La diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con el objetivo de brindar herramientas a las mujeres víctimas de violencia de género y ayudarlas a transitar el proceso judicial.

La iniciativa prevé incorporar un artículo 26 bis para liberar a la víctima de violencia de género de la carga de notificar al agresor de las medidas preventivas urgentes dispuestas por el juez, colocando esta responsabilidad en cabeza del Poder Judicial. El proyecto se presentó luego de una reunión de diputados del Frente de Todos este lunes en el marco del 8M para consensuar la agenda de género con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

“Actualmente, cuando la justicia dicta una perimetral, es la víctima la que tiene que ir a la comisaría a decirles ‘hay una perimetral, actúen’. Son procesos que están viciados”, expresó Alvarez Rodríguez, que agregó que “por eso proponemos que la notificación sea una carga del Poder Judicial y no quede sobre los hombros de la mujer que denuncia un hecho o situación de violencia”. 

La legisladora oficialista explicó que “esta práctica expone a las mujeres a situaciones de revictimización en sede policial, donde en ocasiones reciben un trato inadecuado o se minimiza la violencia de género”. 

El proyecto también dispone modificar el artículo 32 de la ley, que es aquel que contempla las sanciones al agresor que incumple las medidas preventivas o de protección. Con esta modificación, ante la denuncia de la víctima por el incumplimiento de la o las medidas dispuestas, el juez estará obligado a reverlas, modificándolas o ampliándolas con el fin de asegurar protección a la mujer.

En este sentido, frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el juez deberá proveer un sistema de monitoreo, alerta y localización georreferenciada.

Además, se incorporan una serie de sanciones destinadas a compeler al agresor a cumplir con las medidas dispuestas, como la retención de la licencia de conducir, el pasaporte, la prohibición temporal de ingreso al club de interés del agresor y/o a eventos sociales o la realización de trabajos comunitarios.