Por Daniel Bosque. El periodista repasa los tumultuosos acontecimientos en torno a la visita presidencial a Lago Puelo, y las repercusiones en el sector minero.
“El problema de generalizar la teoría de la conspiración es que eleva a niveles supremos de inteligencia a cualquier imbécil” (John Semite).
Y como fruto de la improvisación afortunada o de una jugada dialéctica magistral, la oposición a la minería ha logrado sacar del foco a la espinosa cuestión de la violencia mapuche y poner en un cono de sombra a la “megaminería” como posible autora de los trágicos incendios de Río Negro y Chubut.
La versión ha ganado la prensa y las redes del mundo después de las pedradas increíbles que sufriera el presidente argentino Alberto Fernández, su esposa y comitiva, en una encerrona que originó el enésimo terremoto político en Chubut y pases de facturas soterrados en el problemático Frente de Todos que gobierna el país.
En las horas previas a la visita, nadie creía, tal vez por aquellas cosas de las lejanías, que Alberto pasaría sofocones desde el furibundo sector anti minería. En todo caso se aguardaba la reacción de los lugareños, sobre todo porque buena parte de las 11.000 personas damnificadas, que habitaban en 15.000 has boscosas calcinadas conocen de cerca el conflicto mapuche y su tentación incendiaria, transformada en acto hasta el hartazgo en la Araucanía chilena y cada vez con más frecuencia pirómana en territorio argentino.
Sin ir más lejos, la semana pasada el RAM, cuyo líder Facundo Jones Huala cumple prisión en Chile por asesinato e incendio, amenazaba con convertir en cenizas vidas y haciendas de los huincas (blancos) invasores.
La cuestión mapuche que ha despertado simpatías y revisionismos en las clases medias urbanas y progresistas de la Argentina, Chile y otros países es un conflicto que en repetidas ocasiones se le ha ido de las manos al poder político. Y que tiene mucha más visibilidad, por ejemplo, que el drama de los wichís en Formosa, porque no es lo mismo el monte tórrido del Bermejo que las comarcas andinas paradisíacas que los blancos, en sucesivas oleadas, eligieron para su new age.
Como ocurre con casi todos los incendios intencionales le será difícil a los fiscales y peritos demostrar que han sido los ultras pseudo originarios los ejecutores de la masacre medioambiental, tal como sugiere el gobierno rionegrino.
Pero la llave de judo, viral en las redes, del kirchnerismo y la izquierda cordillerana ha dejado pasmada a la minería: hoy recorre el mundo una versión antojadiza según la cual las mineras, que hoy pugnan por desbloquear la prohibición en la Meseta Central, a 600 kilómetros de distancia, necesita borrar todo vestigio verde para ejecutar sus explotaciones.
Así es como el tema está instalado en millones de celulares del país y del exterior. Sin que la industria minera, que tantas veces reclama y esboza sus argumentos procurando el aval de la sociedad, haya salido a refutar semejantes infundios.
Según fuentes inobjetables consultadas por Mining Press, el mutismo institucional de la industria está generando malestar en el Gobierno nacional. “Ni siquiera repudiaron con un tuit el ataque a Alberto, el presidente que por lejos más se ha definido en favor de la minería desde Menem hasta acá. Nos dejan solos, sabiendo que hay sectores de la política que acusan al gobierno de ser personeros de las mineras y de vivir de cogote cruzado con el sector”, se quejó amargamente el vocero consultado.
El Consejo Federal Minero (COFEMIN) ente formado por las autoridades mineras de todas las provincias argentinas, está discutiendo un borrador de repudio a la violencia de la anti minería contra el primer mandatario. Pero diversos funcionarios provinciales dijeron a este diario que “verían con agrado” que se sumaran expresiones desde la minería privada.
Como otra Ley de Murphy, lo peor que le puede pasar a establishment empresario es la irrupción de una crisis en pleno weekend. Justo cuando sus estructuras corporativas están relajadas y sus consultores apagan los teléfonos o hacen como qué.
En términos de desprestigio este fin de semana se parece, salvando las distancias, a aquel de diciembre de 2019, cuando creció por las redes una movida anti minería y en defensa del agua en Mendoza, con el aliento por detrás de la carpa chica del kirchnerismo nacional, que terminó abortando la reforma de la Ley 7.722.
Pero esto es peor, totalmente inédito. Porque nunca en la historia argentina y pocas veces en la historia de la minería mundial, se ha acusado a la minería moderna de algo tan inconsistente como quemar bosques.
En América Latina, la única minería que destruye los bosques y envenena los ríos es la minería ilegal con mercurio, fomentada por el régimen de Venezuela y tolerada o combatida sin eficacia en regiones Colombia y Perú y Brasil.
La minería -operadoras, proveedores y sus cámaras- puede responder o quedarse callada ante esta inesperada campaña infame, una más en la Babel que es hoy este país y el mundo.
“No puede ser que todas las semanas debamos salir a desmentir algo, cuando no somos faloperos, somos ecocidas o asesinos, mañana seremos depravados sexuales”, se lamenta en un chat un empresario minero.
Al que quiere celeste, que le cueste.
