A un mes del joven apuñalado por su mujer, su familia pidió que se trate la “Ley Alejo”

“Quiso denunciar a la madre de su hijo, pero en la comisaría no se la tomaron por ser varón”, señaló su hermano, Leonel Oroño, que se presentó en el Congreso para pedir el tratamiento del proyecto.

El hermano de Alejo Oroño, junto al diputado Eduardo Cáceres y el abogado de la familia de la ONG “Usina de Justicia”.

El caso del asesinato de Alejo Oroño, muerto de una cuchillada en el corazón asestada por su pareja, de 24 años, despertó gran polémica acerca de la necesidad de abordar la violencia no solo desde la exclusiva perspectiva de las mujeres. “Alejo quiso denunciar a la madre de su hijo, pero en la comisaría no se la tomaron por ser varón”, señaló su hermano, Leonel Oroño, que se presentó en el Congreso de la Nación para pedir se trate la “Ley Alejo”. En el último mes, se conocieron al menos 9 víctimas.

Su caso conmocionó al país, porque el crimen quedó registrado por una cámara de seguridad de un supermercado, que muestra cuando una joven le clava un cuchillo en el corazón, en plena vía pública del partido bonaerense de Hurlingham.

“Ella le pegaba, le gritaba, no le dejaba ver al nene. Él jamás le pegó”, aseguró su hermano que se presentó esta semana en el Congreso de la Nación para pedir Justicia y que se trate la “Ley Alejo”. “Pedimos que Nadia (su pareja) no salga, y que pague por lo que hizo. Que no la larguen solo por ser mujer”, manifestó en la reunión que mantuvo con el diputado nacional, Eduardo Cáceres, que junto a 14 legisladores presentaron un proyecto que extiende la Ley Micaela, para que el personal del Estado -en especial el policial y judicial- reciba capacitaciones sobre violencia desde la perspectiva de diversidad de géneros (incluyendo varones, transexuales y transgénero).

“Es muy importante abordar esta problemática desde la educación, llevando a la sociedad un mensaje para identificar las relaciones tóxicas, que terminan en violencia”, dijo Cáceres y agregó: “Hay que borrar la grieta de géneros y no politizar tomando partido sólo por un sector social, la violencia no tiene género, sólo si trabajamos juntos y analizamos la problemática de una manera integral, podremos evolucionar y acabar con los distintos tipos de violencia”.

En tanto, el abogado de la familia Oroño, perteneciente a la ONG “Usina de Justicia” aseveró que “como a Úrsula, a Alejo lo mató el sistema judicial porque no le tomaron la denuncia cuando necesitó hacerlo. Hay abuso de género pero esto no puede eclipsar la vulnerabilidad que también padecen hombres, esto no pretende minimizar la lucha de las mujeres, una vida es una vida”, dijo el Dr. Fernando Soto y describió que “no hay protocolos de violencia ni formularios especiales en comisarias para atenderlos a ellos”.

La iniciativa, logró la rápida adhesión de más de una decena deee ONGs, como Infancia Compartida, Aafani, Papás en Lucha (San Juan), No más hijos rehenes, Papás en Lucha, Infancia X+Justicia (Mendoza), Adnap (Córdoba), A.P.A.U Asociación de Padres Autoconvocados del NOA, El Amor puede Más (Chubut), Crecer en Familia (Tucumán), Fundación Lazos, Padres Víctimas de Violencia, Movimiento de profesionales víctimas de falsas denuncias, Hombres Víctimas de Falsas denuncias (Mendoza) y Padres Autoconvocados de Quilmes, entre otras. Además de psicólogos, intelectuales y hasta abogados, porque además reconoce, por primera vez, el impedimento de contacto con los hijos, los escraches en redes sociales y las falsas denuncias como “maltrato psicológico,” para terminar con los abusos del sistema y proteger a las verdaderas víctimas. También crea comisarías especializadas capaces de atender las diferentes formas de violencia, garantizando el cupo igualitario de atención para evitar desestimen las denuncias por el género o su condición sexual y una línea telefónica gratuita de asistencia.

“La Ley Alejo busca la igualdad y protección de las víctimas sin importar su género”, valoró Eduardo Awad, actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que respecto a las falsas denuncias y el impedimento de contacto contra los hijos, como flagelos que sufren -principalmente- los varones, aseguró que “Son temas sumamente sensibles que se perciben en los tribunales en conflictos de divorcio, pero no hay ninguna estadística pública ni oficial para determinar estos abusos del sistema”, dijo y advirtió que los escraches sociales como método de “Justicia Social”, atentan contra el debido proceso y el principio de inocencia. “Es entendible que, para los jueces, sea más tolerable el riesgo de equivocarse y ordenar la detención o imponer medidas de restricción de un hombre que, a lo largo del proceso, podrá comprobar su inocencia, pero que laboralmente y psíquicamente terminará muy afectado”, remarcó.

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