Fue en un plenario de las comisiones de Diputados. El proyecto fue presentado por el diputado Fagioli y recibió el respaldo del ministro Daniel Arroyo. Plantea medidas para garantizar derechos de personas en situación de calle.
Un proyecto de ley que busca garantizar derechos básicos de las personas en situación de calle y familias sin techo, bajo el lema “La calle no es un lugar para vivir”, comenzó a ser debatido este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde recibió un fuerte apoyo de funcionarios nacionales.
La iniciativa, presentada por el diputado Federico Fagioli (Frente de Todos) en conjunto con organizaciones sociales, fue tratada en una reunión informativa de las comisiones de Derechos Humanos y de Salud, donde participó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
También respaldaron el proyecto la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso; la secretaria del SEDRONAR, Gabriela Torres; y por las organizaciones sociales lo hicieron Constanza Guillén (Movimiento de Trabajadores Excluidos), Horacio Ávila (Proyecto Siete) y Vanesa Escobar (Nuestra América).
El debate continuará en las próximas semanas y desde la oposición manifestaron voluntad de avanzar en consensos, más allá de algunos cruces políticos que se dieron en el plenario por la situación de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires y la ejecución del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).
Al comienzo de la reunión virtual, Fagioli defendió su proyecto, que fue presentado el año pasado y que volvió a cobrar impulso el 11 de marzo con un acto en el Salón de Pasos Perdidos, que contó con la presencia de Arroyo.
El legislador explicó que el objetivo es “entender esta problemática, diagnosticarla, analizarla, saber cuál es el problema real que tenemos en Argentina, y a partir de ahí generar las herramientas necesarias para poder desarrollar políticas”.
“Yo soy un militante de hace muchos años por los sectores más postergados, en particular de las personas en situación de calle”, relató Fagioli, de 30 años, que vive en un asentamiento surgido de una toma en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires.
El oficialista consideró “fundamental que en Argentina dejemos de mirar para el costado y nos hagamos cargo de esta problemática, que está a la vista de todos”, y agregó que a las personas en situación de calle “se les han vulnerado todos los derechos humanos y constitucionales”.
Fagioli puntualizó que el proyecto, que consta de cinco capítulos, define qué se entiende por “personas en situación de calle”, y fija al Ministerio de Desarrollo Social como autoridad de aplicación de la ley.
Asimismo, se crea una “mesa interministerial” para abordar integralmente la problemática; se enumeran cuáles son los derechos y garantías de las personas y familias sin techo, así como los deberes del Estado; y se suspenden por dos años los desalojos como medida de emergencia.
Entre las propuestas, figura la realización de un censo coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Social, el INDEC y organizaciones sociales para poder tener un diagnóstico unificado e integral de la situación real, que se actualice anualmente.
También se propone la creación de una casilla del Correo Argentino que funcione como domicilio real donde recibir el DNI y la ayuda asistencial; y fundamentalmente la creación de centros de integración social, “que no sean simplemente para dormir sino que tengan un abordaje interdisciplinario”, indicó Fagioli.
Otras de las medidas que figuran en el proyecto son la creación de un línea telefónica de asistencia y un plan de capacitación para los funcionarios públicos que intervengan en esta problemática.
Arroyo destacó que el proyecto es “superador” de las herramientas que existen en la actualidad ya que “va a permitir generar una política pública integral” sobre la temática, y además “es bien significativo para el tema más crítico de nuestro país, que es la extrema pobreza y las personas en situación de calle”.
El titular de la cartera de Desarrollo Social remarcó la importancia de la articulación tanto entre los distintos ministerios como entre jurisdicciones, y señaló que el relevamiento “nos va a dar una metodología única que hoy no tenemos para tener un estado de situación general”.
“Claramente la situación se ha agravado, no solo en términos de números”, lamentó Arroyo, al observar que ya no solo hay personas en situación de calle, sino familias enteras, y a eso se suma el invierno que se avecina. “Pobreza con frío es la peor situación”, dijo.
Arroyo también elogió la creación de centros de integración social, aunque aclaró que a la hora de implementar la ley “la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto”.
A continuación, Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social, consideró “sustancial que se pueda dar visibilidad en la agenda pública a la problemática que ocupa al segmento más castigado, más excluido a la sociedad”, para “que deje de ser parte del paisaje habitual” de las ciudades.
Alonso sostuvo que el proyecto de Fagioli permitirá “dar ese paso superador de las intervenciones que se vienen dando, que más bien tienen una lógica de administrar el problema y no transformar el fondo”.
Por el SEDRONAR, Gabriela Torres coincidió en la necesidad de primero diagnosticar el problema, y aclaró que “no quiere decir que todas las personas que están en situación de calle tengan problemas de consumo”.
La funcionaria explicó que los consumos problemáticos tienen que ver con “calmar el malestar del vivir” y “no se empieza un tratamiento por sacar la sustancia, sino por reconstituir esa vida”.
También participó de la reunión Constanza Guillén, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien advirtió que “la pandemia puso más a la vista un problema que viene de hace muchísimos años”.
Guillén opinó que más allá de los números, “hay que humanizar un poco más la discusión” y habló de los niños que son separados de sus padres, así como del “nivel de violencia” que deben afrontar estas familias y la marginación de las personas trans.
A su vez, Horacio Ávila, de la organización Proyecto Siete -compuesta por personas en situación de calle- sostuvo que “es una oportunidad de hacernos cargo de algo que viene sucediendo hace mucho tiempo”, sobre todo posteriormente a la crisis de 2001.
“A partir del caso de la niña M. hemos escuchado a infinidad de periodistas hablando de las personas en situación de calle. Nosotros estamos organizados desde hace muchos años, evaluamos nuestra problemática desde la experiencia de vida conjuntamente con profesionales”, comentó.
Además, dijo que “hay antecedentes de leyes parecidas” como la 3.706 de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 2010, y agregó que en ese distrito funcionan cuatro centros de integración.
Por último, Vanesa Escobar, de Nuestra América, señaló que se busca un abordaje integral entre los ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Territorial y Hábitat, y Mujeres, Género y Diversidad porque “no es solamente un problema de falta de vivienda, sino que atraviesa toda la vida de las personas”.
Escobar describió la situación que atraviesan estas personas y habló de segundas y hasta terceras generaciones en situación de calle. “Si hay voluntad política de cambiar las cosas, no hay una problemática estructural que permanezca para siempre”, opinó.
