Aprueban un proyecto de ley para la implementación de la Educación Ambiental Integral

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Qué prevé la iniciativa.

El diputado Leonardo Grosso cerró el debate. (Foto: HCDN)

Por 215 votos positivos, 7 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley para implementar la Educación Ambiental Integral (EAI) en todo el país.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, busca establecer la EAI como un derecho, conforme a la Constitución y un conjunto de leyes y tratados internacionales.

Los votos en contra fueron los del radical Gonzalo Del Cerro y los diputados del Pro Alicia Fregonese, Martín Grande, Gustavo Hein, José Luis Patiño, Francisco Sánchez y Pablo Torello.

Con la presencia del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en el recinto, la diputada Blanca Osuna sostuvo que “la responsabilidad que tenemos ahora es que con esta ley, además de establecer el derecho a la educación ambiental, aportemos a algo complejo, que es que las herramientas en materia de gestión pública contribuyan a la coordinación que necesariamente tiene que darse entre los responsables de las políticas educativas y quienes lo están en materia de políticas ambientales: estamos hablando del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Sustentable y sus equipos”.

La diputada del Frente de Todos por Entre Ríos señaló que “quienes tenemos trabajo en gestión, sabemos lo complejo que es la articulación, la vinculación y la coordinación. La ley pone el acento en estos temas y al mismo tiempo describe formas de gestión. ¿Cuáles? Desarrolla instrumentos como la estrategia nacional de educación ambiental integral y la estrategia jurisdiccional y el  método de trabajo con las universidades”.

“Una sociedad no solo se define por lo que crea o por sus leyes, sino por las grandes definiciones; cuando se decide qué cosas cuidar. Lo que está en juego es nuestra propia dignidad; el Papa diría qué mundo dejarles a quienes nos sucedan, y seguramente esta ley será  un aporte sustancial para que esto suceda”, concluyó la diputada Osuna.

La rionegrina Ayelén Spósito habló a continuación afirmando que “con esta ley pensamos generar conciencia ambiental. Lograr este gran paso, nos va a convertir en una sociedad más saludable, porque con esta ley buscamos vivir en un ambiente sano, digno, respetando las diversidades culturales. Con esta ley vamos a lograr que las nuevas generaciones crezcan con conciencia ambiental”.

En su mensaje repudió también las declaraciones de funcionarios que sindicaron a los mapuches como autores de los incendios que está sufriendo la Patagonia, y puso como prueba que la primera víctima fue una persona de esa comunidad. También liberó de responsabilidades a las personas pobres, principales víctimas de los incendios, agregó.

“Aviso que les patagónicos estamos más fuertes que nunca; nos seguimos formando y les patagónicos vamos a defender nuestros recursos naturales, porque hay muchos malintencionados que quieren venir por la Patagonia y no lo vamos a permitir”, advirtió.

El diputado Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos – La Pampa) se refirió a la ley para implementar la educación integral en la República Argentina y consideró que “venimos perdiendo la batalla en la defensa del ambiente”. Recalcó que “el tema de la educación ambiental integral es una piedra basal en el mundo que se viene” porque “la preservación del ambiente es una cuestión de responsabilidad social de todos y de todas con las futuras generaciones”, a la vez que reclamó que no sirve quedarse en “lo declamativo”. Aprovechó la ocasión para referirse al conflicto con Mendoza por el Río Atuel, al respecto del cual sostuvo que “el Gobierno de la provincia de Mendoza nos ha extirpado, nos ha robado el río Atuel desde hace 60 años” y se dirigió a las autoridades mendocinas para exigir: “Basta, devuélvannos el río”.

“Con esta ley hoy saldamos una deuda constitucional que va a permitir generar una estrategia de educación ambiental en la Argentina”, apuntó a su turno la diputada del Pro Gisela Scaglia, quien precisó que “es un aporte el que hoy estamos haciendo para ponerle freno a la crisis ecológica y mitigar el cambio climático. Vamos a incorporar hoy una norma que apuesta a cambiar la cultura, que busca ver al ambiente no como un objeto a nuestro servicio, sino como parte constituyente de nuestra vida, de nuestras experiencias, de nuestro presente, pero sobre todo de nuestro futuro”.

Por su parte, el diputado de la CC – ARI Maximiliano Ferraro sostuvo que “esta ley era necesaria, prioritaria y una de las grandes deudas pendientes que teníamos en este parlamento. Vamos a acompañar el proyecto en general porque destacamos la importancia de legislar en materia de Educación Ambiental y de crear instrumentos de política pública para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030”.

“Esta ley nos va a permitir abordar los graves problemas ambientales del presente y construir nuevos saberes y poner en jaque los viejos paradigmas con los nuevos paradigmas en favor de una sociedad más ecológica, justa y equitativa que cuide y proteja nuestros bienes comunes”, agregó el legislador de Juntos por el Cambio.

La diputada Beatriz Avila señaló por su parte que “los efectos de la degradación ambiental no solo son catastróficos para la salud del ser humano, sino también para nuestra flora y nuestra fauna, pero también hay efectos económicos que pueden ser desastrosos y que nosotros en la Argentina no escapamos. Según el Banco Mundial, las estimaciones más conservadoras colocan al costo de la degradación ambiental enn Argentina en el 8,11% del PBI. Realmente es un tema no menor y que es fundamental que lo estemos tratando en esta sesión”.

“La clave para que esta ley constituya una herramienta estratégica y que se genere una verdadera política pública educativa ambiental es que tenga una proyección y una visión federal, que integre a la Nación con todas las provincias”, concluyó la legisladora tucumana.

Los cierres

Sobre el final del debate, la radical Brenda Austin celebró que “después de tanto camino recorrido la Cámara se apreste finalmente a sancionar este proyecto que incorpora la educación ambiental en los contenidos curriculares”. La diputada cordobesa aprovechó la presencia del ministro Cabandié para pedirle que concurra a la comisión.

“Cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de una triple dimensión -agregó-.  Una dimensión que tiene que ver con el desarrollo social, esto es las condiciones en las que viven las personas; la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, la conciencia de que los recursos de la naturaleza no son infinitos, y que cuando pensamos en modos de explotación, tienen que ser sostenibles. Lo tercero, el desarrollo económico”, y pidió entonces que “superemos los dogmatismos en los que nos paramos. El mundo al que algunos con añoranza quieren volver, es prácticamente imposible hacerlo”.

Luego fue el turno de la diputada de La Cámpora Daniela Vilar, quien agradeció “a dos grandes militantes, nuestro querido Pino Solanas, y a nuestra compañera pedagoga Adriana Puiggrós”. Para la legisladora se trata de “una ley absolutamente completa, fundamental, y coincidimos todos y todas en que la educación es trascendental para nuestro pueblo. Tal vez en lo que no coincidamos es en la perspectiva”.

Vilar planteó que “la educación es absolutamente necesaria para construir el sentido contra hegemónico que muchas veces se quiere imponer cuando la pedagogía no es la pedagogía de la educación”. En su discurso, Vilar habló de una “concentración de la riqueza escandalosa”, y advirtió que “no hay forma de lograr sustentabilidad de nuestro planeta, de nuestro desarrollo, con un esquema tan desigual”.

“Por eso tenemos que disputar la construcción del sentido de este modelo –agregó-. Porque hoy sigue siendo un modelo injusto”.

En otro pasaje pidió asumir que “esta crisis global que es de origen zoonótico, no nos puede permitir aceptar tímidamente y livianamente que entonces las vacunas nos van a llegar cuando a las grandes  potencias y a un par de laboratorios se les ocurra. Eso tiene que ver con la construcción de sentido respecto de lo ambiental también”.

Por último, el diputado Leonardo Grosso también recogió el mismo tema para advertir sobre el destino de las vacunas: “El 11% de la población mundial adquirió el 49% de las vacunas”, señaló, precisando que el 89% del resto de la población mundial recibió el resto de las dosis. “Hasta acá no aprendimos nada, parece que todo va a seguir igual, o lo que es más triste, peor aún. Por eso para nosotros hay que fortalecer el rol del Estado”, aseguró.

“Por eso para nosotros discutir una ley como esta que establezca que esta perspectiva se discuta en el conjunto del sistema educativo es fortalecer el rol del Estado. Algo de eso estuvimos haciendo también, porque lo que el Estado no regula, el mercado lo destruye o lo distribuye mal. Y estas podrían ser dos grandes enseñanzas de esta crisis”.

“Hay un antes y después de esta ley en dos problemas fundamentales: la dirigencia política del mundo tiene una ceguera epistémica, no ve la crisis ecológica y es momento que abra los ojos; y el otro es la falsa contradicción que tenemos como sociedad entre desarrollo y ecología. Para resolver estos problemas, la educación es una enorme herramienta que nos permite incluir a la población en el debate”, resaltó Grosso.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de la Cámara de Diputados apuntó nuevamente que “no hay posibilidad de desarrollar un modelo  neoliberal y ser económicamente sustentable. No hay posibilidad, es una contradicción en sí misma”. Y a partir de eso la emprendió contra la oposición recordando su pasado de Gobierno. El legislador oriundo de San Martín recordó que “durante el Gobierno anterior se le sacó un terreno a la Universidad Nacional de San Martín para dárselo a una empresa privada, y ahora todos elogiamos y usamos los barbijos que hizo esa Universidad. Entonces cuando se habla educación y se la pone como ejemplo en Educación, hay que tener memoria y empezar por el ejemplo en casa”.

Qué dice la ley

En el texto, se define a la EAI como “un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”.

El proyecto prevé una “Estrategia Nacional” como instrumento de planificación, la cual será coordinada entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación, con competencias y facultades diferenciadas. A su vez, se articulará con las universidades, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

También se crea la “Coordinación Ejecutiva” de dicha estrategia, con representación de distintos sectores y un Consejo Consultivo de asesores, entre los cuales podrán ser parte legisladores de las comisiones de Ambiente y Educación del Congreso.

Esa Coordinación “se convocará en un plazo no mayor de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley y realizará una revisión y actualización de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral que refleje los consensos alcanzados y establezca el marco operativo para su implementación”.

A su vez, se incorpora al artículo 92 de la Ley 26.206 -de Educación Nacional- que formará parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones: “La toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños”.

Entre otro de los puntos, establece que cada Día Mundial del Ambiente (5 de junio) cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el ‘Compromiso Ambiental Intergeneracional’ en el cual, en diferentes ámbitos de la sociedad, niños y niñas, jóvenes, personas adultas mayores, funcionarios y funcionarias de gobierno, atendiendo a la efectiva participación de pueblos indígenas, tengan la oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones sucesivas”.

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