El ministro de Justicia pidió “destrabar” la iniciativa y cargó contra el macrismo por “rechazar el proyecto sin escuchar las modificaciones”. Asimismo aseguró que urge tener “una justicia que funcione, que recupere su independencia y su imparcialidad”.
El ministro de Justicia, Martín Soria, se presentó este lunes ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para tratar la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27.148) y sus cambios con respecto al procurador general de la Nación.
En su “debut” en el Congreso en este nuevo rol, el funcionario comenzó expresando sus condolencias por el fallecimiento del ministro de Transporte, Mario Meoni, cuyo deceso se produjo en un accidente automovilístico mientras iba a visitar a su familia en Junín. A sus condolencias también se sumó el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, y el resto de los legisladores presentes en la reunión virtual.
Sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, Soria la definió como “una ley que es fundamental para el restablecimiento del Estado de derecho que tanto daño ha sufrido en los últimos años”, y recordó que “desde un primer momento, en la campaña electoral de 2019 Alberto Fernández incluyó entre sus promesas contribuir a recuperar una justicia que funcione, que recupere su independencia, su imparcialidad… una justicia en definitiva que logre solucionarles las demandas en tiempo y forma a todos los argentinos”.
“Es una ley que es fundamental para el restablecimiento del Estado de derecho que tanto daño ha sufrido en los últimos años”, aseguró Soria
Al mismo tiempo que señaló que debido a esto “se han enviado una serie de proyectos para ser tratados por el Congreso de la Nación. Proyectos que permitan una vez sancionados que la justicia Argentina salga de la crisis de legitimidad en la que lamentablemente hoy se encuentra y que pueda recuperar el prestigio que estaba llamada a tener”, y precisó que el proyecto en cuestión ya tiene media sanción por parte del Senado.
“El proyecto legislativo es una iniciativa que surge del Senado de la Nación, fue recolectando aspectos e ideas de varios proyectos que fueron presentando los bloques oficialistas y opositores a lo largo de los años, más concretamente es el resultado de más de cuatro proyectos que le dan origen a esta media sanción que nos llega. Por un lado, dos proyectos de la senadora (Lucila) Crexell, uno del senador (Alberto) Weretilneck y otro del senador (Martín) Lousteau, así como las propuestas y las recomendaciones del consejo consultivo de expertos que creó al inicio de la gestión nuestro propio Gobierno”, aseveró.
Sobre esa misma línea, el titular de la cartera de Justicia consideró que todos los presentes en el encuentro virtual comparten “el anhelo de rescatar al Ministerio Público Fiscal de la profunda crisis de legitimidad en la que hoy se encuentra. Crisis de legitimidad que, como vengo diciendo desde el mismo día que asumí como ministro de Justicia de la Nación, se genera entre otras cosas, por cuestiones no menores por cierto, una muy singular particularidad que es el interino”, en alusión a Eduardo Casal. “Es el interinato del procurador general de la Nación más largo de la historia de la que se tenga registro”, cargó.
Además, apuntó que “esa vacancia en el cargo del procurador general, que derivó en ese interinato y que ya se prolonga por más de tres años, sin dudas generó una verdadera parálisis institucional de la Procuración General de la Nación y una falta de conducción que terminó repercutiendo sobre todo el resto del organismo, sobre todo el Ministerio Público Fiscal y sobre todo el sistema de justicia”.
“Resulta inaceptable que se mantenga esa rémora monárquica que es un cargo vitalicio, tan ajeno a toda lógica republicana”, fundamentó, y observó que se necesita “una alternancia en el cargo del jefe de los fiscales”, que es quien está a cargo de la política de persecución penal.
Entonces, Soria volvió a defender que “este proyecto de ley de reforma que estamos analizando, que estamos debatiendo, no tiene que tener nombres propios”, e insistió en que “no debe tenerlos, porque no se trata solamente de resolver un interinato, una vacancia, no se trata de resolver una situación actual dentro del Ministerio Público Fiscal o dentro del Ministerio Público de la Defensa, no se trata de hacer simples ‘parches’ por decirlo de alguna manera y volver a caer en una crisis de legitimidad o volver a caer en una nueva parálisis institucional dentro de algunos años más adelante”.
“Este proyecto de ley de reforma que estamos analizando, que estamos debatiendo, no tiene que tener nombres propios”, argumentó el ministro de Justicia.
“Queremos y debemos sentar las bases de una institucionalidad sólida y perdurable, ese debe ser el objetivo que tenemos que perseguir con esta ley de reforma de los ministerios Público de la Defensa y el ministerio Público Fiscal”, destacó.
Y prosiguió: “El problema es que pese al diagnóstico común, pese al diagnóstico compartido, nunca se logró encontrar el consenso acerca de las soluciones. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo puede ser que todos estemos de acuerdo en que la situación institucional de la Procuración General es verdaderamente una anomalía, y que todos estemos de acuerdo en algunos puntos centrales de la Ley Orgánica, y que no podamos llegar a un consenso para modificarla?”.
En su exposición, el rionegrino aprovechó para cuestionar con dureza la posición de Juntos por el Cambio, que decidió no formar parte del plenario de comisiones. “Tal vez la solución era simplemente dialogar. Por eso es que llama la atención, yo lo lamento, lo tengo que decir, que los mismos que querían modificar esta ley que hoy estamos analizando, los mismos que querían modificar esta ley allá en el Gobierno anterior, en los años 2016 y 2017, hoy no quieran participar de esta reunión”, lanzó.
Asimismo, cuestionó que “sin siquiera conocer todos los cambios, las propuestas que hemos estado recogiendo en estas últimas semanas adelanten su rechazo, su oposición por la oposición misma, como siempre. Me tocó verlo ahí desde donde están ustedes ahora en el Congreso, hoy volvemos a verlo pero ya desde otro rol, lamentablemente”.
“La falta de un procurador legitimado por la elección del presidente con el acuerdo del Senado dejó al Ministerio Público Fiscal de la Nación virtualmente acéfalo. Esta condición no puede prolongarse más tiempo”, alertó.
“No se puede tener un procurador interino que les guste o no les guste, nadie eligió y no tuvo el acuerdo del Senado, no tuvo el aval de la participación popular, de la gente, de esa casa del pueblo que es el Senado de la Nación”, advirtió Soria sobre el cargo de Casal.
En lo que respecta a la posibilidad de establecer cuál es la mayoría que se requiere para la aprobación de la designación del jefe de los fiscales, Soria aseguró que “en esto fueron coincidentes los dos presidentes de las asociaciones de fiscales y de magistrados con los que tuve oportunidad de reunirme, tanto el doctor Carlos Rívolo como el doctor Marcelo Gallo Tagle”.
Sobre este último, reveló que “decía al finalizar la reunión que la temporalidad y las mayorías necesarias para designar al procurador son decisiones de la política, que debe resolver el Congreso de la Nación. El fiscal Carlos Rívolo, presidente de la otra asociación, la AFFUN, por su parte decía al término de ese encuentro que es una decisión que debe tomar la política, la mayoría y el plazo de mandato para el procurador general de la Nación. Casi las mismas palabras fíjense”.
“En la mayoría del continente hay una tendencia muy clara, cuando el mandato es largo, se agrava esa mayoría para su designación. Ahora, cuando el mandato del procurador general es más corto, como en Brasil, como en Paraguay, ahí la mayoría para la designación, para prestar el acuerdo, ya no es una mayoría agravada de los dos tercios y se baja esa mayoría a una mayoría absoluta, es decir a la mitad más uno de los miembros presentes”, sentenció.
De qué se trata el proyecto de reforma
El “corazón” del proyecto consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras cuestiones, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso. Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.
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Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
