Pide a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN que instruya los mecanismos para promover acciones de responsabilidad patrimonial. En junio de 2021 vence el plazo de prescripción para actuar.
En línea con lo anunciado por el presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa, respecto a iniciar causa penal a los responsables de endeudar al país, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, presentó un proyecto de resolución en el cual solicita a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) que, a través de esos organismos competentes, se instruyan los mecanismos administrativos para promover las acciones de responsabilidad patrimonial que le caben a los funcionarios que intervinieron en la celebración de los acuerdos en los que Argentina tomó una deuda del orden de los 57 mil millones de dólares con el FMI.
Gioja apela a la aplicación de la Ley de Administración Financiera (24.156) y a la de Responsabilidad del Estado Nacional (26.944).
La Ley de Administración Financiera, en su Artículo 113, establece que “los funcionarios responderán de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia, en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial”.
Por otro lado, la ley 26.944 de Responsabilidad del Estado Nacional establece que: “La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años”.
El Poder Ejecutivo de entonces, encabezado por Mauricio Macri, eludió los controles parlamentarios, dadas esas irregularidades constitucionales, legales y procedimentales, estimamos que el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación deben arbitrar medios de inmediato para que se articule la acción de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios que intervinieron en la celebración del acuerdo con el FMI en 2018, reza en los considerandos del proyecto presentado por Gioja.
El legislador por el peronismo de San Juan finaliza pidiendo que, atento al plazo de prescripción fijado en el artículo 9 de la ley 26.944, tanto el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción como la Sindicatura General de la Nación se aboquen de inmediato a esta cuestión.
