Senadores oficialistas rechazaron el fallo judicial contra los DNU de medidas sanitarias
Se trata de la resolución de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo. Tras las críticas de Cristina Kirchner, el bloque del Frente de Todos avanzó con un proyecto de rechazo en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Senadores del Frente de Todos firmaron dictamen este miércoles, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre un proyecto de rechazo al reciente fallo judicial que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo contra los DNU presidenciales que dispusieron medidas sanitarias.
Se trata de la resolución que recibió críticas por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, suscrita por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Magdalena Laiño, de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Los magistrados hicieron lugar a un hábeas corpus colectivo contra los DNU 235/21 y 241/21, que impusieron distintas restricciones ante el crecimiento de casos de coronavirus en el AMBA.
En su fallo, los jueces advirtieron sobre un supuesto abuso de DNU por parte del presidente Alberto Fernández y conminaron al Congreso a dictar una ley específica fijando parámetros sanitarios para aplicar las medidas de cuidado.
“Rechazamos este exhorto al Senado intimando a que en un plazo perentorio de 15 días el Poder Ejecutivo y el Legislativo procedamos a sancionar un proyecto de ley, y que además nos manifiesten cuáles son los parámetros de ese proyecto de ley que debiéramos sancionar”, advirtió la senadora María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la comisión y autora del proyecto.
La iniciativa, además de repudiar el fallo, notifica sobre el tema al Consejo de la Magistratura y reafirma “la plenitud de las atribuciones constitucionales que le competen al Senado de la Nación”.
Sacnun señaló que los jueces, con su resolución, “han modificado el proceso de formación y sanción de las leyes a través de una sentencia”, y lanzó: “Cabe preguntarse si han aprobado las materias de primer año de la Facultad de Derecho”.
La legisladora santafesina volvió a cuestionar la “intromisión sobre dos poderes del Estado” y que “además de eso, lo hagan a través de un hábeas corpus”, un recurso que -recordó- remite a los años de gobiernos de facto.
Desde Juntos por el Cambio, el cordobés Ernesto Martínez pidió archivar el tema, al sostener que “no merece que el Senado entre en esta polémica” porque de esa forma “se degrada institucionalmente”.
“Si se quiere publicitar el fallo, ponerlo a la luz pública, que se propague por los medios, bueno… pero va a contrapelo de la jerarquía y de la institucionalidad que el Senado debe guardar”, consideró Martínez.
En ese sentido, sostuvo que “lo que corresponde es archivar este exhorto, ignorarlo, porque no merece ni siquiera un comentario, y evitar que sigamos deshilachando las instituciones argentinas prestándole atención a cosas que no merecen ni un renglón”.
La radical Silvia Giacoppo coincidió: “Esta resolución no merece ni siquiera una respuesta, porque es un exceso por parte de los jueces, pero debo decir que tampoco se encuentra en las atribuciones de la Comisión de Asuntos Constitucionales revisar sentencias de jueces de ninguna instancia”.
Ante este planteo, Sacnun aclaró que su proyecto “de ninguna manera implica revisar una sentencia judicial, es simplemente un rechazo enfático a la ‘orden’ que nos llega mediante oficio al Senado, porque están intimando al Poder Legislativo”.
La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, explicó que los jueces “se han extralimitado en lo que han hecho con su sentencia, que es violar la división de poderes y el sistema republicano, representativo y federal”.
“No estoy de acuerdo en que esto no lo tengamos que discutir y que el Senado no tenga que emitir su opinión, porque este tipo de aberraciones jurídicas -y me atrevería a decir políticas- no las debemos dejar pasar, porque corremos el peligro de que haya un ‘efecto contagio’ en algunos jueces que entiendan que la Constitución les da la posibilidad de indicarle al Congreso qué leyes debe sancionar, cuándo y cómo”, opinó.
Desde el mismo bloque, Jorge Taiana reconoció que el planteo de Martínez de archivar el tema “es un buen argumento, pero dadas las características y la situación en que nos encontramos, lo procedente es responder y que el Senado se exprese ante esto”.
“No podemos hacer como que esto no significa nada, porque corremos el riesgo de ‘el que calla otorga’”, interpretó el excanciller, a la vez que su par Martín Doñate sentenció que el fallo “daría para risa, pero la verdad que da vergüenza”.
Laura Rodríguez Machado (Pro) insistió con la postura de archivar el caso y enfatizó que los fallos judiciales “no son revisables, y no pueden ser celebrados ni rechazados”. “El archivo también es una respuesta por no corresponder el tratamiento”, abundó.
El rionegrino Alberto Weretilneck acompañó al Frente de Todos. “No me molesta que me intimen -para quienes estamos en la función pública es una cuestión normal- pero sí los argumentos planteados”, dijo, y agregó: “Más que un fallo, suena a un mensaje o a una posición pseudopolítica-ideológica de esta Cámara “.
El proyecto dictaminado, de cuatro artículos, reafirma “la plenitud de las atribuciones constitucionales que le competen al Senado de la Nación, en cuyo ejercicio irrestricto corresponde la regulación sobre el cuidado de la población en torno al derecho humano a la salud y las posibles restricciones que pudieran razonablemente imponerse en su salvaguarda”.
También se ratifica la vigencia de la Ley 26.122, reglamentaria del procedimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, conforme el segundo y tercer párrafo del inciso 3, artículo 99 de la Constitución Nacional.
