Con acuerdo unánime, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio dictamen este miércoles a un proyecto unificado para otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará. El dictamen surgió a partir de iniciativas de Norma Durango (Frente de Todos) y […]
Con acuerdo unánime, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio dictamen este miércoles a un proyecto unificado para otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará.
El dictamen surgió a partir de iniciativas de Norma Durango (Frente de Todos) y Gladys González (Pro), y será tratado este mismo jueves a las 10 en la Banca de la Mujer, para concluir su trámite en comisiones y pasar al recinto.
La presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, recordó que para otorgar jerarquía constitucional a un tratado se necesitan los dos tercios de ambas Cámaras, aunque aspiró a que durante el tratamiento en el Senado haya unanimidad.
Durango explicó que esta Convención “merece asignarle el máximo rango de nuestro ordenamiento jurídico” y recordó que fue aprobada el 9 de junio de 1994 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
“Es el primer tratado internacional de naturaleza vinculante y se ocupa de la violencia contra las mujeres, por lo que es considerado el primero en la materia”, indicó la pampeana.
Puntualizó que la Convención “habla de que las mujeres tienen que vivir una vida libre de violencias; que las violencias son una violación a los derechos humanos y una clara manifestación de las relaciones desiguales de poder que históricamente hemos tenido para con los hombres”.
Además, la titular de la Banca de la Mujer afirmó que se trata de “un instrumento de suma importancia porque contiene mecanismos de protección de derechos” y agregó que los países que, como Argentina, suscribieron a este tratado, se comprometieron a aprobar normas penales, civiles y administrativas que tiendan a ese objetivo.
La radical Silvia Giacoppo coincidió en que darle jerarquía constitucional al tratado “es una necesidad, Argentina no podía estar afuera”, pero pidió hacer la salvedad del artículo 19 del Código Civil y Comercial, que refiere al comienzo de la existencia de la vida humana, “para que no haya incompatibilidad o una colisión legislativa”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, admitió “la lentitud con la que llegan los derechos a las mujeres, porque hace tiempo que esta Convención debería tener el estatus constitucional”.
