Luego de la exposición de funcionarios y especialistas, los senadores dieron luz verde a la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja.
Por unanimidad, las comisiones de Educación y Cultura, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda del Senado dieron dictamen este miércoles al proyecto de ley para la implementación de la Educación Ambiental Integral en todo el territorio nacional, con lo cual quedó habilitada para su tratamiento en el recinto próximamente.
La iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, fue defendida durante el plenario -realizado de manera remota- por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cristina Ruiz del Ferrier, quien asistió en representación del ministro Juan Cabandié.
Al cabo de la exposición de los invitados, la titular de la Comisión de Educación y Cultura, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Cristina López Valverde, hizo una referencia a los tratados internacionales y leyes que marcan “una trama importante de legislación, que sumada a esta y a las que vengan, van a producir una especie de sinergia en la trama social. Sinergia que implica cambiar de paradigma”.
La senadora hizo hincapié en la “transversalidad” que refiere la ley en discusión, que beneficiará para que se convierta en “una política pública que permanezca en el tiempo más allá de quienes estén frente a la gestión”.
Habida cuenta de las coincidencias, no hubo debate ya entre los senadores una vez que se retiraron los funcionarios invitados y se invitó a firmar el dictamen, manifestándose todos a favor del mismo. Así, antes de cerrar la reunión, a pedido de la senadora Gladys González se hizo lectura de todos los proyectos que estaban a la vista, algunos que no tienen que ver con una ley de educación ambiental, pero sí con contenido que estará incluido en la norma que quedó lista para llegar al recinto.
En primer lugar expuso el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien aseguró que esta ley “sienta las bases para poder fortalecer y profundizar la implementación de la educación ambiental desde una perspectiva integral en todo el país”. En ese sentido, destacó el “compromiso” del Gobierno de “llevar adelante esta política pública” y “llegar a todos los niveles educativos y a todas las escuelas de nuestro país”.
El funcionario señaló que a pesar de la “crisis ambiental y climática, nuestro país no cuenta hasta el momento con una ley de este tipo”. “El avance de la deforestación, la pérdida masiva de la biodiversidad, entre las problemáticas más acuciantes de la agenda ambiental, deben cruzarse y vincularse con la agenda educativa”, sostuvo.
Trotta recordó que “varios proyectos de ley se presentaron a lo largo de las últimas dos décadas y ninguno logró hasta el momento los consensos necesarios ni la prioridad política para convertirlos en ley”. Mencionó precisamente “dos de ellos que lograron media sanción por unanimidad”, como fue en 2006 el impulsado por Marta Maffei y en 2015 el presentado por Adriana Puiggrós, los cuales “resultan antecedentes en su enfoque y contenidos”.
El titular de la cartera de Educación afirmó que esta iniciativa “alcanza los acuerdos necesarios para su sanción”. “Hemos trabajado fuertemente y en articulación con las distintas fuerzas políticas, actores sociales y jurisdicciones”, continuó.
“Hoy las nuevas generaciones y sectores de la sociedad civil nos instan a actuar e implementar políticas públicas que atiendan el escenario ambiental crítico de nuestro presente, en el marco además de una pandemia que profundiza las desigualdades sociales preexistentes y agudizan el impacto social de las problemáticas sociales que hoy forman parte de una agenda amplia de derechos humanos”, aseguró.
El ministro resaltó además que Argentina suscribió a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y al Acuerdo de París, con lo cual tiene la tarea de “fortalecer las políticas públicas ambientales, alcanzar diferentes objetivos del desarrollo sostenible, y propender a la transición justa y mitigación del cambio climático”, al tiempo de consolidar “los marcos normativos integrales”.
En su exposición, Trotta ponderó que el proyecto delinea “la construcción de una cultura ambiental universitaria”, apunta a “la formación docente y continua”, la elaboración de lineamentos teóricos y metodológicos, y la producción de campañas de sensibilización y formación ambiental, entre otros puntos.
Por su parte, Cristina Ruiz del Ferrier, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, valoró que “estamos cumpliendo con una deuda histórica para nuestra sociedad, tanto en materia educativa como ambiental”.
La funcionaria dijo que la iniciativa “es producto del consenso, del diálogo, del compromiso con el Ministerio de Educación y cada una de las provincias”, y fue elaborada en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente.
Para Ruiz del Ferrier, este proyecto “sintetiza el sentir de una nueva época, a pesar de este contexto de pandemia”. “Aprobar esta ley genera conciencia ambiental y es interpretar lo que nos demanda la sociedad en este tiempo”, insistió.
La subsecretaria explicó que la educación formal estará a cargo del Ministerio de Educación, mientras que la educación en ámbitos socio-comunitarios la llevará adelante el Ministerio de Ambiente.
“Estamos en sintonía con las discusiones que se están dando en todo el mundo, pero en nuestro país en particular por los jóvenes, por el papa Francisco, que nos marca el rumbo al seguir, y también por un senador que ya no nos acompaña, el querido “Pino” Solanas, que fue un precursor en estos temas”, prosiguió.
La funcionaria enfatizó que “la mejor manera de defender nuestro planeta y el futuro es una ley que se vuelva política de Estado”, por eso observó que “esta ley va a ayudar a que las nuevas generaciones incorporen los conocimientos que nosotros en el pasado no hemos podido tener”.
“Con esta ley estaríamos elevando la conciencia, el respeto y el amor por nuestra casa común. Sin educación ambiental no vamos a poder estar a la altura de los desafíos”, cerró.
A su turno, Carlos Gentile, exsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, ponderó que “después de muchos años de trabajo, de batallar para tener una ley de educación ambiental, estamos a un paso de sancionar esta ley. Y nuestro país tiene una larga historia detrás en este tema”.
“Este proyecto de ley en tratamiento recoge un amplio rango del articulado del proyecto que se trató en el Consejo Federal de Medio Ambiente, y eso lo destaco como signo de continuidad de una política de Estado”, expresó.
Gentile destacó que la iniciativa “hace incorporaciones valiosas”, tales como que “insta a la jurisdicciones a elaborar sus propias estrategias”, contempla el Acuerdo de Escazú y “es una ley de presupuestos mínimos, que es algo muy importante”.
“No podemos ni debemos esperar más para contar con un marco normativo que asegure” que la educación ambiental “esté presente en todas las escuelas del país”, aseveró y confió en que “en muy poco tiempo habremos saldado una deuda pendiente y contaremos con una ley de educación ambiental”.
Expuso también Máximo Mazzocco, fundador de Eco House Global, quien advirtió que “hay una gran cuestión que debe suceder en la próxima década, y es que hay que involucrar al ambiente en la ecuación económica. Como sea, por donde sea. Hay que construir colectivamente una o muchas nuevas economías y para eso hay que destronar de su reinado al egoísmo, al individualismo y al sálvese quien pueda entre los distintos partidos políticos”.
“Debemos urgente recuperar el sentido de comunidad”, enfatizó, y en cuyo caso dijo que si lo hacemos, “por efecto dominó recuperamos nuestra humanidad. Y la forma más fácil, efectiva y práctica, es hacerlo a través de comprender las telarañas invisibles que nos sostienen; la conexión integral y sustancial que existe en la biósfera, y entre todos los seres humanos”.
El proyecto busca establecer la Educación Ambiental Integral (EAI) como un derecho, conforme a la Constitución y un conjunto de leyes y tratados internacionales.
En el texto, se define a la EAI como “un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”.
La propuesta prevé una “Estrategia Nacional” como instrumento de planificación, la cual será coordinada entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación, con competencias y facultades diferenciadas. A su vez, se articulará con las universidades, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
También se crea la “Coordinación Ejecutiva” de dicha estrategia, con representación de distintos sectores y un Consejo Consultivo de asesores, entre los cuales podrán ser parte legisladores de las comisiones de Ambiente y Educación del Congreso.
Esa Coordinación “se convocará en un plazo no mayor de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley y realizará una revisión y actualización de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral que refleje los consensos alcanzados y establezca el marco operativo para su implementación”.
A su vez, se incorpora al artículo 92 de la Ley 26.206 -de Educación Nacional- que formará parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones: “La toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños”.
Entre otro de los puntos, establece que cada Día Mundial del Ambiente (5 de junio) cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el ‘Compromiso Ambiental Intergeneracional’ en el cual, en diferentes ámbitos de la sociedad, niños y niñas, jóvenes, personas adultas mayores, funcionarios y funcionarias de gobierno, atendiendo a la efectiva participación de pueblos indígenas, tengan la oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones sucesivas”.
