Los diputados del Frente de Todos y Unidad Federal para el Desarrollo expusieron en el encuentro convocado por la Secretaría de Energía. Qué dijeron.
Durante la primera audiencia pública para definir el precio de las tarifas del gas, la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos) destacó la importancia de este debate “como instancia de participación popular, en un proceso tan importante para las familias argentinas, para nuestros sectores productivos, para nuestra economía, como lo es el debate en torno al precio del gas”.
“Los subsidios representan una política que significa salario indirecto para las familias -continuó-, cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años, marcados por el programa de ajuste y redistribución profundamente regresiva aplicado por el gobierno anterior y un 2020 de pandemia”.
Al momento de tomar la palabra, dentro de una lista de 42 oradores, la economista remarcó “el impacto favorable que tiene la política de subsidios para los hogares y el sector productivo, después de los años de ajuste y recesión macristas y a un año del inicio de la pandemia”.
“Esos subsidios también representan una política de competitividad para nuestras empresas, porque la energía es un vector crucial de competitividad. Estos dos elementos, el de ser salario indirecto y, por ende, impulso del consumo y la demanda, y factor de mejora de la competitividad, hacen de los subsidios a la energía una importante política de fortalecimiento del mercado interno, de la actividad económica y de las exportaciones argentinas”, resaltó la presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados.
La primera audiencia se abocó al tratamiento de la porción del precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) que tomará a su cargo el Estado nacional a través de subsidios, y también a determinar qué porcentaje de las facturas pagarán los usuarios finales.
La audiencia empezó a las 10, convocada por la Secretaría de Energía a través de la resolución 117/20. Se desarrolló de manera virtual y fue presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.
Otro punto que abordó Vallejos es la relación entre los “tarifazos” durante la gestión de Macri y la inflación durante ese período: “Lo que estamos discutiendo aquí es parte del debate, también, sobre la inflación que es un objetivo crítico de la política económica, determinante para el crecimiento real de los ingresos, que son el combustible de la demanda efectiva, que es el verdadero tractor de la producción, de la inversión -inducida por la demanda- y, por supuesto, de la generación de puestos de trabajo que requiere del crecimiento de la actividad”.
Vallejos reforzó cómo los “tarifazos” durante el macrismo alentaron los altos niveles de inflación. “La política tarifaria de aquel entonces, que se popularizó bajo el rótulo de tarifazos, constituyó, junto con la devaluación, uno de los principales motores de la inflación del periodo que, recordemos, terminó el ciclo, a pesar de la política monetaria de ‘emisión cero’, con el nivel más alto en 3 décadas: 55% de inflación en 2019”, precisó la diputada oficialista.
Asimismo, cuestionó que durante el macrismo, además de reducirse los subsidios, los argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas. “Durante esos cuatro años, el Estado redujo los subsidios a las tarifas, pero, en cambio, los ciudadanos y las ciudadanas argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas, con una fenomenal transferencia de recursos hacia las arcas de las empresas del sector. Sólo durante los primeros 2 años de gobierno de Macri esa transferencia alcanzó a USD 16.000 millones”, detalló.
Por otro lado, alertó que, lejos de realizar las inversiones necesarias, las empresas de la producción, el transporte y la distribución fueron protagonistas de la fuga de capitales. “Entre las empresas del sector, la fuga, medida como formación de activos externos, registrados en el balance cambiario del BCRA, entre 2015 y 2019, fue escandalosa”, aseveró, y acto seguido detalló el listado de las mismas.
Por último, en el marco de la pandemia de coronavirus, Vallejos sostuvo que “los argentinos no se han recuperado para absorber mayores aumentos de tarifas. Por eso a esta Secretaría le toca la inmensa tarea y la inmensa responsabilidad de determinar el costo real de producción del gas y la ecuación que asegure que las empresas funcionen y garanticen el abastecimiento de la demanda energética nacional, pero dentro de una lógica de racionalidad”.
Representantes de usuarios y consumidores, asociaciones civiles, legisladores, abogados y economistas, entre otros, coincidieron en que los aumentos de las tarifas de gas no deben afectar los bolsillos de la población. También subrayaron que al informe técnico que presentó la Secretaría de Energía previo a la audiencia le faltaron detalles del costo de gas de boca de pozo.
“No podemos estar hablando de cifras que no son el resultado de un análisis previo que se llevó a cabo por las autoridades. Y esto es lo que está faltando”, planteó Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.
En tanto Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), cargó contra los aumentos de la era Macri. “Los consumidores estábamos esperando que se hubiera hecho alguna revisión de lo que significó entre 2000% y 5.000% de aumento de los últimos años, con audiencias públicas en las que ya estaba todo resuelto”, remarcó.
En representación de las empresas habló Daniel Martini, de la Asociación de Distribuidores de Gas, que engloba a las empresas Camuzzi, Ecogas, Gasnor, MetroGas, Naturgy, Litoral Gas y Ganea. “Resulta necesario finalizar el congelamiento de tarifas y es atribución del Estado decidir la manera en que instrumenta los subsidios, sea a través de procesos de segmentación y/o de la profundización de la tarifa social”, afirmó.
A su turno, José Luis Ramón, diputado y presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sostuvo que los subsidios del Estado en las facturas de gas es una “herramienta” para que este servicio “esté adecuado a la capacidad económica de los hogares y no a las necesidades del mercado dolarizado de las cinco empresas que tienen la concesión de este bien tan preciado”.
Además, el legislador cuestionó a las empresas por buscar incrementar sus ganancias a pesar de la delicada situación social y de haberse visto favorecidas por el gobierno anterior. “La justicia obligó al gobierno anterior a blanquear el valor del millón de BTU, y se supo que es de USD 3,51. Ahora estos cinco empresarios quieren que el promedio sea de USD 7,60″. Y remató: “Le sugiero al gobierno que no haga lo mismo que el macrismo, donde estas cinco empresas obtuvieron 6.800% del ajuste del valor trasladado a los usuarios”.
