Un largo tramo de su discurso le dedicó el presidente Alberto Fernández al tema de la Justicia, y afirmó que “la reforma del Poder Judicial en su más amplia dimensión” es “una demanda impostergable de la sociedad en su conjunto”.

“Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien. Hablo como lo que soy. Un hombre que se ha criado en el mundo del derecho, que enseña a respetar la institucionalidad de la República y la vigencia de los valores democráticos”, comenzó.

El jefe de Estado recordó que cuando asumió habló de la “convicción de la necesidad de cambiar el funcionamiento del sistema judicial” porque “el Poder Judicial de la Nación está en crisis”. “Es el único poder que parece vivir en los márgenes del sistema republicano. Sus miembros -jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios- disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”, apuntó.

“Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las Ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”, agregó.

En referencia al fiscal Carlos Stornelli, Fernández cuestionó que “en la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su ‘poder residual’ pudiera afectar la investigación. Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente”.

“También observamos como sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara”, enfatizó.

Y señaló que “algún miembro de este Congreso Nacional detectó la visita de jueces de la Casación al entonces presidente Macri, justamente días antes de dictar sentencias contra sus opositores políticos y solo una voz aislada de ese tribunal se alzó reclamando explicaciones. El resto lo amparó bajo el manto del silencio”.

“En este año también hubo decisiones judiciales llamativas. Como un per saltum que le asignó extrema gravedad al traslado de dos jueces ignotos”, dijo en alusión a Leopoldo Brugli Pablo Bertuzzi.

El presidente le pidió al Congreso “con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución Nacional”. “Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado”, continuó.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el mandatario reprochó que “vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca”.

“Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”, enumeró.

En ese sentido, le solicitó a la Cámara de Diputados que “debata” y “apruebe” el proyecto de reforma judicial, al igual que la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Fernández expresó que, tras recibir un informe del consejo de juristas que lo asesoró, decidió enviar al Parlamento un proyecto “que ver con el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia da la Nación”. “Propondremos reformas a efectos de establecer la exacta competencia del máximo tribunal consistente en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias. Propiciaremos también que las cuestiones vinculadas a lo que jurisprudencialmente se ha denominado ‘arbitrariedad’ sean exactamente definidas para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa”, explicó.

Por otra parte, mencionó una iniciativa “que reglamente adecuadamente el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial”. También “un proyecto de ley que reformule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como órgano constitucional que debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina. Este es un reclamo que la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo hace años”.

Sobre esta propuesta, el presidente opinó que “debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados, lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”.

Además, el mandatario aseguró que consultará a los gobernadores por la “aplicación del artículo 125 de la Constitución Nacional” ya que “nuestra idea es promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”, afirmó. “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”, sostuvo.

“Finalmente, propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal”, anunció.