La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo fue aprobada en la sesión de la Cámara de Diputados. Pasa al Senado.
Durante la extensa sesión de la Cámara de Diputados, se dio media sanción a un proyecto que busca adecuar la Ley de Régimen de Prevención y Control del Dopaje en el Deporte al nuevo Código Mundial Antidopaje 2021. La votación resultó por unanimidad, con 240 adhesiones.
La iniciativa fue enviada por el Gobierno y defendida días atrás, durante el debate en comisiones, por la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, y el presidente de la Comisión Nacional Antidopaje, Diego Grippo, quienes pidieron por su pronta sanción dada la proximidad de la Copa América y los Juegos Olímpicos de Tokio. Según detallaron, Argentina debería tener la nueva norma antes del 12 de abril.
“Es un proyecto que viene a modificar la ley antidoping que la Argentina tiene”, puntualizó el diputado oficialista Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, quien apuntó que los objetivos son “la prevención y la lucha contra el dopaje en el deporte, sobre la base del juego limpio”.
Agregó que las modificaciones son “urgentes”, pues deben aprobarse antes del 12 de abril, para que “la Argentina pueda seguir dependiendo de ella sola y no requerir una autorización especial para todo lo que es la alta competencia: Juegos Olímpicos, Paralímpicos, Copa América”.
Resaltó además la colaboración de la oposición en este tema en el que tuvieron que trabajar con muy poco tiempo, y destacó que “las penas se han adecuado a tiempos menores para permitir adecuarse a lo que es una vida competitiva útil de deportistas de alto rendimiento”.
También hizo uso de la palabra por Juntos por el Cambio el diputado Héctor Baldassi, quien apoyó este proyecto proveniente del Poder Ejecutivo y habló en ese sentido de “política de Estado” y de la necesidad de dejar de lado las diferencias “y concentrarnos en las coincidencias”.
Recordó que en 2017 se hicieron modificaciones que mejoraron los mecanismos de información sobre sustancias y métodos prohibidos y se establecieron parámetros para que “el dictado de normas antidopaje sean precisas y no capciosas y ambiguas”.
“Vamos a apoyar este proyecto que es muy importante para nuestros deportistas”, concluyó.
Carmen Polledo (Pro) apuntó por su parte que “trabajando juntos por un objetivo común pudimos obtener un dictamen muy rápidamente, como lo hicimos cuando fue necesaria la ley para comprar vacunas, y como lo haremos siempre que se trate de algo lógico, razonable y para el beneficio de todos los argentinos”.
Por su parte, el diputado oficialista Mario Leito celebró la reunión conjunta entre las comisiones y destacó “la mirada que tenemos sobre el deporte argentino”, resaltando fundamentalmente el deporte social, donde se le debe brindar a los chicos la posibilidad de estudiar y poder estar paralelamente en algún club. Ello contribuye, dijo, en “poder sacar a los chicos de esa situación de peligro que hoy encuentran en las calles”.
El proyecto, que consta de 74 artículos, modifica 66 artículos de la Ley de Régimen para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, sancionada en originalmente en 2013, y que sufrió modificaciones a raíz de las diferentes enmiendas que había tenido el Código Mundial Antidopaje en los años 2009, 2015 y 2018, hasta que el pasado 1ro. de enero entró en vigencia uno nuevo.
De esta manera, la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca “actualizar y reordenar la ley”, que en su espíritu tiene como objetivo “la prevención del dopaje en el deporte, la lucha contra el dopaje en el deporte sobre la base del principio del juego limpio, y la protección de la salud de los y las que participan en las competencias”.
A través de la propuesta, se incorporan las funciones y responsabilidades de otras personas sujetas a dicho régimen, que no sean los propios o las propias atletas y su personal de apoyo.
También se establecen nuevas disposiciones que hacen a la prueba de la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un o una atleta.
Entre los cambios, se contemplan las conductas que constituyen un incumplimiento de la localización o paradero del atleta; se incluyen como sujetos activos de la infracción de posesión de sustancias o métodos prohibidos al personal de apoyo a los atletas; y se establecen como sujetos activos de la infracción de tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia prohibida o método prohibido, tanto al atleta como a otra persona.
Asimismo, se amplían los alcances de la infracción de administración o intento de administración, complicidad y asociación prohibida, introduciendo como conductas punibles los actos de intimidación o venganza.
Un cambio sustancial, según lo definieron los propios funcionarios que asistieron a defender el proyecto en comisiones, es que “cuando la infracción de las normas antidopaje se deba a una sustancia de abuso, si el o la atleta puede demostrar que cualquier ingesta o uso ocurrió fuera de competencia y no guardaba relación con el rendimiento deportivo, el período de suspensión será de tres meses”.
Ese plaza podrá ser reducido a un mes, si el atleta u otra persona “demuestran que han realizado de manera satisfactoria un programa contra el uso indebido de sustancias aprobado por la Comisión Nacional Antidopaje con el asesoramiento de la Sedronar”.
Otro de los puntos es que, en caso que las federaciones deportivas nacionales por haberse cometido una infracción de las normas antidopaje recuperaran un premio de carácter económico, “deberán adoptar las medidas necesarias para asignar y distribuir ese premio entre los o las atletas que habrían tenido derecho a él si el o la atleta infractor o infractora no hubiera competido”.
El proyecto contempla que “en todos los deportes en los que participen animales en competencia, las federaciones deportivas internacionales o nacionales, las asociaciones hípicas, o las comisiones de carrera, según corresponda, deben establecer y aplicar normas antidopaje para los animales participantes”.
Finalmente, se asignan 110 millones de pesos en favor de la Comisión Nacional Antidopaje, destinada al pago de su personal, el costo de los controles a su cargo, la contribución que corresponde a la República Argentina para el presupuesto de la Agencia Mundial Antidopaje, los programas de educación y la atención del resto de los gastos de su funcionamiento.
