Denuncian penalmente a funcionarios de Entre Ríos por “vacunaciones de privilegio”

El diputado provincial Nicolás Mattiauda promovió la denuncia penal contra la ministra de Salud provincial, Sonia Velázquez y el intendente de Gualeguaychú, Esteban Martín Piaggio.

El diputado entrerriano Nicolás Mattiauda.

El diputado entrerriano Nicolás Mattiauda promovió una denuncia penal contra la ministra de Salud provincial, Sonia Velázquez y el intendente de Gualeguaychú, Esteban Martín Piaggio, luego de que la funcionaria “no respondiera satisfactoriamente a las preguntas realizadas respecto a ciertos privilegios en el proceso de vacunación en la provincia”. 

El legislador hizo la presentación en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, con el objetivo de que se “investigue la presunta comisión de delitos de acción pública” en la ejecución del “Plan Estratégico para la vacunación contrala covid-19 en la República Argentina”. 

La denuncia penal, que también lleva la firma del concejal de Gualeguaychú, Pablo Echandi, busca que se investiguen las conductas “antijurídicas objeto de reproche” por parte de los mencionados funcionarios y del secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud de la Municipalidad de Gualeguaychú, Martín Roberto Piaggio, que pueden contemplarse en las figuras de “violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, como así también en la violación de la Ley de Ética Pública”. 

PAE

En el caso de Velázquez, se la incluye por ser “la máxima responsable del área de Salud” de Entre Ríos, y por ende “de la administración de las distintas vacunas en el territorio provincial”. 

Respecto al intendente Piaggio y al secretario de Desarrollo Social de Gualeguaychú, por la “responsabilidad de ambos en la ejecución descentralizada del Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19 en esa ciudad, según instrucciones emanadas del Ministerio de Salud de la Provincia y del Hospital Regional ‘Centenario’, todo ello –como está dicho-acorde a normas y directivas federales”, según la denuncia. 

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