En el marco del arranque del debate del proyecto para modificar el impuesto a las Ganancias, de modo de llevar el mínimo no imponible a un piso de 150 mil pesos, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, informó que la iniciativa tiene un costo fiscal de 41.250 millones de pesos, contemplando las modificaciones que se conocieron en las últimas horas.

“Vemos absolutamente necesario volver a un esquema donde la proporción de trabajadores y trabajadoras que paguen el impuesto a las Ganancias esté en un rango razonable”, señaló el funcionario del Ministerio de Economía, y agregó que el proyecto hará “retrotraer” la situación anterior a “lo que sucedió entre 2015 y 2019” cuando “prácticamente se duplicaron los trabajadores y trabajadoras que comenzaron a pagar” el tributo.

Arias destacó que “la propuesta que se presentó en Diputados la estuvimos trabajando desde el Ministerio de Economía junto con la AFIP, diputados y asesores, y fuimos mejorándolo al proyecto e incorporando sugerencias que se hicieron desde el movimiento obrero organizado”.

Durante la primera reunión informativa del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, el secretario de Política Tributaria remarcó que el proyecto establece “un esquema relativamente novedoso, más simple, más fácil de entender, que es que las personas que ganan hasta 150 mil pesos de remuneración bruta no van a estar alcanzados por el impuesto”.

Además, aquellos trabajadores que están entre los 150 mil pesos y 173 mil pesos, “van a tener un esquema donde el incremento de la deducción se va a ir reduciendo gradualmente”, explicó.

En tanto, para los jubilados y pensionados, el funcionario indicó que “se eleva de seis a ocho los haberes mínimos a partir de los cuales van a estar alcanzados” y “se flexibiliza el requisito de que no tienen que tener ingresos de otra categoría para poder acceder a este beneficio”.

Arias estimó que con la medida “1.260.000 personas van a dejar de pagar el impuesto” y, si se contemplan a los salarios entre 150 mil pesos y 173 mil pesos, “serán cerca de un millón y medio”. “Esto tiene un costo fiscal de 41.250 millones de pesos”, detalló y aseguró que el beneficio se convertirá en “dinero que se va a volcar al consumo”.

En su exposición, el secretario aclaró que los nuevos pisos se van a ajustar anualmente por el RIPTE -índice de variación salarial-; ponderó “la posibilidad de deducir al concubino, en función de la modificación de 2014 del Código Civil”, el mantenimiento del beneficio para la zona patagónica; y subrayó que “la vigencia va a ser a partir del 1ro. de enero de 2021”, lo cual “va a implicar una devolución de la suma retenida en el caso de las personas que ya ganaban menos de 150 mil pesos”.

“Esta es una reforma que es sustentable, progresiva y que mantiene los criterios de equidad que nosotros cuidamos que cualquier elemento que se vaya modificando del sistema impositivo aporten a esta visión, la de tener un sistema que sea fundamentalmente más progresivo, pero que también ayude a la sostenibilidad fiscal y aporte a un desarrollo armónico del país”, finalizó.