El Poder Ejecutivo enviará este año al Congreso una ley para desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, según anunció este lunes el presidente Alberto Fernández al encabezar la Asamblea Legislativa donde quedó inaugurado el período ordinario de sesiones.

“Enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos”, proclamó Fernández, entre aplausos.

Consideró en ese sentido que “las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva”.

“La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos, la incertidumbre permanente de no saber ‘cuánto iba a venir de luz y gas’ ha llegado a su fin”, sentenció.

Fernández aclaró que la ley regirá hasta tanto se formule una nueva Revisión Tarifaria Integral. “Queremos que los costos fijos que representan esas tarifas en millones de familias argentinas repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo de cada una de ellas”, dijo.

El presidente advirtió que durante la gestión anterior “el aumento de las tarifas de luz y de gas se convirtió en un verdadero martirio para los argentinos”, mientras “las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras obtuvieron cuantiosas ganancias que en muchos casos acabaron en el bolsillo de los accionistas sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para sostener la calidad de los servicios”.

“Si siguiéramos con el sistema de Revisión Integral Vigente que heredamos del anterior gobierno, el gas debería haber aumentado un 80% en octubre de 2019 y debería aumentar un 130% en abril de este año”, y “la electricidad, por su parte, debería aumentar un 168% en el próximo mes de abril”, describió.

Tras remarcar que “cumplió su palabra” al disponer hasta hoy el aumento de tarifas, sostuvo que “ahora llega el momento de regularizar el sistema tarifario que estuvo congelado todo este tiempo”.

“Las tarifas deben corresponderse con las necesidades y capacidades de nuestra gente. Mi objetivo final es poder lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio. El propósito último es que los subsidios del Estado solo amparen a los que lo requieren”, explicó.