Indagan sobre las 23 toneladas de cocaína que pasaron por Argentina

El senador Blanco y diputados de la CC ARI presentaron denuncias por la droga ilícita que permaneció varios días en el puerto de Buenos Aires y luego fue incautada en la Operación Atlántico Norte.

Buque CAP SAN ARTEMISSIO. Fuente: Infobae.

Tanto el senador nacional Pablo Daniel Blanco (JxC-Tierra del Fuego) como los diputados Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Juan Manuel López pidieron explicaciones sobre la participación de Argentina en la incautación de cocaína más grande de Europa, conocida como Operación Atlántico Norte. En el operativo se confiscaron 23 toneladas de la droga ilícita que estuvieron varios días en el puerto de Buenos Aires.

El proyecto de Blanco

El senador nacional Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto que exige al Gobierno Nacional información sobre el hallazgo de la cocaína y cómo habría permanecido en el puerto de Buenos Aires durante varios días sin ser detectado.

En el pedido solicita que se detalle “si el Estado Argentino recibió alguna alerta internacional en relación a la existencia de este cargamento en tránsito, inspecciones previstas para ese tipo de tránsito en hidrovía y puertos argentinos según la normativa vigente e inspecciones efectivamente realizadas por autoridades aduaneras, fiscales, sanitarias, de seguridad de la navegación y de prevención del tráfico de drogas entre otras”.

“Este hecho constituye una vergüenza sin precedentes para la República Argentina y un indicador flagrante de la incapacidad del Estado para la lucha contra el crimen organizado y la complicidad por acción u omisión de funcionarios públicos para la consecución de estos ilícitos”, opinó el legislador fueguino.

El senador opositor consideró que de confirmarse su veracidad, estos hechos “ponen en evidencia la ausencia total o cómplice del estado en un espacio de delito y corrupción que mata, genera servidumbre, pobreza, marginalidad y más crimen.” “No sólo se advierte un fallo en las autoridades de seguridad sino también en las aduaneras”.

La denuncia de la CC-ARI

La CC-ARI también pidió explicaciones sobre el tema, al presentar una denuncia ante el Procurador de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Diego Iglesias para pedir una investigación judicial. El escrito está firmado por los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Juan Manuel López.

En la denuncia se exige la necesidad de contar con “un organismo multiagencial en el que se trabajen los casos más complejos con protocolos para mantener la información pero, a su vez, donde policías locales, agentes federales y de inteligencia pueden trabajar en conjunto e intercambiar información de manera segura”.

“El hecho de que las drogas capturadas en Alemania se hayan originado en Paraguay parece indicar que las vías fluviales de ese país con Bolivia son ahora una ruta crucial de transporte de drogas en el camino a los puertos del Atlántico”, alertaron los diputados opositores.

“La pandemia está provocando que los traficantes de drogas se vuelvan más atrevidos en sus métodos, ya que han estado haciendo envíos individuales más grandes a través de múltiples puertos para hacer frente a la interrupción del comercio mundial durante las sucesivas cuarentenas”, agregaron.

La denuncia señala que “en casos de esta gravedad, la inteligencia criminal es la que debe actuar. La Prefectura Naval Argentina y la Dirección General de Aduanas son los organismos que manejan la información. Pero quien coordina y lleva adelante los controles es la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, donde interactúan los organismos mencionados”.

“En el ámbito de la hidrovía existen protocolos de actuación específicos para diversas actividades y situaciones. La negligencia o falta de recursos para la tarea de control y prevención puede provocar hechos de gravedad que constituyen ilícitos y que pueden causar daños materiales o lesiones y muertes en agentes de las fuerzas de seguridad”, se agregó en el escrito.

Por tal motivo, la Coalición Cívica ARI pidió que se considere la investigación de los siguientes delitos: Delitos Contra la Administración Pública, Delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados; Encubrimiento (artículo 277 del Código Penal); Falsedad Ideológica en Documento Público (artículo 286 del Código Penal) y, además, por la violación de la Ley 22415 (Código Aduanero) y sus normas reglamentarias, de la Ley 24093 (Ley de Puertos), de la Ley 27126 (Agencia Federal de Inteligencia) y de la Ley 23.737 (Narcotráfico), como así también por los eventuales actos ilícitos favorecidos por acción u omisión de funcionarios públicos.

En ese contexto, solicitó que se requiera al juez competente para que tome las medidas cautelares para investigar estos hechos y esclarecer la posible existencia de irregularidades por parte de la empresa concesionaria Hidrovía S.A., las acciones realizadas por la AFI referidas a la producción de inteligencia criminal, nómina de funcionarios intervinientes en las operaciones de comercio exterior del buque CAP San Artemissio, entre otras cuestiones.

También se planteó una citación a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic “para que informe sobre el caso particular por la gravedad que revista y sobre los recursos que están afectados al control de la hidrovía, teniendo en cuenta la permeabilidad de las fronteras que permite el ingreso del narcotráfico al país por diversas vías, en especial la fluvial”.

La Operación Atlántico Norte

En operativos conjuntos entre las autoridades alemanas, belgas y holandesas se completó lo que se considera la incautación de cocaína más grande de Europa y una de las incautaciones individuales más grandes del mundo. El hecho sucedió el 23 de febrero y se encontraron 23 toneladas de narcóticos en los puertos de Hamburgo y Amberes. Esos contenedores habían venido desde Paraguay y habían hecho trasbordo en Argentina.

La información aduanera indicaría que el contenedor estuvo como mercadería en tránsito en el puerto de Buenos Aires desde su llegada el 28 de diciembre de 2020 hasta su trasbordo al buque CAP SAN ARTEMISSIO el 11 de enero de 2021. La justificación de que el envío no fue chequeado en la Argentina se fundamentaría en que, al ser “mercadería en tránsito” no ingresa al país y no requiere de control físico alguno, salvo sospecha fundada y orden de juez competente.

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