En su primera sesión del período ordinario, la Cámara alta dio acuerdo a jueces, camaristas y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo, entre ellos el del exbogado de Cristina Kirchner Roberto Boico.
En un breve pero encendido debate donde el Frente de Todos renovó sus críticas hacia el lawfare, el Senado avaló este jueves 22 pliegos de candidatos a jueces, camaristas y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo, entre ellos el del exbogado de Cristina Kirchner Roberto Boico en la Cámara Federal.
El oficialismo contó con el apoyo extra de la neuquina Lucila Crexell, la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck, mientras que en Juntos por el Cambio la mayoría de los senadores acompañaron todos los pliegos con la única excepción de Boico.
Sin embargo, algunos integrantes del interbloque presidido por Luis Naidenoff se abstuvieron en todo el paquete: fueron Martín Lousteau, Esteban Bullrich, Gladys González, Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay. “Con la salida de (Marcela) Losardo y esta embestida contra la Justicia no podemos acompañar los pliegos, pero tampoco podemos votar negativamente cuando en el paquete puede haber buenos jueces”, argumentaron fuentes de ese grupo.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, señaló que el Senado cumplió con el procedimiento constitucional correspondiente para atender esos pliegos, destacando que “desde que asumió la presidencia Alberto Fernández se acabaron los artilugios que cubrían vacantes con jueces amigos a través de las diferentes formas, evadiendo el mandato popular”.
“Hemos tenido una semana bastante movida en términos de cuestionamientos a la administración de justicia en la Argentina. Hemos podido ver cómo se lleva adelante un juicio oral y público en nuestro país y cómo se han comenzado a caer varios velos respecto de lo que nosotros decimos que es una persecución judicial para aquellos que intentaron, a través de un gobierno popular, defender los intereses de la Nación argentina”, aseguró.
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En otro pasaje de su discurso, Fernández Sagasti reclamó “reglas que exijan a la Justicia comprometerse con la perspectiva de género”, ante lo cual anunció la presentación de un proyecto “para aquellos casos de jueces o juezas que hayan demostrado mediante declaraciones públicas o mediante sentencias una falta de perspectiva de género”.
“Debemos pensar entre todos cómo vamos a hacer para que nunca más haya un caso Micaela en la Argentina”, expresó.
Luego señaló que “cada vez que se habla de nuevas normas para el Poder Judicial, todo es teñido por los medios de comunicación” con la sensación de que se busca “tratar de evadir la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos con la Justicia” cuando en realidad es “todo lo contrario”.
Otra oficialista, María de los Ángeles Sacnun, recordó que “en la campaña presidencial de 2019 el presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de llevar adelante una profunda transformación de la Justicia, el poder menos democrático de los tres poderes del Estado” porque no es sometido al voto popular.
Sacnun habló del proyecto de reforma judicial que se encuentra trabado en la Cámara de Diputados y cuestionó la actitud de la oposición por haberlo criticado “sin antes conocer los términos”. “Están muy cómodos con esta Justicia que no le da respuesta a los ciudadanos”, lanzó.
La santafesina también se refirió al caso del juez de la Cámara de Casación Juan Carlos Gemignani, quien -según se conoció- envió un mensaje ofensivo a un chat judicial en el marco del Día de la Mujer, situación que fue puesta en evidencia por la propia vicepresidenta Cristina Kirchner.
Para Sacnun, “es una vergüenza que un juez de Casación haya hecho lo que hizo y que no haya ningún planteo de sus pares” salvo el de otras dos integrantes de Casación, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, quienes pidieron al presidente del tribunal, Gustavo Hornos, que ordene certificar el contenido del chat.
La legisladora se preguntó, a su vez, “qué hizo el juez Hornos visitando a (Mauricio) Macri en seis oportunidades previo al dictado de resoluciones en sus causas”.
Advirtió que además de “la persecución a opositores”, también se busca “disciplinar a la política” e “interferir sobre los procesos electorales para tratar de llevar agua a su molino”, y por último reclamó un Poder Judicial “independiente no solo del poder político, sino también del económico, el mediático y los demás poderes”.
Luego fue el turno de Oscar Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, quien redobló la carga contra la gestión anterior. En primer lugar, recordó los casos de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, Eduardo Freiler y Carlos Rosanski, “jueces a los cuales persiguieron y amedrentaron”.
También se refirió al caso de “la familia Mahiques: uno era representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, otro era fiscal acusador de Cristina Kirchner y otro era juez, y todos entraron por la ventana”.
Finalmente, José Mayans, jefe del bloque oficialista, habló de la causa denominada “dólar futuro” y resaltó que “la vicepresidenta destruyó todos los argumentos de una causa absolutamente armada que están viendo si llevar a juicio oral, algo que no tiene ni un milímetro de sustento”.
