La iniciativa presentada por el diputado nacional Luis Ramón fue seriamente objetado desde la producción avícola, especialmente por la Cámara Argentina de Productores e industrializadores Avícolas (Capia).
El proyecto de ley de Etiquetado de Huevos presentado por el diputado nacional José Luis Ramón, en alianza con organizaciones ecologistas y de usuarios y consumidores, fue seriamente objetado desde la producción avícola, especialmente por la Cámara Argentina de Productores e industrializadores Avícolas (Capia).
Ramón, legislador mendocino y presidente del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, admitió ante Infobae que “con los años, tras tener el gallinero en el fondo de la casa, la producción de huevos de gallina ha ido mutando haciéndose cada vez una producción más industrializada. Esto trae como consecuencia sobre el bienestar del animal para la producción de huevos”.
“Hemos verificado que los huevos llegaban al consumidor manchados de materia fecal de los animales y eso ocurría porque en la industrialización de esta actividad comercial comenzó a tener la gallina encerrada en jaulas durante toda su vida útil. En ese encierro hemos visto cosas aberrantes para optimizar el espacio y en la capacidad de darle alimentos y la limpieza de los excrementos. Allí a cuenta del bienestar animal y la calidad del huevo nació la propuesta legislativa”, explicó el diputado nacional, quien aseguró que la iniciativa fue elaborada junto a la ONG internacional, Sinergia Animal y la Asociación de Usuarios y Consumidores (Accuc).
El proyecto tiene como objetivos centrales, “promover hábitos de producción y consumo sustentables para contribuir al fortalecimiento del bienestar animal en los procesos de producción de huevos, y a su vez garantizar el acceso a la información veraz por parte de los consumidores”. Según el legislador, se propone de “una forma más que Argentina se encamine a formas de producción y comercialización más amenas con los animales, en un contexto mundial de transformación hacia la protección del medio ambiente”.
Por último, el diputado dijo que también se plantea una actualización del Código Alimentario Argentino, mientras que Sinergia Animal planteó en sus informes que actualmente en el país hay más de 40 millones de gallinas que viven “en pésimas condiciones, sin poder caminar ni extender sus alas y que padecen problemas óseos crónicos”.
Javier Prida, titular de Capia, explicó que “el proyecto dispara mucha preocupación en el sector productivo. Estamos de acuerdo en que tenemos que ver de qué manera le indicamos al consumidor que tipo de huevo consume. Pero el método y camino que se eligió para hacerlo no es el más saludable, por varios factores, aunque destacamos dos: la cámara no fue consultada, ya que somos la parte más importante de esto. Será algo difícil de poder aplicar conceptos que solo conocemos por declaraciones. Resultan gravosas dichas declaraciones, y en un 95% no se ajustan a la realidad” de la producción avícola.
También Prida consignó que “no hay pruebas suficientes” para que tanto el legislador nacional como las entidades privadas que promueven la norma, en especial Sinergia Animal, los argumentos expresados se hacen bajo “un preconcepto” de los grupos ecologistas y “realmente es difícil poder llegar a un diálogo” sobre el tema planteado.
El presidente de CAPIA explicó que la industria avícola “está fiscalizada por el Senasa, donde se cumple con la normativa que promueva la Organización Mundial de la Salud Animal, la cual es muy exigente y Argentina la cumple. Hoy el 85% de los huevos producidos se hacen en jaulas, y cuando se habla de hacinamiento, esto es mentira y también cuando se habla de que los animales son maltratados”.
El directivo industrial también comentó que el huevo obtenido en jaula cuenta con “mayor huella de agua y de carbono. Además, habría que contar también el daño económico que esto produciría al consumidor. En Francia, un huevo de jaula, que casi no se producen, hay pocos, tiene un costo de 4 euros la docena, mientas que el huevo libre vale de 6 a 8 euros la docena”.
Por ello, Prida se preguntó qué hacer con el consumidor si se viabiliza esta nueva normativa: “vienen las modas de Europa o Estados Unidos, de países ricos y que instalan modas para sus habitantes que tienen un poder adquisitivo más alto que en la Argentina. En Europa, pueden hacer frente a este gasto con un sueldo promedio de 2.400 euros mientras que en Latinoamérica es de 470 dólares. Promover este tipo de proyectos es tirado de los pelos”.
