Con cambios, recibió dictamen un proyecto para incorporar el acoso callejero al Código Penal

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Banca de la Mujer avalaron la iniciativa aprobada en noviembre de 2019 en la Cámara de Diputados, pero introdujeron modificaciones.

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Tras ser ratificado al frente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli presidió el plenario. (Foto: Comunicación Senado).

Por Melisa Jofré

Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Banca de la Mujer del Senado, presididas por los oficialistas Oscar Parrilli y Norma Durango respectivamente, dieron este lunes dictamen favorable a un proyecto de ley que prevé incorporar el acoso callejero al Código Penal.

La iniciativa para tipificar la conducta recibió media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, pero tras el debate los senadores decidieron introducir modificaciones. Por lo tanto, de ser aprobada en el recinto en la próxima sesión, deberá volver a la cámara de origen para su sanción definitiva.

Al comienzo del debate Durango expresó que “quizás al principio cuando uno lo lee (al proyecto), le parece que es un poco exagerado, pero realmente creo que está muy bien que podamos firmar el dictamen hoy”.

Para la pampeana, hay que avanzar en esta ley en el marco de “la ampliación de derechos de las mujeres y diversidades sexuales”. “Los espacios públicos han sido diseñados y siempre dominados por el varón”, señaló la oficialista, por lo que consideró que “desde la legislación tenemos que instaurar la igualdad real de oportunidades y lograr que la calle deje de ser un ámbito hostil para las mujeres“.

Autora de un proyecto similar, la radical Silvia Elías de Pérez sostuvo que “a veces nos cuesta visibilizar algunas cuestiones que durante años se ha tratado de poner como si fueran piropos o cosas que no tienen mayores consecuencias, hasta que ocurren hechos que nos muestran de que claro tienen consecuencias”.

En ese sentido, la tucumana recordó el caso en su provincia de Paola Tacacho, una profesora asesinada por un alumno que la acosaba desde hacía cinco años pese a las denuncias que ella había realizado.

“Nos parece que es hora de que avancemos” con la ley, opinó la senadora y también pidió incorporar al “acoso sexual virtual” porque a las mujeres “nos perturban, nos hostigan, nos intimidan con connotaciones sexuales de manera reiterada, insistente y continua a través de los medios digitales”.

Por su parte, el cordobés Ernesto Martínez manifestó sus “reparos” al proyecto puesto que “no existe en el derecho comparado norma similar a esta que se pretende incorporar, más allá de que reconozco cual es su intencionalidad, porque hacia la mujer siempre se produce un ámbito de incomodidad generalizado en el ambiente público”.

Y entonces advirtió: “Se debe legislar con precisión, bien, no es tan simple modificar el Código Penal a través de una idea, volcarla como una redacción que convalide esa proclama y después entender que eso es una norma penal, porque se puede incurrir en errores transcendentes”.

Además, el macrista mencionó que el acoso callejero está contemplado en varios códigos contravencionales de las provincias, incluso con sanciones y penas mayores.

Sobre ese punto, la santafesina María de los Ángeles Sacnun coincidió que “existen sanciones que son mucho más gravosas que las sanciones que se prevén incorporar al Código Penal”. No obstante, la oficialista ratificó el “espíritu de la norma” por “la importancia que tiene” el tema.

La senadora citó una encuesta que asegura que “el 38,2% de las mujeres sufrió algún tipo de acoso antes de los 13 años”, mientras que “el 94,4% de las mujeres de todas las edades han sido acosadas en la calle”. “Me da orgullo que en el derecho comparado este sea el primer país que atiende esta cuestión y que la incorpora a su legislación interna”, agregó.

Por su parte, el senador Mario Pais coinció con Martínez en que “es una norma que tiene algunos defectos importantes en cuanto a la redacción” y remarcó que “en materia penal tenemos que ser precisos”, por eso recomendó rever un artículo en el cual se hace mención al artículo 59, sobre extinción de la acción penal, porque “no es aplicable a todos los supuestos”.

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Previo al plenario, Norma Durango fue ratificada como presidenta de la Banca de la Mujer. (Foto: Comunicación Senado).

Finalmente, Parrilli afirmó que “tenemos que dar un mensaje claro y contundente de cuál es nuestra postura frente a esto”, por eso consintió avanzar con el dictamen, pero aclaró: “Eso no significa que no podamos hacerle modificaciones que mejoran el proyecto”.

Por eso, en acuerdo con Durango, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales informó que los montos de las multas se mantendrán, pero se agregará el equivalente por Unidad de Medida Arancelaria (UMA) que “de acuerdo a la última actualización de la Corte Suprema de Justicia, de enero de este año, es de $3.862”.

En la nueva redacción se contemplará no solo el “acoso en lugares públicos de acceso público”, sino también “en lugares reservados o privados” como podría ser una fiesta, y la figura del acoso virtual.

Por último, se precisará lo vinculado al artículo 59 del Código Penal -pedido de Pais- y se quitará “Instituto Nacional de las Mujeres”, puesto que hoy existe el Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad, por una aclaración más genérica sobre la autoridad de aplicación a la cual se asignarán los fondos que demande la ley.

El proyecto aprobado a fines de 2019 en Diputados incorpora el artículo 129 bis al Código Penal, por el cual “será penado con multa de 1.000 a 15.000 pesos el que, en lugares públicos o de acceso público, mediante gestos, expresiones, palabras, contacto físico o arrinconamiento no consentido, con connotación sexual, perturbare la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión y siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado”.

Además, “la multa será de 5.000 a 30.000 pesos si la víctima fuese menor de 18 años o el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial penitenciaria. La multa llevará como medida accesoria la obligatoriedad por parte del condenado de realizar talleres o encuentros orientados a la educación, concientización y erradicación del acoso sexual callejero y la violencia de género por un plazo no menor a los tres meses”.

Asimismo, se incorpora a la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la realización de campañas de difusión que contribuyan a concientizar, a dar visibilidad y a desnaturalizar la violencia con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión en el espacio público conocida como “acoso sexual callejero”; y la elaboración de estrategias de atención y acción que colaboren con la prevención y erradicación del mismo.

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