La iniciativa es impulsada desde la oposición justo en momentos en que el Poder Ejecutivo Nacional acaba de tensar esta polémica declarando la vuelta a la virtualidad hasta fin de mes.
En el marco de la discusión generada entre el oficialismo y la oposición en torno a la presencialidad en las escuelas, diputados del Pro presentaron un proyecto para que la educación obligatoria sea declarada servicio público esencial.
Los autores de la norma son el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, y su par Victoria Morales Gorleri.
La iniciativa consta de cinco artículos, el primero de los cuales establece a la educación “como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria, en tanto derecho humano fundamental consagrado en la Constitución Nacional”.
Los autores de la norma sostienen en su iniciativa que “la pandemia que atravesamos durante todo el año 2020 -y que nos seguirá acechando al parecer buena parte del presente año, ha dejado a la luz una verdadera tragedia educativa. Sabemos que las escuelas son espacios primordiales, más que aprendizajes, y se revelan como instituciones centrales para el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes y espacios cruciales para el funcionamiento general de la sociedad”.
A juicio de Ritondo y Morales Gorleri, cerrar las escuelas como sucedió en 2020 “es asumir el costo de un daño que se traduce en cifras que espantan, por ejemplo, casi 2 millones de niños y jóvenes que han mantenido bajo o nulo contacto escolar agravado en el contexto de país donde crece la pobreza, con cifras actuales que afectan a más del 60% de la población de nuestros niñas, niños y adolescentes”.
En caso de aprobarse esta norma, el artículo 2° de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 quedaría redactado de la siguiente manera: “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado, por lo cual se le reconoce el carácter de servicio público esencial en el período de la escolaridad obligatoria en virtud de su importancia y trascendencia”.
A su vez, el artículo 4° de esa norma diría lo siguiente: “Art. 4°: – El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias. Es obligación de cada jurisdicción garantizar el servicio educativo y el dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo”.
