Analizan ley integral para prevenir y asistir a las personas en situación de calle

La propuesta presentada se ocupa de la prevención, la asistencia y la promoción de acciones tendientes a evitar la situación de calle en la provincia de Buenos Aires.

Hace algunas semanas, la noticia del secuestro de una menor tuvo en vilo al país, sobre todo cuando se conocieron las condiciones en las que vivía con su madre en CABA, debajo de una autopista.

La niña finalmente fue localizada en Luján y recuperada por la policía de la provincia de Buenos Aires, y así el tema fue lentamente desapareciendo de los medios. Sin embargo, las causas sociales que hacen que no se trate de un hecho aislado, siguen estando presentes.

En este punto en el que la discusión del tema va perdiendo interés en los medios, toma relieve un proyecto de ley presentado en septiembre de 2020 en el Senado de la provincia de Buenos Aires, por el senador provincial del Frente de Todos Marcelo Feliú.

La iniciativa parlamentaria se ocupa de la prevención, la asistencia y la promoción de acciones tendientes a evitar la situación de calle en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto de ley que ya había sido presentado por Feliú en su paso por la Cámara baja provincial, hace años, ahora se encuentra en estudio en la comisión correspondiente, pero en la otra Cámara del Legislativo bonaerense.

La idea principal de la propuesta legislativa es garantizar la protección, promoción y restitución de los derechos de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle, con el fin de crear condiciones de desarrollo equitativas para una vida digna.

La iniciativa parlamentaria profundiza, amplia y se presenta como un abordaje actualizado e integral de la ley 13.956, de 2011, de creación del Programa de Asistencia Integral para personas en situación de calle en la provincia de Buenos Aires, partiendo de una situación que no es la mejor: en la actualidad la provincia carece de datos y estadísticas sobre la dimensión y magnitud de la problemática.

Pocos datos

La Defensoría del Pueblo bonaerense, en octubre del año 2017, realizó un relevamiento de alcance provincial. Se indagó acerca de la atención a personas en situación de calle por parte de los municipios en el territorio de la provincia; los modos de atención en cada municipalidad y la relación con las autoridades provinciales responsables.

Del total de 135 municipios contactados, accedió a responder cerca del 60%. En los demás casos se argumentó falta de autorización institucional o se afirmó desconocer la problemática.

De los que accedieron a contestar, el 60% afirma tener casos de personas en situación de calle; de ese porcentaje, alrededor del 70% de los casos dice no tener áreas específicas ni personal capacitado, ni paradores para atender a los ciudadanos en esta situación.

Aquellos municipios que sí trabajan con personas en situación de calle y no tienen paradores (la mayor parte), dice alojar a los ciudadanos y ciudadanas, según el caso, en hospitales, pensiones de tránsito, organizaciones religiosas, alquileres temporales sostenidos desde el municipio, o refugios para mujeres víctimas de violencia de género.

En este sentido, el proyecto de ley en debate en el Senado provincial propone la realización de un relevamiento anual sobre el fenómeno, que permita recopilar datos de utilidad para el diagnóstico y la toma de decisiones políticas eficientes.

Abordaje integral

De todos los estados de vulnerabilidad social, la denominada ‘situación de calle’ es uno de los más paradigmáticos y dolorosos. Quienes lo padecen, llegan a ese punto tras haber sufrido múltiples traspiés en su trayectoria vital, incluyendo desempleo, adicciones, violencia doméstica o trastornos psicológicos y/o psiquiátricos.

Por eso, en la propuesta en análisis se habla de realizar un “abordaje integral” de la problemática, no sólo de las personas en situación de calle sino también de aquellas en riesgo a la situación de calle, abarcando las áreas de identificación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo, salud y educación.

Bajo estos presupuestos, se busca amparar a quienes residen en establecimientos públicos o privados (médicos, asistenciales, penitenciarios u otros) de los cuales deben egresar por cualquier causa en un plazo determinado y no disponen de lugar donde alojarse para el momento del egreso, es decir personas en riesgo a la situación de calle, como así también quienes están próximos a ser desalojados y no tienen recursos para procurarse una vivienda.

En la iniciativa sobre la que trabajan los legisladores “hay un especial énfasis en fortalecer las estrategias de intervención ligadas a la promoción social, desde el reconocimiento de las causas diversas y complejas de la problemática, como así también de los deseos y posibilidades de las personas que constituyen este grupo vulnerable, para impulsar la reconstrucción de los lazos afectivos de las personas en situación de calle en redes de cooperación y ayuda mutua”, según explicó un especialista que colabora en la redacción final del texto.

Salud y documentación

En relevamientos realizados por la Defensoría del Pueblo se ha podido constatar que la mitad de la población estudiada reconoce tener alguna enfermedad y que no llevan a cabo ningún tratamiento para su estado de salud.

Por lo tanto, es necesario promover el diseño de políticas de salud que atiendan las particularidades del contexto de calle para lograr una mayor eficacia en materia sanitaria.

Otro eslabón clave, que se aborda en el proyecto de ley, de la política pública que atienda las particulares condiciones de la población en situación de calle, tiene que ver con el acceso al DNI.

El requisito de proporcionar información sobre un domicilio real, como condición para la gestión y entrega de DNI, es algo que no siempre puede cumplimentar una persona que literalmente vive en la calle.

Motivo por el cual “se vuelve significativo repensar modalidades de gestión del documento para las personas en situación de calle que no puedan acreditar domicilio, y regularizar, mediante procedimientos ágiles y gratuitos, la entrega de partidas de nacimiento y documento nacional de identidad”, según se detalló.

Articulación

Es importante reconocer el despliegue de estrategias de abordaje de la situación de calle que ponen en juego las organizaciones de la sociedad civil.

En este sentido, “es importante que desde el Estado se consideren y repiensen las formas de apoyo y promoción a las actividades de estas organizaciones, que favorezcan no sólo la dimensión de asistencia alimentaria, sino también el trabajo de promoción social, cultural y familiar de las personas que están en situación de calle, entre otras cuestiones”, consideró el senador bahiense Marcelo Feliú.

En ese sentido, el proyecto de ley incorpora en el diseño de política pública en materia de disminución y erradicación de la situación de calle; la articulación, promoción y fortalecimiento de la labor de actores claves de la sociedad civil que tienen experiencia, trayectoria y proyectos para el abordaje de esta problemática social.

Derechos

En resumen, el proyecto de ley presentado, según su propio autor, propone “una serie de normas básicas y directrices, orientadas hacia la asistencia y la promoción de acciones tendientes a evitar la situación de calle, que servirán de sustento a todos los planes, programas y políticas públicas en la materia”.

“Se pretende que a través de esas políticas pueda garantizarse niveles mínimos de satisfacción de derechos como el derecho al desarrollo, a la identidad, a la educación; el acceso a la justicia y a los servicios de salud y prestaciones sociales, el derecho a una vivienda digna y al trabajo fomentando de la empleabilidad, entre otras cuestiones”, concluyó el legislador sureño Marcelo Feliú.

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