Fue uno de los proyectos enumerados por el presidente durante la Asamblea Legislativa. Cuáles fueron las recomendaciones de los expertos en cuanto a la integración y el funcionamiento del órgano encargado de nombrar y remover jueces.
Entre los anuncios judiciales que realizó ante la Asamblea Legislativa el presidente Alberto Fernández, anticipó que enviará este año al Congreso un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, en base a las recomendaciones de la comisión de juristas que trabajó el año pasado y entregó un informe al Gobierno.
En su discurso de apertura de sesiones, el presidente sostuvo que el órgano encargado de designar y remover jueces “debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación” de los magistrados, y agregó que “este es un reclamo que la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo hace años”.
Además, sostuvo que “debemos despolitizar ese ámbito para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”.
Fernández se refería, puntualmente, a la integración actual del Consejo, en la cual de los 13 miembros, siete pertenecen al estamento político (tres diputados, tres senadores y un representante del Poder Ejecutivo), sumados a tres representantes de jueces, dos de los abogados y uno del sector académico.
Para aprobar las ternas de jueces que serán enviadas al Poder Ejecutivo y para abrir el Jurado de Enjuiciamiento con el fin de destituir a un magistrado, se necesita una mayoría de dos tercios, es decir, nueve votos.
Ante la preponderancia de la representación política, la comisión de juristas que trabajó el tema por orden de Fernández propuso modificar la integración del Consejo ampliándola a 16 integrantes, con cuatro representantes por cada sector, es decir, por partes iguales.
En su mayoría, los expertos sugirieron que con este esquema el presidente tenga doble voto en caso de empate, y que además la presidencia sea ejercida de forma rotativa entre todos los estamentos por el plazo de un año y con alternancia de género.
Además, los especialistas recomendaron que el quórum sea de la mitad más uno de los miembros; que todos los consejeros tengan dedicación exclusiva a esa función; y que para su selección se contemple la paridad de género y el federalismo.
En cuanto al mandato, aconsejaron mantener los cuatro años con posibilidad de renovar por otro período, mediando un intervalo; y por otra parte, propusieron la realización de audiencias públicas para que los futuros consejeros sean conocidos en sociedad.
Por último, los juristas llamaron a reducir la planta permanente y limitar la cantidad de asesores por consejero; y establecer una cantidad mínima de reuniones periódicas -en función de que tendrían dedicación exclusiva-, con posibilidad de hacerlas de modo virtual.
La comisión que asesoró ad honorem al Gobierno estuvo integrada por Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini, Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera y Omar Palermo.
En varias de las consideraciones sobre el Consejo de la Magistratura, las juristas Kogan y Weinberg de Roca no formularon opinión, y en otras marcaron disidencias.
Cabe recordar que en diciembre de 2017, el presidente Mauricio Macri envió al Congreso su propio proyecto de ley para reformar el Consejo, en el marco del programa Justicia 2020 que encabezaba el entonces ministro de Justicia Germán Garavano.
En esa iniciativa, el gobierno anterior también proponía ampliar el organismo llevándolo a 16 integrantes. ¿De qué modo? Incorporando un juez y dos abogados más -es decir, cuatro representantes por cada uno de esos estamentos- y manteniendo el número de consejeros políticos y al único académico.
Actualmente, el Consejo de la Magistratura es presidido por Diego Molea, del sector académico, y lo integran además los diputados Vanesa Siley, Pablo Tonelli y Graciela Camaño; los senadores Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Silvia Giacoppo; Gerónimo Ustarroz en nombre del Poder Ejecutivo; Alberto Lugones, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta en representación de los jueces; y Diego Marías y Carlos Matterson por los abogados.
