“No se advierte ningún hecho con relevancia penal que permita a esta parte promover la acción para poder así empezar con una investigación criminal”, sostuvo el fiscal Ramiro González en el dictamen que le envió a la jueza María Servini.
A raíz de las múltiples denuncias que Horacio Rodríguez Larreta recibió por no haber acatado el DNU que establecía la suspensión de las clases presenciales, el fiscal federal Ramiro González dictaminó este martes que se desestimen las denuncias en contra del alcalde local y remarcó que “no se advierte ningún hecho con relevancia penal que permita a esta parte promover la acción para poder así empezar con una investigación criminal”.
En ese sentido consideró que “la judicialización de la política -más en este contexto- que se propone en estos casos, excede el ámbito válido habilitado por la jurisdicción del poder judicial y rompe el límite de una zona vedada para su intervención” y sostuvo que “no debe soslayarse que, de los hechos puestos en conocimiento, de ningún modo se vislumbra un alzamiento público por parte de los denunciados sino que más bien nos hallamos ante la mera descripción de planteos -por las vías institucionales correspondientes a todo estado democrático- efectuados por los nombrados relacionados con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el DNU 241/2021”.
En el dictamen que presentó a la jueza federal María Servini indicó que el conflicto por las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires está por ser resuelto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que “debe considerarse que la cuestión actualmente se encuentra en manos de nuestro más alto tribunal de justicia, quien tiene en definitiva la tarea de poner un punto final al conflicto aquí suscitado”.
“Entrar en consideraciones acerca de los temperamentos adoptados por los diferentes magistrados que hasta el momento han intervenido, no sólo no corresponde a esta instancia sino que, además, supondría inmiscuirse en cuestiones que resultan ser de exclusiva competencia de nuestra Corte”, aseveró y concluyó señalando que “pretender que esta instancia evalúe cuál de las resoluciones debe acatar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar si hubo algún delito no sólo resulta impertinente, sino que además atentaría contra la eficaz solución de un conflicto”.
