El reciente lanzamiento del Consejo Económico y Social, encabezado por el presidente de la Nación Alberto Fernández, ha suscitado todo tipo de debates y posiciones en la esfera política de la Argentina. Es un ámbito institucional creado con el propósito de intercambiar y resolver sobre cuestiones fundamentales para el país, en materia de políticas económicas y sociales, en el difícil contexto que está atravesando nuestro país y el mundo entero a raíz de la pandemia por Covid-19. 

No se trata de una medida tan novedosa, dado que el primer anuncio fue previo a la pandemia y formó parte, de hecho, de la campaña electoral de Fernández. Desde luego, los efectos que la misma ha provocado en la economía del país resignifican sus tareas, que se vinculan, según el presidente, con la recuperación económica y social, con eje en educación, empleo, jubilaciones, economía popular, desarrollo regional y ciencia y tecnología. Todos ellos tópicos centrales para el desarrollo del país. Sin embargo, no constituye una mera mesa de diálogo en la que consensuar en materia de salarios y políticas sociales sino también en la que elaborar y desarrollar proyectos productivos a mediano y largo plazo. 

En la historia argentina se han sucedido, en distintos momentos históricos, otras iniciativas de este estilo, tendientes a lograr un objetivo fundamental en situaciones de crisis: que las patronales y las representaciones sindicales de los trabajadores se sienten en la misma mesa, dejando diferencias de lado y tratando de consensuar una línea económica en común para superar contextos adversos. Sin ir más lejos, el famoso Pacto Social Gelbard que impulsaron Perón y Gelbard en 1973 constituye un fuerte antecedente. Anteriormente, a mediados de la década de 1950, el peronismo había impulsado el Congreso Nacional de la Productividad y Bienestar social, que sin dudas significó un cambio en los parámetros intercambio entre los actores sociales más relevantes, tanto en términos objetivos como simbólicos. Es innegable, asimismo, la experiencia que este tipo de consejos ha constituido en otros países. En concreto, el Consejo Económico y Social español –uno de los modelos tomados por Argentina –se ha convertido en un ejemplo para los consejos del mismo tipo en el resto de los países de Europa. 

El hecho de que se haya acelerado la creación del Consejo responde, sin dudas, a la decisión del Ejecutivo Nacional de ofrecer a los mercados internacionales –y en especial al Fondo Monetario Internacional –una mayor certeza económica basada en el consenso interno entre sectores estratégicos de la sociedad. Los temas más relevantes de la reunión fueron, en efecto, la inflación, la deuda externa –de la que se logró una importante reducción –y el problema salarial. El gobierno nacional ya venía dando algunas muestras de la intención de avanzar en ese sentido, con declaraciones del Ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el objetivo de lograr que el salario crezca más que los precios y, también, alrededor de la necesidad de estabilizar el cambio como forma de estabilizar la economía. No se trata del único guiño al bolsillo de los trabajadores: se estima que uno de los objetivos del Consejo será la eliminación del impuesto a las ganancias, un reclamo que ha cobrado cada vez más fuerza del lado de las representaciones sindicales. 

A cargo de la presidencia del recién inaugurado Consejo se encuentra Gustavo Béliz, actual secretario de Asuntos Estratégicos, y hombre de larga relación con Alberto Fernández. La elección de Béliz claramente tiene que ver con experiencia que lo precede, ya que hace treinta años que se desempeña en tareas vinculadas con el desarrollo social, económico e institucional, cumpliendo funciones incluso en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha formado parte de diferentes gabinetes peronistas, en el gobierno del exmandatario Carlos Menem y también del expresidente Néstor Kirchner, en el que se desempeñó como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.  

Sin lugar a dudas, decisiones de envergadura que se tomen considerando no uno sino varios puntos de vista serán más eficientes, funcionales y contribuirán de una mejor forma al bienestar común, más si se tiene en cuenta que se trata de instancias de diálogo institucionalizadas y en las que el Estado juega un rol primordial. En los últimos años, los diferentes caminos adoptados desde los ámbitos de gobierno han resultado infructíferos en la resolución de problemas económicos tanto coyunturales como estratégicos, es por ello que el camino elegido por el actual Ejecutivo, en común con los distintos ministerios y representantes de todos los sectores estratégicos de la economía y la sociedad resulta más que auspicioso para la superación de dificultades económicas que, aunque muchas vienen de arrastre, se han profundizado aún más con las consecuencias de la pandemia. Los resultados están por verse, pero es innegable que el funcionamiento de una instancia multisectorial constituye un claro avance en ese sentido y un acierto del gobierno como apuesta al diálogo. Lo único que pide el pueblo argentino es que se puedan tomar las medidas pertinentes para lograr un plan de diez años en materia económica para poder sacar adelante a la República Argentina.