La Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal realizó este jueves su primera reunión del año, durante la cual el kirchnerismo avanzó con pedidos de explicaciones sobre la situación de Adriana Donato, vocal del Tribunal de Enjuiciamiento, y sobre “las medidas disciplinarias” que el procurador interino, Eduardo Casal, tomó o no respecto al fiscal Carlos Stornelli.

La reunión comenzó con la lectura de notas por parte del secretario de la comisión, y entre ellas se leyó una enviada por Donato, expresidenta del Consejo de la Magistratura, quien defendió que su designación como integrante del cuerpo de asesores de la fiscalía general de la Ciudad “no resulta incompatible con el ejercicio de la matrícula federal, ni me inhabilita para ejercer la representación del Colegio de Abogados de la Capital Federal como vocal del Tribunal de Enjuiciamiento” del Ministerio Público Fiscal.

La abogada aseguró que fue “debidamente designada” y, sobre su actuación en torno al fiscal Carlos Stornelli, sostuvo: “No conozco al fiscal, jamás lo he visto personalmente, no he tenido relación alguna con el mismo y a esta altura debería saber el diputado (en respuesta a Rodolfo Tailhade) que jamás he hecho derecho penal de autor (…). No está en mi conducta, ni lo ha estado, analizar a un funcionario o magistrado por su simpatía política o su militancia”.

Al tomar la palabra, el diputado Rodolfo Tailhade apuntó que “por más buena voluntad que quiera poner”, Donato no puede “de ninguna manera conmover lo que dice una ley nacional”. “La norma que ella invoca no dice nada de lo que está diciendo ella, no la habilita a ejercer la profesión”, señaló, en alusión a la normativa que la abogada utilizó en su misiva.

El legislador K remarcó que “ella es una secretaria del cuerpo de asesores del señor fiscal general de la Ciudad (Juan Bautista Mahiques)”, por lo tanto “no es una abogada que puede ejercer libremente la profesión y, si lo está haciendo, lo está haciendo de manera irregular”.

“Si va a continuar como secretaria letrada tiene que tener la matrícula suspendida”, insistió, para luego enfatizar que existe “una evidente vinculación de la doctora Donato con lo que fue el oficialismo en 2015-2019, lo que fue el macrismo”.

Rememoró entonces que él fue consejero en el mismo tiempo que ella, y calificó a ese período como “una etapa bochornosa del cuerpo”, cuando el Consejo “fue uno de los dispositivos centrales del lawfare”. “Me acuerdo de la suspensión del doctor Freiler, con la participación delictiva de los miembros de la Corte Suprema que retuvieron a un senador en la Corte para retrasar un juramento y conseguir una mayoría artificial”, agregó y acusó que “fue con la responsabilidad directa de la doctora Donato, que era la presidenta”.

Tailhade consideró entonces que Donato “siempre fue funcional” y “nunca representó a la abogacía independiente”. Finalmente, anticipó que irá a la Justicia para “hacer las denuncias penales correspondientes” contra Donato, Mahiques y Casal.

Desde el Pro, la diputada Graciela Ocaña defendió que “no hay ningún tipo de compatibilidad en la función que está llevando de asesora”. Y se preguntó que ante la “transcendencia pública” que tomó la discusión, el Colegio de Abogados “no se haya expresado”. “Tiene vigente su matrícula, lo cual expresa que puede ejercer su rol como abogada”, aseveró.

“Me parece un despropósito dar este debate con las explicaciones que se han dado”, prosiguió la macrista, que reiteró que en su caso “no hay una incompatibilidad” como para “forzar el cambio o la renuncia de uno de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento”.

En la misma línea, el diputado Emiliano Yacobitti manifestó que “hasta ahora los instrumentos que tenemos no nos muestran una irregularidad o incompatibilidad en la designación”. “La respuesta del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para mí fue suficiente”, afirmó el radical, que subrayó que “no es una función nuestra pedirle al Colegio de Abogados un reemplazo”.

“No es la facultad de esta bicameral que se defina la situación de la doctora Donato (…). Me niego a que se vote la desvinculación o no”, enfatizó la senadora radical Silvia Elías de Pérez.

Por su parte, la diputada oficialista Vanesa Siley leyó los artículos del convenio de trabajo a los que hizo referencia Donato, y explicó su interpretación, para alertar que “no se puede estar de los dos lados del mostrador” y, en caso de mantener a Donato en esa condición, “sería un desastre”.

Sobre esto, la legisladora del Frente de Todos pronosticó que se podría ver “a todos los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires yendo al Colegio de Abogados a que le habiliten la matrícula”. “Es muy preocupante la situación que se puede desencadenar”, añadió.

En el final de la discusión, Tailhade admitió que “efectivamente nosotros no tenemos ninguna facultad para sacar a la doctora Donato del Tribunal de Enjuiciamiento”, pero “sí tenemos facultad para decirle al Colegio de Abogados que revise lo que está ocurriendo, en función que no sabe esta situación”, dijo.

“No estoy planteando sacarla a la doctora Donato de los procesos que ya están iniciados”, aclaró y lamentó: “A pesar de que no me genera ninguna garantía de nada”. Por eso, el kirchnerista señaló que “de ninguna manera puede seguir en los eventuales procesos”.

Al cruce salió Elías de Pérez, que denunció que “acá lo que se busca es la mayoría en el jury para poder enjuiciar a Casal, a Stornelli, que parece ser una fijación que están teniendo. A toda costa lo que quieren es cambiar la integración del Tribunal de Enjuiciamiento. ¡No cuenta con nosotros!”. “Queremos y necesitamos una justicia que sea independiente”, exclamó la senadora, que apuntó que desde el oficialismo “lo que quieren armar es el famoso lawfare del que tanto hablan”.

Finalmente, el presidente de la comisión, el senador Martín Doñate, confirmó que se le requerirá al Colegio de Abogados de la Capital que “de manera urgente” dé cuenta de la situación de Donato, y también se le pedirán explicaciones a Casal “sobre qué tiene para decir respecto de esta situación que, a mí criterio, es irregular”.

Cuestionamientos a Stornelli

Durante el encuentro, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun denunció que “es absolutamente preocupante la actitud, la conducta del fiscal Stornelli”, de quien afirmó tuvo “un nivel de connivencia y participación en torno a la construcción del lawfare”.

“No fue solamente de perseguir a opositores, sino de extorsionar a empresarios, de pedir dádivas de acuerdo a si se entregaban o no las sortijas desde su fiscalía”, expresó.

Después se refirió a la supuesta compra de objetos nazi que el fiscal habría realizado, y pidió que se coteje si un número telefónico que aparece en la causa corresponde a él; y además repudió las declaraciones de Stornelli tras el discurso del presidente Alberto fernández ante la Asamblea Legislativa.

La santafesina calificó de “declaraciones bochornosas” las expresadas por Stornelli respecto a la visita del juez Gustavo Hornos a la Casa Rosada durante el macrismo, hecho que lo que hace es “corroborar la existencia de la mesa judicial destinada a perseguir opositores, obturar el proceso electoral y disciplinar a la política”.

Sobre la frase de Stornelli de que un día le gustaría tener “una charla de hombre a hombre” con Alberto Fernández, Sacnun opinó que son una “amenaza” porque “ya está pensando cómo va a instaurar la persecución al actual presidente cuando deje de serlo”.

Desde la oposición, el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, retrucó: “A lo que se refiere Carlos Stornelli es a la cantidad de encuentros que el presidente de la Nación Alberto Fernández tenía habitualmente con él, siendo jefe de Gabinete y en los últimos cuatro años”.

Según el diputado de Juntos por el Cambio, el fiscal hizo alusión a las “decenas de veces que el presidente actual se juntaba con Stornelli” a “tomar café o almorzar”, porque existía una “relación continua y periódica”. Por otro lado, defendió que “la causa de San Martín en ninguna parte queda comprobado que haya comprado algo relacionado al nazismo”.

“A mí lo que me interesa es que Casal explique cuáles son las medidas que ha tomado”, enfatizó Sacnun, que criticó a los legisladores que “se erigen en defensores de Stornelli, de Casal” y “no están de acuerdo con que se eleven notas, se pidan explicaciones” ante “dos cuestiones que tienen una enorme gravedad institucional”.

En el comienzo de la reunión, Doñate despidió al secretario “histórico” de la comisión, Matías Arregger, quien renunció para asumir un nuevo trabajo en el Consejo de la Magistratura.

Además, se formalizó el reemplazo del santacruceño Pablo González -quien renunció como diputado para asumir la presidencia de YPF- y en su lugar pasó a conformar la comisión la diputada oficialista Mara Brawer.

También, el presidente de la bicameral dijo que se encontraban a “disposición” de los integrantes los informes anuales recibidos del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, ambos “presentados en tiempo y forma”.