Diputados y senadores del Frente de Todos denunciaron este martes, en conferencia de prensa, un “plan sistemático de inteligencia ilegal” montado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, “cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”.

Desde el Salón de Pasos Perdidos, legisladores encabezados por el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, expusieron los resultados de la investigación llevada a cabo durante varios meses.

Además de Moreau, participaron de la conferencia los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, y los diputados Eduardo Valdés y Blanca Osuna.

Moreau explicó en detalle las conclusiones del dictamen firmado por ocho legisladores del Frente de Todos, fruto de un trabajo que tuvieron a cargo el senador Doñate y los diputados Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) y Cristian Ritondo (Pro).

Ritondo encabezó, en nombre de Juntos por el Cambio, la firma de un dictamen alternativo, que no cuestiona el contenido de la investigación sino el supuesto exceso de facultades de la bicameral, que se reúne en forma reservada.

“El Estado mafioso”

Moreau puntualizó que el dictamen de la bicameral, que consta de alrededor de 400 páginas, se basó en primer lugar en las investigaciones que la propia comisión encaró, donde “se produjeron las primeras confesiones -no solo declaraciones- de agentes de inteligencia que asumieron la responsabilidad y reconocieron la realización de tareas de inteligencia ilegal”.

Otra fuente del dictamen fueron las dos investigaciones que se llevaron adelante en el Juzgado de Dolores, a cargo en aquel entonces del juez Alejo Ramos Padilla; y las dos causas que se están sustanciando en el Juzgado de Lomas de Zamora.

El titular de la bicameral advirtió que entre 2015 y 2019 “no solamente se llevaron a la práctica tareas de espionaje ilegal, sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”.

Moreau explicó que el informe se tituló “El Estado mafioso” porque “en ese período se montó un Estado paralelo, clandestino y secreto”. “Se estructuró de modo sistemático un modo de acción que se desarrolló a través de células paralelas dentro del propio Estado”, dijo, y agregó que “la cabeza del sistema de espionaje estaba en la propia AFI (Agencia Federal de Inteligencia)”.

Sin embargo, según apuntó, no solo sucedió en el ámbito de la AFI sino también “en la AFIP, que llevaba adelante tareas de inteligencia fiscal; en la UIF, que llevaba adelante tareas de inteligencia financiera; en Migraciones, que hacía tareas de control de entradas y salidas del país; y en el Servicio Penitenciario Federal, que en coordinación con la AFI llevaba adelante las tareas de espionaje sobre los ‘presos K’ y sus abogados defensores”.

Moreau informó que todos esos grupos “reportaban a la cabeza de la AFI, que era la que determinaba los blancos de estas tareas, y a su vez la AFI, a través de Gustavo Arribas, operaba como polea de transmisión para llevar al vértice de esta organización ilegal, que era la ‘mesa judicial’, el conjunto de información”.

En ese sentido, aseguró que la “mesa judicial” era “presidida” por Macri; que “se reunía con periodicidad”; y que allí “se decidía el destino que iban a correr las personas u organizaciones que eran espiadas”.

Sobre ese aspecto, precisó que fueron 308 las víctimas -entre ellas varias figuras públicas, como la vicepresidenta Cristina Kirchner-, pero aclaró que no difundirán el listado completo porque “las volveríamos a victimizar y las volveríamos a poner como blanco del espionaje”.

“Lo tenemos absolutamente probado desde el punto de vista documental y a través de quienes admitieron haber realizado tareas de espionaje ilegal”, afirmó el legislador., que además habló de 170 organizaciones político-partidarias, gremiales, sociales, comunitarias y religiosas que también fueron objeto de estas tareas, y que sí están mencionadas en el documento.

Por otra parte, confirmó el pedido para crear una nueva comisión bicameral que investigue el rol de los magistrados en este accionar. “Nos hemos encontrado con que como parte de esta estructura mafiosa han participado también fiscales, jueces, camaristas y probablemente miembros de la Corte”, alertó.

Moreau aclaró que la bicameral que preside no pudo “avanzar en ese terreno” porque “excede las facultades de la comisión”, y por eso propuso crear una nueva “que tenga facultades más amplias que en el marco de la Constitución se puedan materializar”.

Finalmente, adelantó que enviarán el dictamen no solo a la Justicia, sino también a organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA y Amnistía Internacional. “La víctima ha sido el Estado de Derecho, porque se arrasó con el principio de inocencia y con los derechos y garantías de los ciudadanos”, sintetizó.

Por su parte, Parrilli -uno de los dirigentes espiados- denunció que este mecanismo se montó “para llevar adelante un plan económico de empobrecimiento de la gente, de despidos, de aumento de las tarifas del 3.000%, de endeudamiento brutal, de destrucción de la salud, la educación, la ciencia y la tecnología. Toda la tierra arrasada que dejó el gobierno de Mauricio Macri”.

También señaló que el espionaje ilegal se utilizó para solapar un “fenomenal hecho de corrupción y de negocios de Macri y muchos de sus ministros”, que tuvo que ver con los Panamá Papers, el Correo Argentino y el negociado de los parques eólicos. “La víctima de todo esto fue el pueblo argentino”, lamentó el exdirector de la AFI.