El proyecto fue presentado por senadores de Chubut y Río Negro y declara la emergencia por 180 días en las zonas afectadas. El salteño Romero cargó contra los mapuches y acusaron a Gladys González de ir a “sacarse una foto” al lugar.
Por Carolina Ramos
El Senado aprobó este jueves la declaración de zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva en el departamento de Cushamen, en Chubut, y en El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses. La iniciativa fue presentada recientemente por el chubutense Alfredo Luenzo, sus pares Nancy González y Mario Pais, y los rionegrinos Silvina García Larraburu, Martín Doñate y Alberto Weretilneck.
Si bien el proyecto no formaba parte de la sesión, los bloques llegaron a un acuerdo para incorporarlo sobre tablas, y finalmente se aprobó por unanimidad (59 votos), por lo que ahora resta su tratamiento en la Cámara de Diputados. Pero a pesar del rápido acuerdo alcanzado, el debate tuvo algunos cruces picantes entre senadores del oficialismo y la oposición.
La emergencia será declarada por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo, y “se complementa con la respuesta que está dando el Gobierno nacional”, según explicó el senador Luenzo. “Es un instrumento que le permite al Ejecutivo tener las herramientas legales necesarias para consolidar el primer tramo de respuestas”, precisó el oficialista.
Al inicio del debate, el senador Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) advirtió que “estamos atacando las consecuencias y no las causas” y pidió incorporar al proyecto la cuestión de la seguridad. “Se ha instalado una violencia con ocupación de tierras, ataque a personas, quema de edificios, y hay grandes probabilidades de que los incendios a los cuales nos estemos refiriendo hayan sido causados intencionalmente”, denunció.
El salteño alertó que “tanto el gobierno de Chubut como el de Río Negro no tienen control sobre su territorio, y la Nación está haciendo una tolerancia enorme en proteger a los grupos violentos, en no aplicar el imperio de la ley, en que la Justicia no funcione”.
Acto seguido, habló de la supuesta violencia “de quienes se dicen mapuches, porque me consta que la gran mayoría de nuestros hermanos mapuches viven pacíficamente, pero hay sectores de ellos infiltrados por grupos violentos”.
Tiempo después llegó la respuesta de la chubutense Nancy González, quien recordó que “ni bien llegó el ministro de Ambiente (a la zona), lo primero que hizo fue una denuncia penal por los incendios”.
“No voy a permitir que traten a los pueblos originarios como los causales de estos incendios cuando la Justicia está investigando. Nuestros mapuches no son para nada violentos y el pueblo de Chubut tampoco”, se defendió, y remató: “Podemos fallar, pero seguridad tenemos”.
Del mismo modo, Luenzo se opuso a la propuesta de Romero y pidió trabajar, en cambio, en incorporar los delitos ambientales al Código Penal para llenar el vacío legal hoy existente. “No estigmaticemos a los pueblos. El peor error es que generalicemos. Si hubo incendios intencionales, que se juzgue a los responsables”, dijo, para dar por terminada la discusión.
En otro pasaje del debate, Gladys González, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, comentó que recorrió las zonas afectadas: “Lo que se vivió y se está viviendo es una tragedia”.
“No hablamos solo de bosques nativos ni de plantaciones: hablamos de las viviendas de más de 350 familias que perdieron todo. Se quedaron sin nada, literalmente”, lamentó, y agregó que además “no tienen luz ni agua”, y por eso “necesitan que la ayuda se sostenga en el tiempo”.
La senadora encendió la polémica al expresar que vio “mucho desorden” en la zona, y pidió a los gobiernos en sus distintos niveles que “ordenen la ayuda”. “Hay familias que están construyendo sus viviendas de manera precaria sobre terrenos que no son firmes”, advirtió, al mencionar la posibilidad de derrumbes o aludes con las lluvias.
Nuevamente fue la chubutense González quien recogió el guante. “No se van a construir viviendas sobre terrenos que se van a derrumbar el día de mañana, porque están trabajando con responsabilidad tanto desde el Gobierno nacional como los gobiernos municipales para que esas viviendas tengan seguridad”, retrucó.
Y luego cargó directamente contra la senadora del Pro: “No es ir a la zona, sacarse una foto y volver a Buenos Aires. Es mirar cómo se está trabajando. Nunca los intendentes de la zona ni el Gobierno nacional van a arriesgar vidas”.
Intervino entonces el fueguino Pablo Blanco (UCR), quien salió en defensa de Gladys González. “Ningún senador de nuestro interbloque fue a sacarse una foto. Fue a ver la realidad de lo que estaba sucediendo”, aclaró, y lamentó tener que “soportar opiniones de senadores que creen que el único negocio es la grieta”. “Acá está la necesidad de la gente, nadie quiere sacar un rédito político”, acotó.
Al defender el proyecto, Luenzo hizo un repaso por la asistencia brindada desde el Gobierno nacional, con “una inversión de casi 700 millones de pesos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con tres aviones hidrantes, tres helicópteros, cuatro autobombas y brigadistas de toda la Argentina”.
También mencionó el Programa “Casa Propia-Construir Futuro” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para “la adquisición de 350 viviendas precarias o de rápida ejecución para las familias que se han quedado en la calle y con lo puesto”. Y habló de “170 millones de pesos del Ministerio de Obras Públicas para la reconstrucción de las redes de agua potable y energía”.
Por último, informó que la ANSES dispuso que en Cushamen las jubilaciones y pensiones no contributivas de hasta dos haberes mínimos recibirán medio haber mínimo extra, y se duplicará por un mes el monto de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, lo que hace a una erogación total de 52 millones de pesos.
La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.
También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.
Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.
Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.
