Debido a la polémica que generó el anunció acerca de la suspensión de las clases presenciales por 15 días, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron este viernes en la Quinta de Olivos para dialogar al respecto de esa medida, aunque no hubo acuerdo y el máximo mandatario insistió en la aplicación de la misma.

Tras la extensa conversación a solas que mantuvieron, la cual se extendió por dos horas, Fernández ratificó la suspensión de la presencialidad a las aulas hasta fines de abril y señaló que “los datos científicos dan cuenta que el problema no ocurre en los colegios, sino que detrás de la presencialidad de alumnos se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana”.

Al mismo tiempo que aseguró que “ninguno de nosotros quisiera frenar la presencialidad. Nuestra idea es reducir drásticamente la circulación en las próximas dos semanas. Eso le expliqué al jefe de Gobierno, no es un acto de altanería ni prepotencia” y expresó su deseo de que para el 30 de abril “hayamos ganado el tiempo necesario para parar los contagios de coronavirus y vaciar las camas”.

“Las leyes se hacen para ser cumplidas, a los que no les gustan (las medidas adoptadas para mitigar los contagios de coronavirus) que recurran a la Justicia”, manifestó y lanzó con dureza: “a mí la rebelión, no. En un estado de derecho las leyes se cumplen. No estoy para tolerar la indisciplina de muchos restaurantes colmados de gente”.

A su vez criticó la postura de Larreta, a quien acusó de ser “muy injusto, ingrato y se equivocó” con sus declaraciones de este jueves en el marco de una conferencia de prensa y consideró que “estaba muy exaltado hablándole a su público. Lo que dijo es mentira”.

Lo cierto es que este viernes el Gobierno de la Ciudad presentó ante la Corte Suprema de Justicia un amparo para declarar la “inconstitucionalidad” de lo dispuesto por el Decreto 241/2021 y se exigió que el Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado”.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno porteño aseguró que el decreto presidencial “viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal, porque se arroga potestades sobre competencias locales, en salud y educación” y sostiene que “la medida no es razonable ya que la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional”.