El Frente de Todos logró convalidar el DNU que suspendió las clases presenciales en el AMBA

En una reunión virtual de la Bicameral de Trámite Legislativo, el oficialismo ratificó los DNU 235 y 241/21, que impusieron restricciones por la pandemia. Juntos por el Cambio impugnó el dictamen.

A pesar del rechazo cerrado de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos logró firmar este viernes el dictamen de validez sobre los últimos dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el presidente Alberto Fernández en materia de restricciones por la pandemia, que incluyeron la suspensión de clases presenciales en el AMBA.

En una reunión virtual de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde fue ratificado como presidente el diputado Marcos Cleri, el oficialismo ratificó el DNU 235/21, que limitó las reuniones sociales y prohibió los viajes de egresados, entre otras medidas; y el DNU 241/21, que canceló la presencialidad en las escuelas y restringió la circulación entre las 20 pm y las 6 am.

Ese DNU también ordenó a los bares, restaurantes y locales comerciales en general cerrar sus puertas a las 19; y prohibió la apertura de shoppings y centros comerciales, así como la realización de actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en ámbitos cerrados.

Juntos por el Cambio intentó impedir la firma del dictamen con un planteo reglamentario, formulado por el diputado del Pro Omar De Marchi, pero el Frente de Todos impuso su mayoría en la bicameral para avalar los dos decretos, que ahora serían aprobados en el Senado, también con votos propios.

El santafesino Marcos Cleri fue ratificado en el cargo.

El debate

El encargado de defender en primer lugar los DNU fue el diputado y presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, quien explicó que “hoy el mundo tiene tres respuestas para dar” frente a la pandemia: los testeos, las vacunas y las restricciones.

“Hoy no estamos donde hubiéramos querido estar, y tampoco donde hemos contratado para estar. La industria farmacéutica le falló al mundo en su capacidad de aumentar exponencialmente la producción. A pesar de tener contratadas muchas más vacunas de las que tenemos, vamos a estar llegando a las nueve millones de dosis”,  afirmó.

De todos modos, advirtió que “el mundo ha demostrado que solamente con testeos y con vacunas, aun los países que más vacunaron necesitaron tomar medidas de restricción a la circulación, porque este es un virus que lamentablemente es muy contagioso”.

Para Yedlin, con los DNU el presidente “tomó la decisión de no volver a especular políticamente con este tema” y a su vez “reconoce las lecciones aprendidas de la primera ola, y una de ellas es que la realidad epidemiológica en el país no es uniforme: no es lo mismo lo que pasa en el AMBA, en Catamarca, en Formosa o en Tucumán”.

El diputado dijo que está demostrado que “los cierres cortos e intensos suelen ser los más efectivos”, y a su vez “no hay muchas dudas de que en todos los países del mundo durante la segunda ola, y en lo que se pudo de la primera, se aprendió cuán importante es, dentro de las medidas de restricción, el cierre de las escuelas, que por supuesto son un valor importante”.

Yedlin mostró gráficos que muestran que “el cierre de escuelas es la segunda medida más efectiva demostrada en el mundo para poder reducir la circulación”. “Es verdad que en situaciones de baja circulación comunitaria las escuelas no son un lugar de alto contagio, pero cuando la circulación comunitaria es muy alta, está demostrado que suspender las clases baja la curva epidemiológica”, sostuvo.

El legislador agregó que “el objetivo es intentar que nuestro sistema sanitario sostenga a los pacientes graves” y evitar que “el riesgo es que la letalidad se eleve bruscamente” por la falta de camas. Finalmente, destacó la decisión del presidente de “pagar él el costo político de tomar una medida no popular”.

Por el Pro, el diputado De Marchi planteó que la comisión “no está en condiciones de dictaminar en forma virtual” porque, según su criterio, se rige subsidiariamente por el reglamento de Diputados y el Protocolo de Funcionamiento Remoto de esa Cámara.

Ese protocolo, recordó De Marchi, establece que para que las comisiones puedan dictaminar de manera virtual es necesario el consenso entre el presidente y el vicepresidente, y  “no ha existido en forma expresa el consentimiento del vicepresidente de la comisión”, el senador Luis Naidenoff.

Desde el oficialismo, la diputada Carolina Gaillard -que se incorporó a la bicameral en reemplazo del renunciante Pablo González– defendió el rol de control del Congreso sobre los DNU dado que son medidas excepcionales, y pidió tener una “interpretación amplia” de los reglamentos para “empoderar” al Parlamento.

El diputado Pablo Tonelli (Pro) se puso al hombro el rechazo de los DNU, al advertir que “constituyen severas restricciones a los derechos individuales de los argentinos, que solo pueden ser dispuestas por ley del Congreso”.

Tonelli consideró que “a partir de que el Congreso comenzó a funcionar” en la pandemia con la incorporación de la virtualidad, “cesó la posibilidad de que el titular del Poder Ejecutivo utilizara de manera legítima esa herramienta tan excepcional”.

“El Congreso hace muchos meses que está funcionando, y muy bien. Está cumpliendo el rol que le asigna la Constitución. Y si el Congreso está cumpliendo con el rol que le asigna la Constitución, no existe razón alguna para que el Ejecutivo sustituya al Congreso”, opinó.

El legislador dedicó un párrafo aparte al DNU 241/21, y apuntó que “si hay una facultad que es propia de las provincias y que define su autonomía es la posibilidad de regular todo lo relativo a la educación, y sobre todo la educación primaria “.

“Lo que ha hecho el Ejecutivo con la suspensión de clases en el AMBA es un ejercicio del poder de policía”, que según su interpretación “está en cabeza de las provincias”. “Todas las demás provincias quedan autorizadas por sí mismas a decidir si suspenden o no las clases, la única que no puede ejercer su propia autonomía es la Ciudad de Buenos Aires. La desigualdad, la discriminación en la que incurre el decreto 241/21 no puede ser más evidente”, sentenció.

La oficialista Lucía Corpacci habló de la urgencia a la hora de tomar este tipo de medidas. “La cantidad de casos en nuestro país en la semana epidemiológica 9 a 10 aumentó un 5%; de la 10 a la 11 aumentó un 11%; de la 11 a la 12, un 30%… pasamos de duplicar en una semana la cantidad de casos, y lo más llamativo es que en el AMBA aumentó un 40%. Eso no da tiempo a que nosotros llamemos al Congreso. La urgencia en las cuestiones de salud es una realidad”, analizó.

Respecto de las clases, coincidió con Yedlin en que “en las escuelas no se producen contagios, el tema es cuando en la comunidad aumenta la cantidad de virus circulante y ese virus, por la mutación de las cepas, es mucho más infectante que las cepas anteriores, y la posibilidad de contagios se exacerba en el transporte público”.

Corpacci aprovechó para salir en defensa del ministro de Educación, Nicolás Trotta, tras haber dicho que las escuelas no eran lugares de riesgo pocas horas antes de que se decidiera el cierre. “Esto es dinámico: hoy se puede decir que los chicos vayan a la escuela, y mañana la situación epidemiológica nos obliga a decir que hay que cerrar. Nadie lo hace graciosamente”.

Por la UCR, el diputado Gustavo Menna se quejó de que “el país está siendo gobernado por decreto” y en ese sentido precisó que desde el 10 de diciembre de 2019 Alberto Fernández firmó 134 decretos, de los cuales 96 son DNU y 38 son ejercicio de una atribución delegada. “No podemos permitir naturalizar esta práctica”, dijo, y recordó también que esta gestión arrancó con la sanción de la Ley de Solidaridad Social, que declaró nueve emergencias.

El chubutense añadió que la bicameral no se reunía desde el 24 de agosto del año pasado para tratar los decretos presidenciales, y a eso se suma que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no concurrió todavía este año al Congreso a brindar su informe de gestión. Por último, denunció que los decretos en tratamiento están “viciados de nulidad e inconstitucionalidad”.

El senador del Frente de Todos Mariano Recalde señaló que el cierre de escuelas “no es una medida local, es una medida de neto carácter federal que tiene que ver con el cuidado de la salud”, y cargó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Decir que no hay evidencia científica para tomar esta decisión es desconocer y negar una realidad evidente: que la situación sanitaria está desbordando por la cantidad de contagios”.

En un discurso muy crítico para con Horacio Rodríguez Larreta, el excandidato a jefe de Gobierno porteño no dudó en emparentarlo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, a quienes deliberadamente caracterizó como “sus jefes políticos”. Señaló en ese sentido que el jefe de Gobierno sigue los designios de ambos “de una manera brutal”. Y lo acusó de “hacer política electoralista queriendo diferenciarse del Gobierno nacional, empezando las clases una semana antes, flexibilizando más que el resto y queriendo sacar un rédito político”.

El último en intervenir fue el presidente del bloque oficialista del Senado, José Mayans (Frente de Todos-Formosa), quien comenzó su discurso con una advertencia sobre el agravamiento de la pandemia: “Esto no mejora, empeora”. Algunos de sus argumentos fueron el aumento de los jóvenes contagiados, la escasez de personal médico y el incremento de la mortalidad.  En el mismo sentido, defendió las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández, pero criticó la falta de respuesta rápida del Congreso: “Inmediatamente debería haberse reunido el Parlamento y por sugerencia también de la oposición”.

“No estamos hablando de una medida permanente, es hasta el 30 de abril, son catorce días”, relativizó el formoseño. Luego, se dirigió a la oposición: “En este tema tenemos que buscar la coincidencia, no se puede actuar con esta mezquindad”. “No sean tan duros de corazón, ayúdennos un poquito”, le pidió a Juntos por el Cambio. Por último, celebró el apoyo de la oposición a la postergación de las PASO.

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