El vicepresidente 2do de la Cámara de Diputados José Luis Gioja (FdT-San Juan) solicitó a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que “se instruyan los mecanismos administrativos para promover las acciones de responsabilidad patrimonial que le caben a los funcionarios que intervinieron en la celebración de los acuerdos en los que Argentina tomó una deuda del orden de los 57 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional”.

El pedido se realizó en consonancia con los dichos del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, donde anticipó que se promoverán acciones penales contra los que endeudaron al país con el organismo de crédito internacional. Gioja apela a la aplicación de la Ley de Administración Financiera (24.156) y a la de Responsabilidad del Estado Nacional (26.944).

La Ley de Administración Financiera, en su Artículo 113, establece que “los funcionarios responderán de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia, en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial”.

Por otro lado, la ley 26.944 de Responsabilidad del Estado Nacional establece que: “La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años”.

“Estimamos que el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación deben arbitrar medios de inmediato para que se articule la acción de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios que intervinieron en la celebración del acuerdo con el FMI en 2018”, reza en los considerandos el proyecto presentado por Gioja.