La diputada nacional por Mendoza Jimena Latorre participó de la audiencia pública convocada por el ENRE para debatir sobre la adecuación tarifaria de transición en 2021, donde destacó “la falta de expertise técnica” en el Informe de Auditoria 2020, que “contiene información incompleta y desordenada, donde es notoria la falta de intervención del cuerpo técnico regulatorio y técnico jurídico pero si hay abuso de argumentos políticos en los informes y con una pobrísima solidez para fundamentar”. 

Luego destacó que “éste avasallamiento institucional y normativo empezó con la Ley de Emergencia 27.541 y la declaración de Emergencia Energética”. 

En cuanto a la intervención, Latorre afirmó: “Ha excedido los plazos, sin mostrar resultados, para llegar así a las próximas elecciones con tarifas congeladas. No es más que una politización de los Entes que fiel al relato populista esconde la realidad sólo para ‘contener’ al votante”.  

En ese sentido, se refirió a que la intervención “desconoce” los principios regulatorios y tarifarios consagrados la Ley 24.065 y desconoce la teoría de las nulidades administrativas y es por ello que sugiere la nulidad de la RTI llevada a cabo en 2016, como así también de los nombramientos del directorio anterior, designado por concurso.  

“Pero lo más grave aquí es que no existe informe final del Ente y no podemos analizar si lo que solicitan las distribuidoras está bien o mal, básicamente porque la intervención del Ente no sabe o no quiere determinar cuánto es lo necesario para que las transportistas y distribuidoras puedan prestar un servicio público esencial en condiciones de eficiencia y accesibilidad”. 

Por otra parte, Latorre destacó que: “La energía eléctrica de la argentina deriva en un 60% de hidrocarburos, el valor de producción de esa energía y el nivel de subsidios de la misma aún no se ha decidido por el Poder Ejecutivo y tendrán impacto en los segmentos regulados de la tarifa. Tras haber perdido el carácter técnico y autárquico este ente regulador, es entendible que su interventora esté a la espera de la decisión política de cuáles son los números. Por lo tanto no podemos esperar de esta audiencia más que otra puesta en escena vacía de contenido y de definiciones regulatoria”.  

En este escenario de incertidumbre y ‘transición’ ha trascendido la venta del paquete accionario mayoritario (55,14%) de la Distribuidora EDENOR de Pampa Energía a Edelcos, sociedad de los empresarios Manzano, Vila y Filiberti. Para Latorre “es importante conocer el proceso de cesión, si se contempla el desistimiento por parte de los grupos económicos intervinientes (comprador y vendedor) de reclamos y/acciones en contra del Estado Argentino en tribunales locales y/o internacionales, de forma de liberar al Estado Nacional de contingencias legales futuras; y cuál es la rentabilidad garantizada a los pretendidos cesionarios, en el marco de un proceso de re determinación de tarifas y renegociación de contratos vigentes, recientemente iniciado”. 

“Me extraña que empresarios, que en mi provincia son accionistas mayoritarios de EDEMSA, quieran comprar el paquete accionario mayoritario de otra distribuidora que tampoco retira dividendos y se encuentra en un estado de incertidumbre total acerca de la rentabilidad. Quizá sea mal pensada, o el nivel de altruismo de algunos empresarios argentinos los hace propensos a rescatar empresas deficitarias concesionarias de servicios regulados”. 

“También puede pensarse un escenario en que esas empresas no sean deficitarias, en el que las deudas de éstas empresas quedarán alcanzadas por el ‘Régimen Especial de Regularización de Obligaciones’ que consagró el art. 87 de la LP 2021. Y de tal forma los $18.000 millones que EDENOR le debe a CAMMESA por la energía cobrada a los usuarios y no pagada a la Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista quedarán licuados en un acuerdo discrecional que la misma Ley dejó en manos del Secretario de Energía de la Nación”. 

“Como argentina me preocupa la arbitrariedad y discrecionalidad de la intervención de un Ente que ha perdido su capacidad técnica, los daños emergentes de políticas populistas que significarán subsidios anárquicos, discrecionales e insostenibles en un Estado sin recursos, el deterioro del servicio y la desinversión en infraestructura que significará restricciones e impedimentos para la producción y el desarrollo y por supuesto el daño futuro que estas medidas significarán en juicios millonarios que lamentablemente no pagan los decisores políticos sino todos los contribuyentes argentinos”.  

“Como mendocina, me preocupa que una vez más la fiesta de subsidios para mantener el voto del AMBA a costas del interior productivo y la clase media”.