional Aída Ayala (UCR), quien es acusada de haber firmado un convenio con sobreprecios con un municipio de Chaco para la compra de herramientas y maquinarias.
Según reveló el portal Infobae, Sabadini pidió el envío a juicio de Ayala y otros tres acusados, todos procesados por supuesto fraude a la administración pública, y ahora la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, deberá resolver sobre el planteo.
De acuerdo con la acusación, Ayala firmó en 2016 –cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales del gobierno de Mauricio Macri- un convenio con el intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, para la compra de máquinas y herramientas con un subsidio de 960.093 pesos.
En el convenio, informó el portal citado, la compra con sobreprecios fue direccionada a una empresa que ya había sido favorecida, “Service Hogar”, mediante la intervención de dos exfuncionarios de Ayala en Resistencia, Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte.
El fiscal Sabadini consideró que Ayala “omitió deliberadamente todo tipo de control de precios de las herramientas y maquinarias adquiridas, continuando el trámite normal y aprobando posteriormente la rendición de cuentas”.
En el fallo citado por el mencionado portal, Sabadini agregó que se gastaron “casi un millón de pesos, siendo que ha podido comprobarse que la adquisición de tales elementos se podría haber realizado por mucho menos que lo que se abonó finalmente”.
En 2018, la jueza Niremperger pidió el desafuero de Ayala en otra causa, donde la diputada está procesada por presunto lavado de dinero y otros delitos por haber beneficiado a la empresa “PIMP S.A.” con la recolección de residuos en Resistencia durante su gestión como intendenta.
Si bien Ayala hizo su descargo en Diputados, el pedido de desafuero nunca avanzó y finalmente quedó sin efecto en 2019 cuando la Cámara Federal de Casación Penal revocó el pedido de detención.
