El senador nacional Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca)  expresó “su más enérgico repudio” frente a la derogación del decreto 70/2017, que agilizaba procesos administrativos y judiciales en materia migratoria, y manifestó su preocupación por las consecuencias que podría traer en “el bienestar general y la seguridad pública de la República Argentina”.

A través de un proyecto de declaración presentado en la Cámara Alta, el legislador referente de la oposición señaló que “el respeto a los derechos de las personas extranjeras y la protección de los Derechos Humanos, por un lado, y la potestad del Estado Nacional de fijar los criterios de admisión y expulsión de personas de nacionalidad extranjera, por el otro, no pueden ni deben ser dos tareas consideradas como contrapuestas o incompatibles, todo lo contrario”.  

El referente radical remarcó que “es deber del Estado regular la política migratoria teniendo en especial consideración el bien común”. Y cuestionó duramente la anulación del artículo que establecía, como causa que impedía el ingreso y permanencia de extranjeros, “haber sido condenado, estar cumpliendo condena, tener antecedentes o condena no firme, en la República Argentina o en el exterior, respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.  

En este punto fue tajante al enfatizar que ”es realmente difícil comprender de qué modo la derogación de este decreto no perjudica directamente al resguardo de la seguridad pública, el bien común y el interés general de la Nación”. 

Así, consideró que la derogación del mencionado decreto no sólo atenta contra los miles de migrantes de buena fe que viven en la Argentina, sino que “perjudica a la seguridad pública y el bien común de la Nación, al facilitar el ingreso de personas con graves antecedentes criminales que nada tienen que ver con los miles de extranjeros que cotidianamente hacen su contribución”. 

De este modo, Oscar Castillo se suma a una lista de referentes nacionales de Juntos por el Cambio que manifestaron públicamente su malestar ante la decisión del gobierno de derogar la norma migratoria, entre los que se encuentran los presidentes del Pro y la UCR, Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo; el auditor general de la Nación, Miguel Pichetto; el vicejefe de Gobierno y encargado de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, y el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, entre muchos otros.