La ley de educación ambiental puede representar un buen paso para desarrollar un proceso de largo plazo, aunque puede tratarse de una nueva iniciativa que naufraga en su implementación total o parcialmente, como varios ejemplos en materia ambiental.  

Argentina cuenta con varias leyes con muy buenas intenciones pero que al momento de implementarse no lo han sido en la escala, dinámica o alcance necesario, tales como las leyes de protección de bosques nativos, de glaciares e incluso la de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Soy partidario de celebrar cuando el Congreso aprueba normas de estas características, pero de festejar mucho más cuando se convierten en políticas públicas o mejor dicho, de Estado, que cambian la realidad que cada vez resulta más urgente cambiar. 

Si bien no hay una definición unívoca y exacta del Desarrollo Sustentable podemos entenderlo como: “La evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida satisfaciendo las necesidades actuales, pero sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras”. 

A partir de este momento histórico podemos preguntarnos: ¿estamos en condiciones de vivir sin complicar a los que nos siguen? ¿somos capaces de comprender que nuestro paso es temporario y que la mejor forma de trascender nuestra existencia es dejando las cosas, al menos, como las encontramos? 

Obviamente, el mero paso del hombre por el mundo impacta en él, y ya somos conscientes de eso, pero nuevamente el desafío que se plantea, en términos reales, es lograr constituir un equilibrio global, que procure neutralizar las externalidades negativas que provocamos. 

El Desarrollo Sostenible se debe construir a partir del accionar y la dinámica de los sectores que componen la comunidad (público, privado y sociedad civil), en función del cumplimiento de su rol y a partir de su compromiso, pero como un escenario de largo plazo que no se enfoque en la ética, la filantropía o la bondad, sino como un buen negocio para toda la humanidad. 

Por esto, el desafío de alcanzar un desarrollo sustentable representa una gran oportunidad, ya que implica que cada actor social asuma un rol con responsabilidad internalizando la necesidad de respetar al otro, algo que a priori, resultaría sencillo y razonable pero que la realidad nos indica que no lo es tanto. 

Si nos referimos al Estado, es evidente su rol de garante de la sustentabilidad ambiental, dado que es el responsable, incluso constitucional, de que podamos vivir en un ambiente sano y para ello, debe regular las actividades sociales y económicas, preserve y fomente el uso racional de los recursos naturales, informarnos y educarnos. 

No obstante, es fundamental ampliar ese rol, y que se constituya como un facilitador de condiciones para que, en conjunto con el sector privado y la sociedad civil, se modifiquen las matrices de producción, de consumo, de transporte y de energía, cuatro factores imprescindibles en nuestra estrategia de país para encarar esta transformación.